Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño

Ciudad de México; 22 de septiembre de 2022.

Un juez soltó a uno de los presuntos asesinos del normalista de Ayotzinapa, el mexiquense Julio César Mondragón Fontes en 2019. Se trata de Gabriel Domínguez Barrios, del Noveno Distrito en Iguala, que fijó al inculpado por ese homicidio, Marco Antonio Ríos Berber, alias la Pompi o el Cuasi, una fianza de 10 mil pesos y con eso alcanzó la libertad.

Mondragón Fontes, de 22 años, fue torturado y asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando fueron atacados por sicarios de Guerreros Unidos, soldados y policías municipales, estatales y federales.

Su muerte representa lo crueles que fueron los ataques en contra de los 137 normalistas que iban a esa ciudad a tratar de conseguir camiones para trasladar a unos mil 500 alumnos del sistema normalista rural, que se reunirían en Ayotzinapa para ir a la Ciudad de México, el 2 de octubre de ese año. En su mayoría de primer año, los estudiantes fueron enviados por sus dirigentes a pesar de que estos últimos sabían de la amenaza de muerte que habían impuesto en contra ellos los Guerreros Unidos desde 2013.

Julio César logró sobrevivir al cruce de la ciudad, pero no al ataque del grupo de los Bélicos, que dispararon contra lo alumnos en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Corrió calle abajo, sobre Juan N. Álvarez, durante dos cuadras. Después dio vuelta en la calle de Simón Bolívar. Pasó por Plan de Ayala y Plan de Ayutla y llegó a la calle de Miguel Hidalgo. Avanzó por ella hasta alcanzar Pablo Galeana y ahí dio vuelta a la izquierda. Avanzó unos metros y se encontró de frente con una camioneta de Protección Civil. Entonces se acercó porque pensó que sus tripulantes lo ayudarían, pero no fue así.

En esa camioneta estaba David Cruz Hernández, el jefe de halcones de los Guerreros Unidos. Con él se hallaban otros halcones y sicarios. Ellos fueron quienes levantaron al estudiante y lo entregaron a sus matadores. Ahora, la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa dice que quien mató al normalista fue Eduardo Joaquín Jaimes, el Chuky, uno de los sicarios más sanguinarios de los Guerreros Unidos. 

La de Mondragón Fontes es una de las 28 causas penales que se abrieron por Ayotzinapa y que de acuerdo con el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad, se encuentran dispersas en Tamaulipas, Edoméx, Guerrero, CDMX, Colima, Morelos y Querétaro, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha atendido la exigencia de poner los expedientes en una sola sede.

El sicario Ríos Berber primero fue deportado desde Estados Unidos, pero con el pago de la fianza se le permitió escapar de nuevo. A Ríos Berber lo implicaron en el asesinato del normalista Julio César otros sicarios como Alejandro Palacios Benítez, quien cobraba a los Guerreros Unidos 80 mil pesos mensuales por halconear y organizar comandos de la muerte que secuestraban, ejecutaban y desaparecían a los enemigos. El Cholo está preso desde el 2015 y la policía lo atrapó fácil cuando se atendía de algunas heridas que se hizo cuando derrapó la moto en la que viajaba. El 3 de junio de ese año, al salir del Hospital Ángeles, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, los agentes lo detuvieron. Para entonces había perdido un ojo y se dio cuenta de que los hospitales eran peores que los policías de la División de Inteligencia de la Policía Federal, porque la cuenta en el Ángeles ascendió a 800 mil pesos, de acuerdo con el reporte de captura.

Que cayera de la moto se convirtió en mera anécdota cuando comenzó a narrar, en los interrogatorios, que para matar al normalista Julio César los sicarios necesitaron de la participación de al menos once personas. Sólo así doblegaron al joven de 22 años, que se defendió hasta su último aliento.

Ríos Berber, Mauro Taboada Salgado, los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, así como un hombre al que le decían Jaguar, y al que se identificó como Rodolfo Herrera Sebastián o Rodolfo Rueda Sebastián, que habría mantenido contacto telefónico con los asesinos durante la ejecución.

Ahora, el informe de la CoVaj sugiere que los sicarios habrían actuado por cuenta propia, sin esperar órdenes de nadie. La CoVaj también sugiere que a Julio César Mondragón alguien lo había señalado desde que salió de la normal, a bordo del camión 1531 rumbo a Iguala, a las 17:30 horas. Él, junto con Bernardo Flores Alcaraz y otro estudiante al que la CoVaj no pudo identificar eran tres objetivos prioritarios para los Guerreros Unidos. También apunta, en la página 60, “que entre el aseguramiento y un posible primer interrogatorio de los estudiantes de los dos camiones, se haya identificado a alguien con posibles vínculos con un grupo contrario”.

Al respecto, el ex director de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gualberto Ramírez Gutiérrez, señaló en 2018 que los Guerreros Unidos creían que entre los estudiantes viajaban narcos de los Rojos, concretamente familiares del normalista Manuel Vázquez Arellano. Alguien les avisó a los sicarios de Iguala que en alguno de los dos camiones o en las dos camionetas que llegaron a esa ciudad, posteriormente, iba Narciso Vázquez, el hermano de Manuel, y a quien habían ejecutado en el pueblo de Carrizalillo el primero de julio de 2014. Narciso estaba involucrado con los Rojos y que los Guerreros Unidos supusieran que iba en uno de los transportes con normalistas quiere decir que lo confundieron con el hermano, Manuel.

La CoVaj abona a esa historia cuando reproduce en su informe una nota del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que dice, en la página 25, que “una persona identificada como (a) El Choky, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos ordenó a la central de comunicaciones del grupo delictivo reportar que dentro del contingente estaban integrantes de Los Rojos, presuntamente encabezados por Omar N, quienes iban rapados”.

Una vez más, la CoVaj apunta “que el paso de los estudiantes que venían como apoyo desde la normal de Ayotzinapa, quienes iban en camionetas llenas de gente, les haya hecho pensar que se trataba de grupos opuestos que buscaban tomar la plaza”.

La mañana del viernes 26 de septiembre de 2014 comenzó con balaceras y enfrentamientos en Iguala, pues un comando de sicarios de los Rojos, encabezado por Onésimo Marquina, a quien apodan el Necho o el Señor del Mal, y líder hoy de un grupo paramilitar de autodefensa al que se le conoce como los Tlacos -por operar en Tlacotepec, Guerrero- entraba a la ciudad. Ahí, atacaron a tiros la casa de uno de los hermanos Benítez Palacios, narcomenudistas de la región y parte de la estructura de los Guerreros Unidos, pero fueron rechazados y vencidos por policías municipales pagados por el sicariato local. Los polis-sicarios mataron a 17 personas, las descuartizaron e incineraron. Después echaron los restos a un río cercano. El comando de los Rojos iba encabezado también por un pistolero llamado Isaac Navarrete Celis.

Que los Rojos y los Guerreros Unidos se enfrentaran de esa manera no era fortuito y tenía que ver con una traición, de acuerdo a información de integrantes de la propia Comisión para la Verdad, porque el Señor del Mal había estado vendiendo droga a los propios Guerreros Unidos a espaldas de su jefe, un narco llamado Santiago Mazari, a quien le apodaban Carrete y que operaba en Morelos, parte de Guerrero y el Estado de México, en el corredor de Acapulco-Cuernavaca. Sin embargo, a principios de 2014, una de esas entregas de enervantes salió mal. Tanto, que las pérdidas ascendieron a 8 millones de pesos. Todos se culparon mutuamente, pero el Señor del Mal agregó a sus rencores una razón más para intentar apoderarse de Iguala. Por su lado, los Guerreros Unidos se dedicaron a cazarlo cada vez que tenían una oportunidad.

El asedio a Iguala, la mañana del 26 de septiembre, era parte de la venganza del Señor del Mal, que se creía estafado por los Guerreros Unidos, y los enfrentamientos matutinos de ese día hicieron saltar las alertas de todos los grupos armados de la zona, lo cual incluía al ejército y a las fuerzas de seguridad pública.

La tercera hipótesis que la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa vierte para explicar los ataques a los normalistas en Iguala, señala que “el quinto camión contenía ‘mercancías’ (droga y/o dinero) perteneciente a Guerreros Unidos”. Ese quinto camión sería el 2513, que fue tomado por los estudiantes en el paraje de Rancho del Cura y luego fue abandonado en la terminal de Iguala. Si el camión contenía algo, los Guerreros Unidos pudieron recuperarlo cuando lo dejaron varado en el ese lugar y no perseguir hasta la muerte a los normalistas. La unidad en cuestión sigue operando y ahora tiene asignado el número 2900.

Esta versión fue muy remarcada por el presidente de la CoVaj, Alejandro Encinas. Por otra parte, relatos periodísticos hacen eco de que dos de los 5 camiones habían estado en Ayotzinapa dos semanas antes de los sucesos, el 1531 y el 1568. Fed Sabino, un alumno de ese entonces, dijo en público que esas unidades las aseaba él todos los días. Revisó todos los compartimentos y nunca vieron nada anormal. “Era más fácil que los narcos rescataran algún tipo de cargamento en la escuela que en Iguala”.

La periodista Anabel Hernández sostiene que el coronel del ejército y jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez Pérez, ayudó a los narcos a rescatar un cargamento de droga con valor de 2 millones de dólares. El 21 de septiembre de 2022, a Rodríguez Pérez se le dictó sentencia por su responsabilidad en los sucesos de Iguala, pero apenas se le vinculó a proceso por delincuencia organizada y no por desaparición forzada, lo cual lo mantiene al margen de las responsabilidades en los asesinatos de los 46 normalistas de Ayotzinapa.

El 22 de septiembre el juez Samuel Ventura Ramos dejó en libertad a 24 imputados por el caso de los normalistas. De acuerdo con Encinas, el mismo Ventura ha liberado ya a más de 120 personas, incluyendo al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, absuelto aunque de inmediato girado con otra orden aprehensión.

El normalista Julio César Mondragón salió de Ayotzinapa a las 17:32 del 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con la actividad celular de su LGL9 registrada en la sábana de llamadas de DIPSA Telcel. “¡Ámonos, güey!, ¡ámonos güey!”, gritaba por los pasillos de su escuela a quien se le atravesaba. Subió al camión 1531 y llegó en él hasta la terminal de Iguala, después de detenerse en el paraje del Rancho del Cura. Después se subió al camión 2012, que atravesó la ciudad y fue atacado por policías y sicarios. Ese camión era conducido por el alumno Heriberto Moisen, quien formaba parte de los responsables de ese viaje y está relacionado con el grupo del ahora diputado Manuel Vázquez y el ex secretario David Flores Maldonado. Una foto en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos prueba que Moisen iba al volante de esa unidad, y se encuentra publicada en la Recomendación 15VG/ 2018 Caso Iguala, como parte de la Evidencia 3 del Acta Circunstanciada del expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG, así como el testimonio de un sobreviviente.

Pudo llegar con vida al cruce de la calle de Juan N. Álvarez y Periférico Sur, pero cuando ocurrió el segundo ataque, entonces salió corriendo. Calles más adelante se encontró con Alejandro Palacios Benítez, el Cholo, quien estaba en una camioneta de Protección Civil junto con David Cruz, jefe de halcones de los Guerreros Unidos. Ellos lo levantaron.

Al día siguiente apareció desollado, con fracturas en más de 40 huesos de su cuerpo. De su caso, la familia del joven, la familia Mondragón, no cuenta desde entonces con un solo informe oficial. Se trata de un caso al margen de la investigación de los 43 de Ayotzinapa, que lleva un proceso aparte. La Fiscalía para Ayotzinapa garantizó a la familia el acceso al expediente desde 2020, pero desde entonces un bloqueo sistemático ha impedido que por lo menos les den informes acerca de los avances que se tienen.