Redacción VCV Noticias

Toluca, México; 29 de abril de 2019. Una Iniciativa de proyecto de decreto que expedirá una Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México fue presentada por la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss.

En la entidad no se tienen registros confiables sobre casos de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, de los cuales se recuerdan muy pocos.

Uno de los casos más recientes es el de Idelfonso Zamora, originario de San Juan Atzingo en Ocuilan, preso en noviembre de 2015 por denunciar a talamontes en la localidad donde vive. A él lo acusaron, con testimonios fabricados, de participar en un robo en 2012. Pero si él no fue asesinado, su hijo Aldo sí, también por defender la zona conocida como el Gran Bosque de Agua, que proporciona a la Ciudad de México el 75 % del líquido que allá se consume. Además, esa zona es rica en biodiversidad y fue declarada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) como una “Región terrestre prioritaria”.

A pesar de eso, cada año se pierden unas 2 mil 400 hectáreas de ese bosque pues los niveles de los acuíferos han bajado alarmantemente, la Ciudad de México ha invadido ya esa región y los talamontes no pueden ser detenidos. Ildefonso Zamora Baldomero era presidente de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, y desde 1998 se dedicó a la protección del medio ambiente. Denunció, junto con vecinos y afectados, la actividad de talamontes al gobierno de Arturo Montiel Rojas, pero éste nunca le contestó. Zamora denunciaba además que los operativos contra la tala ilegal eran una simulación, pues los detenidos eran liberados poco después y regresaban a los bosques para seguir talando.

La máxima expresión de la violencia se manifestó con el homicidio de Aldo Zamora Gómez, el 15 de mayo de 2007, derivado de una emboscada dirigida en contra de su padre, Idelfonso Zamora Baldomero, cuando transitaban por la carreta en dirección a Santa Lucía, municipio de Ocuilán, Estado de México. En el ataque también resultó herido el hermano de Aldo, Misael Zamora Gómez.

“Ildefonso nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En agosto del año 2016 Zamora salió libre después de que un juez federal señaló que no era responsable de los delitos que se le imputaban.

Otro caso referente a persecución y hostigamiento de activistas pro derechos humanos es el de los seis defensores del agua del pueblo de San Pedro Tlanixco, en Tenango, que permanecieron presos por 16 años acusados por el homicidio de un ingeniero que presuntamente pretendía llevarse agua de la comunidad en el 2003. Salieron libres el 5 de abril de 2019.

También defensores como Santiago Pérez Alvarado, quien protegía a mazahuas que defendían su agua, así como a ejidatarios que luchaban por tierras contiguas al Nevado de Toluca, sufrieron los embates de la “justicia”. Alvarado fue sujeto a proceso por el delito de secuestro equiparado pero finalmente no fue procesado.

Según la iniciativa de la diputada Cisneros, “una parte importante de la ausencia de información por parte de las procuradurías locales, deriva de la falta de fiscalías o unidades especializadas en la persecución de delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos”.

Los periodistas

En un país donde no se respeta nada ni a nadie, al periodismo se le considera uno de los oficios más peligrosos. En el Estado de México, la autocensura impuesta por los propios medios de comunicación, que se apegan a informar la agenda que plantean las instituciones todos los días, ha conseguido que no se ejerza la investigación periodística. El trabajo de casi todos los medios es considerado, en círculos especializados, como mediocre o inexistente y son reporteros de otros lugares quienes descubren y publican los grandes temas. Tan es así que Cisneros Coss apenas pudo documentar dos agresiones en contra de periodistas. El caso más destacado de agresión en contra de un comunicador lo protagonizó el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila, quien demandó al reportero Humberto Padgett por 10 millones de pesos, acusándolo de daño moral porque, según el ex gobernador, había dicho que participaba en orgías. Ávila ganó esa demanda en octubre de 2018 y Padgett fue condenado a pagar.

Para que pueda defenderse a los periodistas, es necesario que hagan periodismo. Y en la entidad, debido a la condicionante que significan los convenios publicitarios, de los cuales sobreviven los medios, resulta casi imposible.

Azucena Cisneros menciona el caso de Radio Calentana, y dice que “el 15 de diciembre de 2015 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), desmanteló y decomisó el equipo de transmisión de la radio comunitaria “Calentana Mexiquense”, en Luvianos, por emitir sin concesión. Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México y desde hace más de cuatro años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio. El 2 de agosto de 2014, el director de la radio, Indalecio Benítez, sufrió un atentado por parte de uno de los grupos del crimen organizado resultando muerto su hijo Juan Diego de tan solo 12 años”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice la diputada, ha señalado la falta de una ley que proteja a los periodistas, y por esa razón es que ella la ha promovido.