La iniciativa de Acción Nacional busca resarcir los niveles de corrupción en el país mismo que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 se ubica en el puesto 138 de 180, con una calificación de 28 sobre 100, afianzando así entre los ciudadanos el refrán quizás más relacionado con la política mexicana: “el que no transa, no avanza».

Toluca, México; 26 de abril de 2019. El grupo parlamentario del PAN propuso este jueves, en la Legislatura mexiquense, “inhabilitar definitivamente a los servidores públicos corruptos, cuando el monto de la afectación sea superior a las 200 veces el valor de la Unidad de Medidas y Actualización (UMA)”, a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

La propuesta pretende cesar definitivamente a los servidores públicos sentenciados por actos de corrupción para que no puedan ocupar otro cargo público en la entidad; además propone que los particulares y las empresas involucradas en actos de corrupción tampoco puedan participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, licitaciones o contrataciones públicas.

El partido consideró oportuno establecer una sanción que persuada a los servidores públicos, particulares y empresas a no incurrir en faltas administrativas graves.

Además, “el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa”.

La iniciativa fue remitida por la diputada Mariana Uribe Bernal a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia en busca de resarcir los índices de corrupción en un país donde se ha arraigado el refrán quizás más relacionado con la política mexicana: “el que no transa, no avanza”.

En 2016, tras los polémicos casos de corrupción en torno a su gobierno, Enrique Peña Nieto acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mecanismo integrado por fiscal anticorrupción, auditor, magistrados y ciudadanos, entre otros; sin embargo, diversos reportes periodísticos e incluso integrantes del SNA delataron la ineficacia del mismo dados los obstáculos presentados ante cada demanda de la sociedad civil por iniciar nuevos expedientes de investigación.

Tanto el SNA como la llamada “3 de 3”, esta última una iniciativa de la sociedad civil promovida para volver públicas las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés de los servidores públicos para evitar ocultamientos, son dos de los principales mecanismos contra la corrupción y, sin embargo, de acuerdo con el reporte 2018 del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 vía Transparencia Internacional, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México se ubica en el puesto 138 de 180 con una calificación de 28 sobre 100. En 2015 la calificación obtenida fue de 31, de 30 para 2016 y de 29 para 2017.

Los resultados ubican al país dentro de los cinco más corruptos de la región de las Américas, sólo 10 puntos por arriba de Venezuela, que es el último de esta zona. (Consulta el informe completo aquí: https://bit.ly/2YR6NzH)

Texto: Marco A. Rodríguez

Imagen: ilustrativa