Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño.

Toluca, México; 26 de abril de 2022.

Una vez más, empleados del ayuntamiento de Toluca han sido obligados a firmar cartas de “renuncia voluntaria”, un proceso que lleva a cabo un despacho externo contratado por la administración del alcalde, el priista Raymundo Martínez Carbajal.

Trabajadores afectados señalan que ayer fueron citadas áreas enteras del ayuntamiento para realizar ese procedimiento, que implicó además a empleados que cumplen hasta con 28 años de servicio.

Las acciones del ayuntamiento contra sus trabajadores han sido denunciadas por organizaciones como la coalición Justicia para Todos, que reúne a los despedidos injustamente por el gobierno municipal de la capital del Estado de México, y que además denuncian que los ex jefes que trabajaron en la anterior administración -la del morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez- han vendido los listados de los empleados y que ha detenido a tres de los integrantes de esta coalición, que el 28 de febrero de 2022 se manifestaron en la vía pública.

Acusados de daños a vías de comunicación, fueron retenidos en la Fiscalía del Edoméx en tanto el ayuntamiento buscaba probar la comisión del delito que les impugnaba y desestimaba, al mismo tiempo, las demandas de los manifestantes.

Esa organización ha anunciado que unirá fuerzas con el Movimiento Dignificación del Servicio Público Toluca, también formado por despedidos, para obligar al ayuntamiento a pagar lo que les deben. El 24 de febrero de 2022 ex empleados del ayuntamiento local denunciaron al alcalde de simular que los adeudos que tienen con ellos desde diciembre de 2021 ya fueron pagados, así como de generar un papel oficial que avala ese dicho. Lo acusan además de ejecutar despidos injustificados y presionar a los empleados para firmar renuncias de carácter voluntario. Tanto lo acusan, que ya han levantado denuncias en contra de su administración.

Por su parte, la organización Movimiento Dignificación del Servicio Público Toluca señala que el Derechos Humanos su queja va avanzando y solicitaron a la Auditoría Superior de Fiscalización información acerca de la simulación de pago que el ayuntamiento realizó y que informó incluso al SAT.

Ayer, a cambio, el ayuntamiento ofreció un contrato laboral temporal, pero quien firma pierde la antigüedad generada y otros derechos. También renuncian al pago de quincenas y prebendas atrasadas, que el anterior ayuntamiento, encabezado por el morenista militante del PAN, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, contrajo cuando decidió no pagar adeudos a trabajadores ni a proveedores por servicios ya prestados y facturados.

De acuerdo con el propio ayuntamiento, la deuda con proveedores es de más de 2 mil millones de pesos y prevén que haya demandas penales contra el ex alcalde, pero esa es una acción que nunca se ha realizado con ningún ex presidente municipal.

El despacho externo ha trabajado en las “renuncias voluntarias” desde finales de marzo, a lo cual llamó “reestructuración laboral”. El alcalde Martínez señaló que no violaba ningún derecho y que en realidad restructuraba el tabulador de plazas y sueldos, sin embargo, cerró posibilidades de otro tipo de negociaciones, así como la información al público.