Brenda Cano: diseño. Ramsés Mercado: imagen e información. Miguel Alvarado: texto.
Toluca, México; 21 de febrero de 2022.
Colectivas feministas, entre ellas la denominada “Nos queremos Vivas Neza, denunciaron al Poder Judicial del Estado de México por victimizar a mujeres a las que ha involucrado en procesos de investigación. Las colectivas señalan que ha vulnerado específicamente los derechos de Roxana Ruiz, una mujer que mató a su violador porque era la única manera de hacer frente a ese ataque.
El Poder Judicial emitió un comunicado en el que da por hecho que Roxana es culpable, sin que haya una sentencia de por medio. La joven, de 22 años, salió del penal de Neza-Bordo el 16 de febrero de 22. Estuvo detenida ahí nueve meses hasta que se consiguió que siguiera su proceso en libertad. Esto quiere decir que no ha sido juzgada, pero que afrontará su caso en libertad, lo cual marca una diferencia fundamental.
Roxana Ruiz fue violada y golpeada el 8 de mayo de 2021 en Neza por un hombre a quien ella apenas conocía de vista. La acompañó a su casa, luego de que Roxana estuviera un rato con amigas, tomando una cerveza, durante un festejo que ellas habían organizado. El hombre se ofreció a acompañarla y una vez en el domicilio, la violó y la golpeó. Ella se defendió utilizando una playera con la que ahorcó al hombre, a quien luego cortó para meterlo en un costal y en una bolsa negra. Cuando arrastraba los restos, la policía la capturó. Ella es una indígena originaria de Oaxaca, y desde el principio se explicó que se había defendido de su agresor, lo cual fue desoído por las autoridades, que le asignaron un defensor de oficio que dejó pasar plazos para la presentación de pruebas. Ella está vinculada a los delitos de homicidio simple y delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumaciones en el Código Penal del Edomex.
La Fiscalía del Edoméx acusó a Roxana de homicidio simple con el atenuante de “exceso de legítima defensa”. Hace cinco días, Roxana salió de prisión y ahora las colectivas señalan que el tribunal solamente considera las pruebas aportadas por la Fiscalía pero no considera las que aporta la defensa de Roxana.
La asamblea vecinal Nos queremos vivas, que forman parte de la organización Alerta Temprana Red presentaron un recurso de queja contra el comunicado del Poder Judicial. “Los antecedentes del caso que se plantean en dicho comunicado dan cuenta de la enorme carencia de elementos para juzgar con perspectiva de género. El proponer dichos antecedentes en una publicación de gran alcance establece una sentencia y una condena a priori. Exigimos que se elimine dicha publicación y en lo sucesivo este tribunal evite juzgar a personas en las redes sociales, pues de entrada está basando su comunicado en la versión de sólo una de las partes, la Fiscalía”.
La colectiva dijo que el uso de las redes sociales para juzgar a una mujer es algo sin precedentes. Señalaron que muchos jueces del Estado de México dictan resoluciones cuyos estándares ya han sido dictaminados por organizaciones internacionales de derechos humanos en lo que se refiere al ámbito de la prisión preventiva. En el Estado de México hay otros casos como los de Roxana, en los que no se justifica la necesidad de la prisión preventiva.
Cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) precisan que 60 por ciento de quienes se encuentran privadas de la libertad en reclusorios del fuero común y en instancias federales están sujetas a prisión preventiva, es decir, no tienen sentencia.
“En el caso de Roxana las autoridades sistemáticamente violan el derecho a la presunción de inocencia, independientemente de que a Roxana, en su calidad de mujer, le haya sido revocada la medida cautelar. La mayoría de los afectados por esta injusta decisión de poner en prisión preventiva a alguien sin sentencia, son hombres. Se critica en redes sociales que Roxana, por ser mujer, pudo obtener un beneficio, lo cual es falso. Lo que nosotros estamos estableciendo es que estamos en un momento histórico en el que la Corte ya ha declarado que la prisión preventiva no le sirve a esta sociedad, la prisión preventiva oficiosa no da garantías de reparación, no reivindica a las víctimas, al contrario, pauperiza aún más la situación de pobreza. Tenemos casos como el de Lozoya, a quien en un principio le fue concedido el beneficio de la duda, el derecho de presunción de inocencia y se le implantó un dispositivo electrónico de geolocalización. Pero tenemos personas pobres a quienes de inmediato, por un robo o por cualquier delito que se considera agravado, son sujetas a prisión preventiva”, señalan las voceras de la colectiva.
