Redacción VcV
Lerma, México; 8 de julio de 2022.
Al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, que hasta hace dos semanas tenía el 11 por ciento de aceptación en el PRI para meterse a la contienda interna de los que buscan la presidencia en 2024, le reventaron esa y otras ilusiones, por lo menos por ahora. No lo queda más remedio que seguir al frente de su gobierno, calificado como uno de los más grises y también colaboracionista de la Cuarta Transformación. Hoy el primo-hermano del ex presidente de México, Enrique Peña, entregó una obra, la vía rápida Lerma–Las Torres que conecta con la autopista México-Toluca.
Como marco, la estructura abandonada del tren interurbano que comenzó a construir su primo, Enrique Peña Nieto, se levanta impávida ante el que puede ser el último gobierno del Grupo Atlacomulco y del PRI en el Estado de México. Mientras Del Mazo recorre la vía rápida con un paso lento que le permite observar los detalles, su primo Peña ha señalado desde España que probará la legalidad de las transferencias por casi 60 millones de pesos que le habría realizado su hermano Arturo. Pero la verdadera investigación contra Peña y sus colaboradores se encuentra radicada en la carpeta que la Fiscalía General de la República sigue en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y de la empresa brasileña Odebrech. Hoy, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abierto otro frente contra el salinismo y el priismo más rancio pues anunció la reapertura de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sucedido en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
“Hoy estamos entregando esta nueva etapa que es un puente muy importante para quienes vienen de la Ciudad de México hacia Toluca y se incorporan por esta vialidad hacia Las Torres”, dijo esta mañana Del Mazo, quien sabe que en el nuevo escándalo de su primo hasta él podría salir relacionado. La Unidad de Inteligencia Financiera menciona a los primeros ex funcionarios de Peña Nieto en los movimientos ilegales. Uno de ellos es Erwin Lino, a quien en Toluca se le califica de “poderoso” e “influyente”. Y en verdad lo es. Durante la administración de Peña, se desempeñó como secretario particular del mismo Peña, y lo mismo hizo cuando el de Atlacomulco era gobernador. Si lista de protegidos y su red de influencia es enorme.
Otro es Carlos Alejandro Monroy Carrillo, el director general de la empresa La Moderna, cuyo capital se asocia con la familia Monroy, con la cual el ex presidente está emparentado. Carlos Alejandro está vinculado con Eduardo, Francisco, José Antonio y Luis Miguel Monroy Carrillo, todos ellos empresarios mexiquenses de la misma familia.
Juan José Chimal Velasco, otro mencionado por la UIF, es un empresario del Estado de México que estuvo casado desde 1995 con Verónica Peña Nieto, hermana del ex presidente. Es socio director del Grupo G Energía y se le relaciona con desvíos de recursos en Chihuahua. “[…] fue involucrado en un desvío de más de 23 millones de pesos por el cual está siendo procesado actualmente Marcelo González Tachiquin, ex titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes de esa entidad, quien fue recientemente detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, proceso que se encuentra radicado en la Sala Sexta del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad. Chimal Velasco habría fungido como cabildero ante el gobernador Cesar Duarte por parte de la empresa Explorean S. de R.L. de C.V., de la cual es socio y directivo, para la adjudicación directa de un contrato para servicios de asesoría para regular el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), servicios que al parecer nunca fueron prestados en realidad, pero fueron pagados”, dice una nota del diario Rotativo de México en enero de 2019. Chimal fue demandado por su ex esposa, la actriz Natalia Alcocer, por violencia doméstica.
Mientras la FGR puede probar que Peña y los investigados cometieron algún tipo de delito, el gobernador Del Mazo se concentra en su nuevo puente y aclara que aún le faltan dos meses para terminar una nueva etapa en esa construcción.
La denuncia contra Peña se da en el contexto de las elecciones en el Edoméx, un proceso que elegirá nuevo gobernador en 2023, pero que hoy, a un año, ya ha movilizado a los aspirantes por Morena y por el PRI y sus aliados, que le pelean al partido de López Obrador el poder en la entidad. El Edoméx es el último bastión priista con posibilidades mínimas de ganarle a Morena.