Miguel Alvarado/ Tercera parte
Toluca, México; 5 de septiembre de 2020. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera al caso de Odebrecht “una poderosa arma mediática y política para hundir a adversarios políticos. Los nombres dados por el acusado son muy puntuales: Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda. Estas figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habrían recibido de Odebrecht más de 10 millones de dólares del siguiente modo: 4 millones para la campaña presidencial de Peña Nieto, de la cual Videgaray fue coordinador, y 6 millones más, ya con el PRI en la presidencia de la República, para impulsar desde el Ejecutivo la aprobación de la Reforma Energética en el Congreso mexicano. La segunda entrega ilícita de Odebrecht hacia el gobierno de Peña habría sido ‘invertida’ en cuantiosos sobornos a legisladores de diversas fuerzas políticas. Se especula que más de 52 millones de pesos llegaron a manos de diputados, senadores y funcionarios públicos para que favorecieran reformas del llamado ‘Pacto por México’”, dice un análisis de Emir Calderón, experto en política internacional.
Una vez que el ex director de Pemex fue localizado, una negociación muy particular fue puesta en marcha para evitar que pisara la cárcel y que la librara definitivamente. Defendido por el despacho del jurista Miguel Ojeda, quien era un rabioso aplaudidor de AMLO en su lucha contra la corrupción, Lozoya ha conseguido no pisar una celda en ningún momento.
Su primera declaración, una denuncia de hechos preparada por Alejandro Rojas Pruneda, Ana Sofía Chincoya Chaparro, Brenda Ivonne Pérez Pérez y Leopoldo Luis Martínez Delgado ha puesto de cabeza al país, pero solamente desde una perspectiva mediática. De cualquier manera, mientras la Fiscalía consigue reunir pruebas y judicializar los dichos, decenas de mexiquenses allegados a Peña y a Luis Videgaray han visto cómo se derrumba la protección que por años tuvieron del PRI, del PAN y de grupos políticos como el de Atlacomulco.
La relatoria de Lozoya es la puntualización de la historia de la corrupción en México, la cual nunca se ha podido conocer a fondo. Según el ex director de Pemex, todo comenzó “con el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la reforma energética”.
Lozoya fue aprehendido por la Fiscalía General de la República responsabilizado además de la compra de una empresa, Agro Nitrogenados -que producía el 75 por ciento de la urea en México, o eso se usó como justificación oficial- la cual resultó irregular y terminó costando 750 millones de dólares porque había que rehabilitar la planta. Otra empresa, Fertinal, también entró en esas compras. Lo que el gobierno de Peña no dijo cuando las compró, fue que se trataba de empresas consideradas chatarra y que por ambas, hasta 2019, ya se habían gastado mil 395 millones de dólares del erario público intentando rehabilitarlas. Pemex compró Agro Nitrogenados en 2013 y dos años después se hacía de Fertinal. Tampoco nada se dijo acerca de que Agro Nitrogenados, con 30 años de antigüedad, había cesado sus operaciones en 1999 y después sólo se dedicó a herrumbrarse llevando en sus entrañas la quiebra declarada y una huelga que ya duraba 20 años. “Detrás de esta empresa estaba Altos Hornos de México, es decir el empresario Alonso Ancira y la familia Autrey. Para Pemex, la desgracia es que pagó de entrada 275 millones de dólares por la planta, ‘cuando en realidad no valía ni 80 millones’”, escribió la revista Contralínea.
Esta compra, cuyos detalles se han desgranado desde 2013 y sus pedazos a la fecha componen el Frankenstein de corrupción que era la administración de Peña en la Federación, abrió la posibilidad de encarcelar a ex funcionarios coludidos en todo tipo de abusos, y que saquearon el erario público con el conocimiento y protección del ex presidente. Eso mismo hizo Peña cuando fue gobernador, pero ahí su familia controla el gobierno desde hace 70 años y es casi imposible que se le siga a él y a sus parientes por desvíos y quebrantos practicados con el erario mexiquense.
Ya electo, a Peña no se le olvidó que Marcelo Odebrecht le había prestado dinero y en un viaje a Brasil, en 2012, fue a comer a su casa acompañado de su séquito, lo cual convirtió lo que debía ser una reunión de agradecimiento en una algarabía de ganadores. Realizada en Sao Paulo, a ese convite ya iba Luis Videgaray como el jefe de los colaboradores del flamante mandatario priista. Lo acompañaban, entre otros, Idelfonso Guajardo, el general Roberto Miranda Moreno, cuya función con Peña fue la de cuidarle la vida, como la había sido en anteriores sexenios con otros presidentes. Acostumbrado al poder, el general no se espantó cuando Videgaray dio la orden a los mexicanos de callar y guardar silencio respecto a la verdadera naturaleza del viaje a Sao Paulo, en la que se habló otra vez y más firmemente en la necesidad de implementar una reforma que no era energética sino extractiva para que empresas como Odebrecht tuvieran acceso a contratos. Todos estuvieron de acuerdo y brindaron porque así sucediera. La agenda desarrollada ese día no olvidaba otro caso, el de Etileno XXI, al que se le habían invertido 3 mil millones de dólares.
Como se lo había prometido a Odebrecht, en febrero 2013 el presidente Peña comenzó a moverse para conseguir que el Congreso mexicano aprobara las reformas estructurales que permitieran a empresas privadas como la brasileña hacer negocios en México. De nueva cuenta, Emilio Lozoya Austin fue comisionado para repartir dinero y asegurar los votos cuando se votaran las iniciativas.
-Yo intervine principalmente en la aprobación de la reforma energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes (que permitían ver la denominación de los billetes) y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía y un diputado federal, y que esos recursos eran, entre otros, los precisamente puestos por Fabiola Tapia Vargas en efectivo, en razón a las transferencias de Odebrecht- señala Lozoya, quien afirma que ese dinero se entregó en efectivo. Quien recibía primero ese dinero era su fallecido jefe de ayudantes, José Velazco Herrera, a quien citaban en las oficinas de Montes Urales 425 para darle las bolsas. La operación de entrega, sin embargo, fue coordinada por Francisco Olascoaga, en ese entonces jefe de Administración de Pemex.
-[…] Quiero aclarar que (con los legisladores del PAN) no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras- dice Lozoya adentrándose al pantano de corrupción que él mismo ayudó a diseñar. La lista de panistas que según él lo extorsionaron estaba formada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, actualmente gobernador de Querétaro; Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Ahora que se saben por lo menos embarrados, los ex panistas se declaran víctimas de persecución política y según ellos preparan su defensa ante “las calumnias de Lozoya”.
Esos panistas pidieron a Lozoya 50 millones de dólares por aprobar la reforma, así como contratos con Pemex. Ellos, dice el ex director de la paraestatal, era agresivos y amenazantes porque siempre lo amedrentaron con boicotear las votaciones y además extorsionaban a contratistas y a empresarios gasolineros, pero Luis Videgaray lo solucionó con más dinero, el cual se iba entregando en la medida en la que los borradores de esa reforma iban avanzando.
Lozoya dice que cuando se hizo público lo de Odebrecht “todos los panistas, incluyendo (a) Ricardo Anaya Cortés, pedían castigo cuando ese dinero que se recibió […] fue para tener la disponibilidad de los recursos que exigían ellos. Esos recursos fueron para que votaran en favor de la reforma energética, de lo que ellos eran conscientes”.
Pasada la tormenta de las primeras etapas de las entregas de dinero, Fabiola Tapia, la socia de Odebrecht y también integrante del Grupo Tapia, hizo saber al gobierno de Peña su interés en ganar el contrato para construir la refinería Tula 1. Aunque tuvo sus dificultades, al final el gobierno federal adjudicó de manera directa el contrato a los brasileños, que firmaron en 2015 para realizar servicios de ingeniería, adquisiciones y otras obras por valor de 100 millones de dólares. Pero dos años más tarde ese convenio fue cancelado por Pemex, que alegó irregularidades administrativas. Para ese momento ya se sabía públicamente acerca del esquema de corrupción de Odebrecht, y un somero cálculo decía que había obtenido 3 mil 500 millones de dólares nada más en contratos en Estados Unidos, Suiza y Brasil. Pero la adjudicación directa en México para participar en Tula I marcaba el inicio de sus operaciones a gran escala con Peña.
Lo de Tula I terminó siendo “una especie de compromiso no escrito en el cual me insistía Luis Videgaray Caso permanentemente. De esta manera, la intención de Odebrecht de dar esos recursos era más bien la de posicionarse, así como influenciar al gobierno para hacer realidad la reforma energética- escribió Lozoya en su declaración. Según su declaración, ese dinero se usó para destrabar las reformas estructurales. Lo que había entre el gobierno de México y Odebrecht no era una relación de contratos, sino una relación de poder, pero también de sometimiento, y eso era algo que los brasileños estaban dispuestos a ejercer con tal de no perder la influencia que ya habían ganado.
Para recibir esos 6 millones de dólares, se utilizó la cuenta bancaria LIO608802001001560101 inscrita en el Neue Bank, la cual estaba a nombre de la empresa Zecapan, SA. El ex director de Pemex refiere que Luis Videgaray llevaba un control férreo de los sobornos entregados y registraba cada uno de los movimientos en una lista. El ex presidente Peña estaba al tanto de todo y les había ordenado a sus dos operadores que se centraran en la obtención de recursos financieros.
Ese año, el 20 de diciembre de 2013, México vio cómo se aprobaba la reforma energética.
El enlace director de Peña y Videgaray con los legisladores sobornados era David Penchyna Grub, en ese entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado de México, pero también ex director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre 2012 y 2018, en donde cobraba hasta 208 mil 500 pesos mensuales de manera oficial, aunque ya con bonos y otras prestaciones ese salario se elevaba hasta los 700 mil pesos en el mismo periodo, según investigaciones del actual gobierno federal. Como haya sido, este supermillonario fue señalado como el contacto directo entre los sobornos del presidente y el grupo de cuatro “agresivos y amenazantes panistas”. Penchyna, según Lozano, no hacía ese trabajo en balde, pues también recibió un apoyo económico por seis millones de pesos, que se le entregó el 17 de septiembre de 2014 en las oficinas que rentaba Pemex en Montes Urales 425, de Lomas de Chapultepec.
Al mismo tiempo, Lozoya pactaba reuniones con otros panistas como Ricardo Anaya, que en 2017 sería el candidato presidencial del PAN. A él se le dieron 6 millones 800 mil pesos. El panista buscaba algún tipo de apoyo político porque quería ser gobernador de Querétaro. Quien entregó ese dinero fue el jefe de escoltas de Lozano, un hombre llamado Norberto Gallardo, miembro además del Estado Mayor Presidencial, la primera semana de agosto de 2014. El dinero se lo dio a otro contacto, Osiris Hernández, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Después, Anaya le confirmó a Videgaray la recepción del dinero. Esa lista de sobornados se complementó con el nombre del ex secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón. También Ernesto Cordero Arroyo, quien dijo en 2011 que una familia mexicana podía pagar colegiaturas, auto nuevo y comer con un salario de 6 mil pesos quincenales, era parte de los “sobornados” del PAN.
Otros operadores de eso panistas emprendedores eran Rafael Caraveo Opengo, José Velasco y Francisco Olascoaga, quienes recibieron recursos por hasta 80 millones de pesos, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014.
