Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño.

Toluca, México; 28 de abril de 2022.

Ayer, la Guardia Nacional y militares del ejército y la Marina se declararon en alerta en el Estado de México ante una “invasión” del Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuya presencia en la entidad, de acuerdo a fuentes del propio ejército estacionado en tierras mexiquenses, se “limitaba” a avanzadas o escuadrones que medían la fuerza de cárteles rivales como el de la Familia Michoacana, en el sur, o el de los Beltrán Leyva, que se ubica en el valle de México y sobre todo en Atizapán de Zaragoza, o bien intentaban concretar algún tipo de alianzas.

Los choques entre la Familia y los de Jalisco ocurrieron, sobre todo, en el Triángulo de la Brecha, durante los últimos tres años, y entre las bajas se contabiliza el asesinato de más de una veintena de agentes de la Fiscalía.

El aviso de los militares acerca de la entrada del Jalisco Nueva Generación va acompañado de una lista de narcotraficantes que trabajan en distintos puntos del Estado de México y de la recomendación de no salir a las calles o carreteras después de las 11 de la noche, a partir de hoy. Esta información fue enviada a delegados federales de la Cuarta Transformación y a la propia Fiscalía mexiquense, la cual atraviesa por sus muy particulares problemas.

El 10 de marzo de 2022 fue nombrado un nuevo fiscal, una propuesta del gobernador Alfredo del Mazo y que contó con el respaldo de todos los diputados locales, incluidos los de Morena, que conocían la trayectoria de este funcionario, un magistrado que nació en una cuna militar, pues es hijo del ex secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.

Siempre adusto, demasiado, su semblante refleja el estado en el que se encuentra la Fiscalía, que dejó el anterior encargado, Alejandro Gómez Sánchez, a quien el Órgano Superior de Fiscalización del Edoméx le ha encontrado diversos desvíos de recursos que sobrepasan los 150 millones de pesos y que serán dados a conocer una vez se terminen las averiguaciones.

También dejó una estructura en crisis, corrompida como siempre lo ha estado, con la diferencia de que esta vez tuvo a un sector de Morena que lo ha vigilado con lupa y ha enviado reportes puntuales a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo político principal, para el año que viene, es arrebatarle el poder al PRI.

En ese entendido, también se prevé que el fiscal Cervantes Martínez abandone sus funciones una vez se declare el triunfo del partido obradorista y comience una renovación de fondo y forma en el gabinete del equipo ganador. Ya sea con Alejandro Encinas – quien ya aceptó la postulación de los grupos anti-GAP de Morena y espera entregar en unos meses el resultado final de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa, su principal ocupación, para venirse al Edoméx, con la venia presidencial- o con la actual secretaria federal de educación, Delfina Gómez, el actual fiscal no tiene futuro, a menos que gane la alianza priista, que parece imposible.

Pero hoy es hoy, y la amenaza de los cárteles debe sumarse a la profunda descomposición social que se aprecia en el Estado de México desde el simple ejercicio de la nota roja. Eso, más la corrupción de las instancias que integran al gobierno mexiquense -Cámara de Diputados, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, la Fiscalía, entre otro- dan como resultado una entidad que necesita, por lo menos, de una refundación.

Nada más llegar, y presionado por los propios diputados, el fiscal Cervantes comenzó a cambiar la Fiscalía. Sin embargo, no se trató de ninguna acción de fondo, de ningún cambio. Ni siquiera hubo nuevos equipos de computación, que por lo menos tienen 15 años de antigüedad, pero sí la indicación de que se trabajara de 9 de la mañana a 9 de la noche, así como el cumplimiento de guardias de 24 horas para todos los ministerios públicos. Un equipo humano ya cansado, mal pagado y maltratado no rendirá mejor solamente porque se les amplíen las horas de trabajo, las cuales tampoco se pagarán.

En realidad, la acción de Cervantes implicó la investigación a 60 ministerios públicos acusados de corrupción y el nombramiento de otros directores de área, el 19 de abril. De acuerdo al periodista local Juan Gabriel González, Rodrigo Archundia Barrientos asumió como vicefiscal general; Rubén Durán Miranda será oficial mayor; Anahí Escudero Ayala, estará en la Coordinación General de Vinculación; Carlos Díaz de León será coordinador general de Servicios Periciales; Martín Marín Colín estará encargado de la coordinación de Asesores; Rogelio Enrique Valdez Valdez es ahora el secretario particular del fiscal Cervantes; Ángel Iván Lugo Colín, es director general de Administración y José Emiliano Montiel Hernández es el nuevo director general de Comunicación Social. Estos nombramientos, entre otros tantos, sucedieron también entre despidos y suspensiones de otros elementos.

Bien.

Las investigaciones a ministerios públicos corruptos -que no son sólo 60, sino un número significativamente mayor- desató también una oposición contra Cervantes que hacía unos años no se veía. Hace unos 12 años, una investigación similar destapó la cloaca que ya era la Fiscalía, que entonces se denominaba Procuraduría -le cambiaron el nombre, pero perversamente no hicieron ajustes que significaran algo en su estructura operacional- y detuvo algunas de esas investigaciones.

Ahora pasó lo mismo y comenzaron a desgranarse una serie de nombres que involucran a quienes investigan la corrupción en la instancia y los relacionan con el narcotráfico, los pagos de sobornos y la protección al crimen organizado.

Así, por ejemplo, jefes de la Policía de Investigación son señalados de recibir dinero y autos, y denuncian la adquisición hasta 30 casas que ponen a nombre de testaferros.

La reciente muerte de la joven Debanhy Escobedo, en Nuevo León, y el desaseo terrible, el descuido hasta macabro de las autoridades para investigar -seguramente concluirán que la chica cayó a la cisterna, que nadie la mató- obliga a voltear a ver, por enésima vez, la actuación de la Fiscalía en casos de desaparecidos, feminicidios, asesinatos y delitos contra la salud, lo que implica también la revisión de otros procesos que han dado como resultado la aprehensión de inocentes y su encarcelamiento.

Hoy en el Edoméx se denuncia el cobro de cuotas al crimen organizado y alianzas hasta con huachicoleros que implican a casi todas las direcciones de la Fiscalía, como la de Despliegue Regional; asesinatos por venganzas que ejecuta con total impunidad el narcotráfico y protección a coordinadores regionales implicados que no son investigados.

Esta corrupción implica además la protección a plazas de narco como Toluca y Metepec, así como a las de municipios como Cuautitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, Neza, Coacalco y de regiones del sur mexiquense como Tejupilco, Luvianos y Tlatlaya, por ejemplo. Se cobraba por alertar de los operativos que se diseñaban en la Fiscalía y antes de que se pusieran en marcha, los criminales ya sabían por dónde irían y quiénes estarían. La infiltración en la Fiscalía por el crimen organizado ha resultado, con el paso de los años, una operación de gran calado que perforó los cimientos más profundos de la instancia e involucró, de manera directa o indirecta, a empleados, jefes y directores. Si en la Fiscalía del Estado de México se realizara una investigación seria y efectiva, probablemente se quedaría sin la mitad de sus empleados.

¿Cómo se puede enfrentar una corrupción de ese tamaño si no hay la intención de hacerlo adecuadamente? La desarticulación y refundación de la Fiscalía no sucederá en este periodo, ni tampoco en el que sigue, aunque Morena obtenga el poder, porque le pasará lo que le pasa ahora a la Federación, que se encontró con que personal de las distintas instancias siguen trabajando para los antiguos patrones. Eso, sumado a la incapacidad de algunos altos funcionarios de la Cuarta Transformación, se ha mezclado en una nueva corrupción que en términos operativos es la misma de siempre.

La llegada del Cártel de Jalisco al Estado de México no representa una novedad. La entidad se dará cuenta porque se incrementarán las ejecuciones y los enfrentamientos, los cuales apenas podrán ser registrados, pero no resueltos y mucho menos combatidos.