Toluca, México
Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño.
A José María León Marín lo sentenciaron a 52 años de prisión por un delito que no cometió. Sus familiares exigen que su caso sea revisado y que se consideren pruebas que no se abordaron adecuadamente, aunque fueron presentadas en tiempo y forma.
A León Marín lo acusan de obligar a una joven a vender drogas. De 24 años y trabajador en una carnicería como ayudante, ahora está preso en el penal estatal de Almoloya de Juárez, donde espera que el abogado que lo representa pueda apelar esa sentencia.
Pero, ¿por qué es inocente? De acuerdo con ellos, porque la noche de los hechos él se encontraba en la Ciudad de México, en compañía de tres de sus hermanas, en un concierto. Incluso hay videos tomados por ellas.
-Mi hermano nunca estuvo en el domicilio en el que se supone se realizó una violación en contra de una joven. Tampoco tiene nada que ver con venta de droga. En el proceso que se llevó a cabo se pudo comprobar con pruebas físicas que no estuvo ahí. A mi hermano lo detuvieron el 11 de octubre de 2021- dice Salomón León, hermano del ahora sentenciado.
Quien acusa a León Marín ha declarado que el joven y otras tres personas la llevaron a un domicilio en el municipio de Villa Victoria, con la promesa de que iba a trabajar como mesera por un día, y que le iban a pagar 150 pesos por esa jornada.
Los hechos por los que se le inculpan, sin embargo, sucedieron el 14 de noviembre de 2019. Ese día la joven fue retenida en una casa de Villa Victoria. El 15 de noviembre, un hombre llamado Marcos “N” la violó. Y un día después León Marín habría obligado a la menor a llevar un paquete con cristal, una droga sintética, a un comprador, en esa misma comunidad.
La declaración oficial de la joven, en ese entonces menor de edad, señala que fue localizada gracias a que una de sus hermanas comenzó a buscarla. Ella es originaria del municipio de Donato Guerra.
Pero un primer informe apunta que quien habría participado en la violación había sido detenido antes de los sucesos por alteración del orden público. Sin embargo, la prueba más fuerte con la que cuenta león Marín es la declaración de los policías que encontraron a la presunta víctima, deambulando en las calles de Villa Victoria. Los agentes han declarado que la hallaron el día 14 de noviembre de 2019, lo cual anularía la versión de que estuvo retenida tres días.
Otra prueba que demostraría la inocencia del acusado es la propia declaración de los policías que ayudaron a la joven. Los agentes la encontraron en una calle de Villa Victoria y la condujeron al domicilio de un amigo de ella. Este amigo la llevó a su casa y también la acompañó a denunciar. Los policías declararon que la chica no tenía signos de violencia y actuaba normalmente.
De acuerdo con un recurso de apelación presentado en el Juicio Oral 187/2022, que fue encabezado por un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, en abril de 2023, declaraciones de elementos policiacos que iban a bordo de la unidad 22-246 habían apoyado en la localización de la menor. Ellos llevaron a Ramiro García Rojas, quien la estaba buscando, hasta una tienda Elecktra, en donde lograron encontrarse con la joven. Entonces García Rojas y ella abordaron una camioneta Nissan NP300 blanca, con placas NNR3689, y se retiraron. “Se evidenció que dicha víctima fue localizada por la policía municipal de Villa Victoria en fecha 14 de noviembre del año 2019, por lo que no pudo haberse verificado la conducta que le es atribuida al recurrente JOSÉ MARIA LEÓN MARÍN, misma que supuestamente aconteció en fecha 16 de noviembre del año 2019, sin embargo en esa temporalidad la víctima se encontraba con su progenitora en su domicilio, por lo que resulta materialmente imposible que el sentenciado le haya entregado una bolsa que a dicho de la víctima contenía droga, y que la haya obligado a venderla, ya que la víctima no estuvo privada de su libertad los días que fueron referidos por ella”, dice el documento en la página 61, y los abogados del acusado señalan que “el agente del Ministerio Publico no probó su teoría del caso, que prometió iba a demostrar con los testimonios de las víctimas y la juez del Tribunal no valora las circunstancias antes referidas sin importarle las inconsistencias e incongruencias que presentan los dictámenes con las manifestaciones de la víctima”.
León Marín fue sentenciado en noviembre de 2012, pero no ha sido notificado oficialmente acerca de la razón por la que se le dan 52 años de cárcel. Esa audiencia se ha cancelado al menos cuatro veces porque “no hay salas disponibles, porque los jueces tienen cosas más importantes que hacer o simplemente no dan ninguna razón”, dice la familia de León Marín, originarios del pueblo de San Martín Obispo, ubicado en el municipio de Donato Guerra, al sur del Estado de México.
El hermano del joven sentenciado recuerda que el día de la detención la policía ministerial llegó a la casa del joven y lo capturó con violencia. A ellos no les dijeron a dónde lo llevarían ni las razones de la detención. Tres días después, pudieron localizarlo en la cárcel de Almoloya.
-¡Ya valiste madres!- le dijeron los agentes mientras lo golpeaban en el tórax. Primero fue llevado a Toluca, pero la familia tuvo que buscarlo y pudo hallarlo gracias a una ficha de la Alerta Ámber que hicieron circular. Paradójicamente, esta alerta fue emitida a partir de una denuncia por desaparición que emite la propia instancia que lo detuvo, la Fiscalía mexiquense.
Todavía el detenido no sabía por qué estaba ahí, pero una semana después, en la primera audiencia, le hicieron saber los motivos. De acuerdo con la familia, León Marín apenas conocía a la mujer, y cuando ella denunció pudo reconocerlo porque obtuvieron su foto de un muro de facebook, pues ahí eran contactos. Así, a la mujer le presentaron varias fotos y ella señaló a tres.
El abogado del joven ha dicho que apelará la sentencia impuesta, que incluye además un pago a la presunta agraviada por 5 millones de pesos.
Este caso puede enmarcarse entre los cerca de 12 mil procesos que han terminado con personas inocentes cumpliendo una condena que no les corresponde. En el Estado de México es común que sucedan. Es tan común que ya se ha formado una organización llamada Haz valer mi libertad, que trata desde la presión pública, mediática y legal de ayudar a los injustamente presos. Esta organización es apoyada por el centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero, y además promueve la aplicación de la Ley de Amnistía. Docenas de familias se han unido a la organización en busca de una oportunidad para sus parientes, hombres y mujeres, que esperan que sus procesos por lo menos se revisen.
