Redacción VcV
Toluca, México; 15 de noviembre de 2022
El caso de Jhovani Aguirre Benítez no es fácil. Está preso en la Ciudad de México desde hace más de un año y el 10 de diciembre de 2022 le fue dictada una sentencia de ocho años de cárcel. Se le acusa de portar armas prohibidas y la posesión de mil kilos de cocaína, aunque los abogados de este hombre dicen que todo es sembrado.
Aguirre es un ganadero veracruzano cuyo rancho se encuentra en el pueblo de Suchilapa, en el municipio de Jesús Carranza y ha denunciado irregularidades que se cometieron durante su proceso, como falsos testimonios y la declaración de los policías que lo detuvieron son contradictorias. También ha dicho que las acusaciones son falsas y que han sido elaboradas por un narco del Estado de México.
El 14 de agosto de 2021 Aguirre fue detenido en la CDMX. Fueron policías de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) que de acuerdo con amigos del ganadero, fueron enviados o comprados por un narcotraficante, Álvaro Sánchez Sánchez, a quien se le ubica con influencia en el Estado de México, y que tiene el sobrenombre de El Tartamudo. De acuerdo con una investigación del periodista Ricardo Ravelo para el portal SinEmbargo, se trata de tres hermanos, Álvaro, Felipe y Lorenzo, quienes operan en el sur de Veracruz y tienen poder en el Estado de México, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Em suma, señala Ravelo, El Tartamudo intentó obligar al ganadero Aguirre, quien tiene 40 años al frente de su negocio, para que le dejara usar los camiones con los que transportaba ganado. Aguirre se negó y el capo tomó venganza. A los Sánchez la Fiscalía estatal y la Federación los ubica como narcos que trasiegan en rutas que provienen desde Panamá, en Centroamérica y Chiapas, rumbo al centro del país y a Estados Unidos. Ahí entra por Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con la propia Fiscalía del Edoméx, este narco trafica unos 4 mil kilos al año de cocaína, las cuales siguen una ruta que pasa por Toluca y Zinacantepec, en el Estado de México.
Aguirre conoció al Tartamudo en Luvianos, en 2017 y entablaron amistad, pero en 2020 las cosas cambiaron porque el narcotraficante le pidió que usara los camiones de los animales para llevar droga. El capo lo intentó convencer dos veces más sin resultado, y en la última conversación de plano lo amenazó.
Aguirre ha denunciado que el narco ha pagado dinero a la Guardia Nacional, a las fiscalías de Veracruz, Edoméx y a otras autoridades, que lo han ayudado para vengarse. Así, pudo acusar al ganadero por robo y otros lo denunciaron por trata de mujeres. La Fiscalía del Estado de México se prestó para acusarlo y le levantó la carpeta TOL/FPT/017/127144/21/05.
Aún preso, el asedio contra Aguirre continuó, y fueron levantadas carpetas de investigación contra su esposa, y levantadas dos de sus empleadas. Ahora, amigos, familiares y empleados del ganadero Aguirre han organizado protestas en la CDMX y en Toluca para denunciar este caso.
Madaí Hernández, junto con unas 30 personas se apostaron hoy frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, en Toluca y desplegaron pancartas y dieron entrevistas.
“Son crímenes que han sido sembrados por parte de la Fiscalía y de un capo de la droga. La causa fue que Aguirre no se quiso prestar para el trasiego. El capo trae la droga desde Centroamérica hacia el norte del país”, narra la mujer, quien elabora una enorme lista de delitos fabricados y la historia de las irregularidades cometidas.
Secuestro, trata, robo y tráfico de drogas son los delitos que ha tenido que ir enfrentando y los sobornos del capo Álvaro Sánchez ya consiguieron una sentencia de 8 años para el ganadero.
“Hay una cámara que capta el momento de la detención. Están los policías y en eso llega el capo de la droga, que lo amenaza de muerte. Los policías no hicieron nada, pero sí sembraron droga y un arma en el carro del empresario. Además, no se cumplió la cadena custodia. Estamos aquí en Toluca porque hay una orden de aprehensión girada en contra de Yuridia Gallardo, esposa del empresario, y en contra también de Fermín Aguirre Benítez, este último hermano del encarcelado. Los acusan de secuestro. Nosotros somos sus empleados y nos estamos quedando sin trabajo por culpa de esta situación y queremos ser escuchados por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo”, dicen, pues las denuncias están radicadas en el Estado de México.
De acuerdo con una investigación de la Fiscalía mexiquense, la droga que transportan Álvaro Sánchez y sus hermanos, entra a Chiapas, en la frontera sur, y desde ahí es trasladada a Toluca en camiones de carga o de pasajeros, que después se descargan en una bodega localizada en el poblado de San Juan de las Huertas, en Zinacantepec. Luego, la cocaína es distribuida en varios vehículos, que se la vuelven a llevar, esta vez a resguardar a domicilios de la Nueva Oxtotitlán en Toluca, y Zinacantepec, donde la cortan o curan. También la llevan a un hotel llamado Las Lomas, ubicado en la carretera Toluca-Zitácuaro, que sirve también como bodega para armas.
La red de distribución alcana en Estados Unidos ciudades como Houston, en Texas o poblaciones de Carolina del Norte. Monterrey, Veracruz, Honduras, Nicaragua y Guatemala son otros puntos a los que llega la droga del capo mexiquense. De acuerdo con documentos de la Fiscalía, la organización del Tartamudo y sus hermanos no pertenece a la Familia Michoacana ni al Cártel de Jalisco Nueva Generación, los cárteles dominantes del sur mexiquense, aunque podrían tener vínculos comerciales y operativos. La Fiscalía lo tiene tan bien ubicado que hasta tiene fotos de un tigre que habita en el rancho que el capo mantiene en Tejupilco, y que en una propiedad en Toluca se grabó un videoclip del cantante Aldo Santamaría, a quien se le conoce como El Calentanito. Además, ha localizado otros domicilios o propiedades en distintos municipios del Estado de México, así como aeronaves que se guardan en hangares privados del aeropuerto de Toluca y hasta una propiedad en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, así como en China.
Conscientes de que la justicia solamente está a disposición de quienes tiene dinero e influencias, los manifestantes saben que llevan las de perder ante un rival como El Tartamudo, quien trata de que el empresario y su familia nunca salga de prisión, que se les dicte una sentencia tras otra.
El capo ha amenazado a la familia Aguirre de muerte y los ha emplazado para que ya no suban información a internet acerca del caso.
“Pero todos nosotros tenemos temor porque en los ranchos no falta que nos amedrenten. Yo soy testigo y víctima. En Veracruz el narco armó un teatro con los ministeriales de Coatzacoalcos, llegaron al rancho donde estábamos nosotros y nos sembraron el delito de un auto robado, un secuestro y nos acusaron de portación de armas de fuego y droga”, señala la denunciante.
Los denunciantes acusan que el juez encargado del caso, Marco Antonio Fuentes, no denunció las presiones que recibió del capo y prefirió pasar por alto violaciones al debido proceso y agravios que están en los expedientes.
“Es importante destacar que la teoría del caso de la Fiscalía, en cuanto al hecho delictuoso de portación de arma de fuego estableció que: El día 14 de agosto de 2021, aproximadamente a las 21:20 horas los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Merlén Márquez Domínguez, Víctor Manuel Almazán Esquivel, Miguel Ángel Medina Andrade y Marco Antonio Hernández Vázquez recibieron una denuncia ciudadana por un sujeto de un vehículo Jeep Cherokee, color gris oscuro, les indicaba que en una camioneta Mercedes Benz Blanca viajaban personas con armas de fuego. Los oficiales al realizar su intervención hacen la detención de la persona precisamente a las 21:25 horas sobre la calle Río Tacubaya, municipio de Álvaro Obregón.
“Que el conductor de esta unidad, al indicarle la parada momentánea y al indicarle el señalamiento que existía por un miembro de la sociedad, localizaron en ese vehículo un arma de fuego tipo pistola calibre .380 ACT, de la marca Taurus, modelo PT59, abastecida con un cargador metálico de color negro y 19 cartuchos útiles”. El capo mexiquense es investigado por la DEA y por la Fiscalía General de la República, que tienen evidencia de delitos de tráfico de droga, asesinatos y lavado de dinero.
