Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño. Ramsés Mercado: imagen e información.
San Antonio la Isla, México; 6 de octubre de 2022
Lo único que puede hacer el ayuntamiento de San Antonio la Isla es estar muy pendientes con las inundaciones en la unidad habitacional de San Dimas, y cuando el agua llegue, acudirá con el gobierno del Edoméx para que, con bombas, retire el agua. Eso, y nada más, de acuerdo con la alcaldesa priista Lizeth Marlene Sandoval Colindres, quien mientras lo dice observa el nivel que ha alcanzado la inundación de los últimos dos días, y que ha afectado a tres manzanas y dos regiones.
Los habitantes afectados tienen también su propia opinión.
“No les dan mantenimiento a las bombas, por eso siempre se nos mete el agua, es igual todos los años. Además los ejidatarios nos tapan el río”. Apenas el 16 y 17 de septiembre se había inundado por última vez. Pero nadie tendría que hacerse ilusiones y la alcaldesa Sandoval Colindres lo dice muy claro:
“Esta zona siempre se va a inundar, no hay una solución definitiva para que esto se pueda resolver por una simple y sencilla razón: este fraccionamiento fue construido sobre una ciénega del Alto Lerma, está en una zona lacustre -y esto los vecinos lo saben- y se encuentran por debajo del nivel desfogue de las aguas. Eso genera que ante una lluvia fuerte, los niveles de agua suban”.
Sandoval afirma que la última vez que vio inundada esa zona fue en 2018, aunque reporteros y vecinos digan otra cosa, y que ese año hizo un compromiso con los vecinos para “estar muy atentos con ellos”.
-El nivel de agua es demasiado y a eso se le suma un drenaje saturado, además los vecinos no nos ayudan mucho con el tema de la basura y el factor del nivel en el que están construidas esas casas. También en otras zonas subió el nivel del agua de manera descomunal, ya hicimos contacto con el gobierno del Edoméx para que vengan los equipos especiales y desfoguen.
Las manzanas afectadas son la 89, la 90 y una región cerca de una planta tratadora y el agua, en esta ocasión ha entrado a las casas, pero no hay un censo que indique cuántas familias dañadas en su patrimonio hay. Según la alcaldesa, habría un apoyo para ellos desde programas municipales para que las pérdidas sean menores. Un censo preliminar señala 40 casas afectadas.
-La realidad geográfica de San Antonio la Isla genera que toda esta agua termine llegando acá- insiste la funcionaria. Sin embargo, lo que ella no dice pero sí refieren los vecinos es que la empresa constructora Homex se había declarado en quiebra antes de terminar adecuadamente las obras, pero la alcaldesa la exculpa. “En este caso la responsabilidad la lleva el ayuntamiento, que tiene que hacerle frente a la situación. La verdad es que los vecinos siempre escucharon por años que era un tema de la empresa, que no había entregado, que era un asunto de la inmobiliaria, pero los vecinos no merecen esa respuesta”, dice la funcionaria, quien insiste en que no habrá una solución definitiva porque no existe, pues no es un asunto de construcción.
Y luego dice: “en esta circunstancia y en este nivel, es la primera vez en cuatro años que nos sucede”.
El factor olvidado de Arturo Montiel Rojas
Si no es un problema de construcción, entonces es un problema de asentamientos. Los vecinos se preguntan quién autorizó un fraccionamiento en un lugar así. La respuesta es que ese fraccionamiento fue comercializado por la familia del ex gobernador del Estado de México, el priista Arturo Montiel Rojas.
En realidad, los vecinos más antiguos de la unidad habitacional señalan a Arturo Montiel Yáñez, hijo del ex Ejecutivo, como el impulsor de la construcción y de las ventas. Desde 2005, los habitantes comenzaron a tener problemas con sus casas porque no contaban con servicios y Homex, en ese tiempo boyante, nunca les respondió por esas irregularidades.
En 2009, el alcalde panista de San Antonio la Isla, Arturo González, prometía obligar a Homex a responsabilizarse de los “múltiples defectos” de las viviendas, pero fue el propio edil quien canceló las reuniones que se habían conseguido. La casas, dice el medio local MVT, costaron en un inicio 300 mil pesos.
“Los vecinos inconformes marcharon hacia las oficinas que mantiene la empresa HOMEX en el conjunto habitacional Rancho San Dimas, para exigir que se responda por todas las irregularidades que padecen. Un representante, quien no se quiso identificar, les dijo que la empresa no puede hacer mucho porque el ayuntamiento de San Antonio la Isla no ha cumplido con la conexión a las redes de agua potable, drenaje y electrificación, tal y como se había comprometido hacerlo hace más de dos años”, relata MVT.
De acuerdo con el periodista Israel Dávila, fue en 2004 cuando las máquinas constructoras llegaron a las 100 hectáreas que entonces estaban dedicadas al cultivo, y los campesinos se enterarían poco después de que “gente muy importante había adquirido los predios” por precios muy bajos.
“Al paso de los días se supo en todo el pueblo que Arturo Montiel Yáñez, hijo del entonces gobernador Montiel Rojas, era dueño de esos predios, y que en conjunto con grandes inmobiliarias edificaría dos desarrollos habitacionales: Ex Rancho San Dimas y Las Ventanillas. Con ayuda y asesoría de Montiel Yáñez, las empresas Proyectos Inmobiliarios de Culiacán y La Casa Espacio Inmobiliario solicitaron a autoridades municipales y estatales autorizaciones para el cambio de uso de suelo, pues los terrenos tenían una actividad agrícola. El alcalde Gerardo Miguel Camacho Sánchez -un priista que accedió al poder bajo las siglas del PRD, y que mantiene en sus oficinas una foto de Montiel- se encargó de promover los permisos”, recuerdan los periodistas Dávila, y Misael Habana para el diario La Jornada, el 13 de octubre de 2005.
Para el de agosto de 2004, el cabildo había autorizado un plan de congruencia para integrar esas zonas a la parte urbana. En un mes, Desarrollo Urbano aprobó el cambio del uso de suelo y se publicó en la Gaceta.
“Es un negocio redondo. Compra tierras agrícolas muy baratas, han de andar en 30 pesos el metro cuadrado, y con el cambio de uso de suelo a habitacional el precio se eleva a unos 400 pesos”, señalan los periodistas mencionados.
Ahora quienes viven ahí tienen que conformarse con las respuestas de una alcaldesa que no conoce el origen de los fraccionamientos, que encubre a la empresa constructora y que además esconde a quienes impulsaron un lugar así. Ahora, quienes viven ahí deben hacerlo entre aguas negras y estancadas, en riesgo de enfermedades y de perder el poco patrimonio que se tiene.
