Redacción VcV
Toluca, México; 7 de octubre de 2021.
El consejero presidente y el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, para el año de 2021 disponen de una remuneración total anual neta de un millón 718 mil 926 pesos, que equivale a 143 mil 243 pesos mensuales, el doble de lo que gana el presidente de México.
Con el argumento de que se trata de organismos constitucionales autónomos para no sujetarse al techo presupuestario ni al tabulador salarial establecido por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ellos ganan aproximadamente 31.2 veces más que un salario mínimo promedio de un mexiquense.
De acuerdo al estudio de “Medición de la Pobreza 2020 del Coneval”, en México existían, el año pasado, 55.7 millones de personas en situación de pobreza, de una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que representa el 43.9% del total de la población. El gobierno federal, en 2019, promulgó la Ley Federal de Austeridad Republicana, con la cual esperaba reducir, de facto, la brecha de pobreza en México.
El gobierno federal se equivocó. Hoy los pobres son más pobres y los ricos más ricos.
El diputado local de Morena, Jorge García Sánchez condenó que mientras hay trabajadores con un salario paupérrimo, funcionarios del INE siguen obteniendo un salario que contraviene a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El legislador, que por su trabajo como diputado gana 74 mil 231 pesos de dieta mensual neta, más una gratificación anual de 137 mil 958 pesos, dijo que “ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, el funcionario debe ser siervo de la nación, y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía, el gobierno no es para hacerse ricos, el gobierno es para servir al pueblo”.
López Obrador gana, por su parte, 112 mil pesos mensuales.
García Sánchez habló en representación de la Bancada de la Esperanza, y dijo que “desde aquí, desde esta Cámara demandamos de los órganos autónomos el apego a los principios de la austeridad que están prescritos en las leyes, exijamos que esos recursos se destinen a quienes más lo necesitan”.
Al diputado se le olvidó decir que esos “que más lo necesitan” no fueron escuchados por la anterior bancada de Morena, cuando colectivos ciudadanos demandaron que se declarara inconstitucional el alza al transporte público del Estado de México, el cual quedó en 12 pesos por pasaje de camión urbano en el valle de Toluca. Lo más que se consiguió fue testificar una serie de reuniones estériles del diputado Domitilo Posadas con representantes del gobierno, en las cuales ni siquiera intentaron defender el reclamo de la sociedad.
De todas maneras, ahora García Sánchez recordó que el 19 de marzo del año en curso se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que mandata que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República.
Y todavía lanzó una advertencia: que nadie gané más que el presidente, deben prevalecer los salarios equitativos, “No se les olvide que sus salarios son pagados por los impuestos de los mexicanos y que la Ley Federal de Austeridad Republicana no los exenta de cumplir la norma”.
En el pleno de la LXI Legislatura concluyó: “volvamos a este principio Juarista básico, démosles a nuestros funcionarios públicos un sueldo digno, decoroso, pero no ostentoso, que les permita vivir en la justa medianía y no en la opulencia insultante para el pueblo mexicano”.
