Brenda Cano: diseño. Miguel Alvarado: texto. Ramsés Mercado: imagen.
Toluca, México; 16 de noviembre de 2022.
Que la Fiscalía de Justicia del Estado de México ofrezca disculpas a los familiares de víctimas de feminicidio resulta tan impensable como que solucione, junto con el sistema judicial, los casos de feminicidio que se han denunciado. Por eso, que la organización Amnistía Internacional hubiera logrado que por lo menos para cuatro casos hubiera esa disculpa, suponía que el símbolo de ineficacia y corrupción en el que se han convertido la Fiscalía y en general los aparatos de impartición de justicia, podía doblegarse, plegarse a la ley y aceptar los fallos inconcebibles que han emitido a lo largo de los años. El día de esa disculpa era hoy, pero a última hora la Fiscalía canceló alegando que no había condiciones de seguridad para realizarla, ya que otros colectivos y otras víctimas habían reclamado que no se les incluyera en la ceremonia de desagravio.
Amnistía y las cuatro familias se quedaron con un palmo de narices, en la explanada del edificio de la Fiscalía. Ahí armaron carteles con las fotos de las mujeres asesinadas y pintarrajearon la endeble barda de madera con la que las autoridades rodearon a la estatua ciega de la Justicia, que envolvieron en plástico previendo que sería pintada. Pero que la envolvieran así terminó por enviar un mensaje más: que la Justicia en el Estado de México es inaccesible incluso desde sus ornatos.
Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez Florencio, una de las cuatro víctimas de feminicidio ante quien la Fiscalía se iba a disculpar, tomó un altavoz para hacerse oír todavía más. “La dignidad de mi hija, la dignidad de todas las familias me ha traído hasta aquí”, decía dando la espalda al edificio de la Fiscalía, que había bajado sus rejas metálicas para impedir los accesos. En esas rejas se colocaron algunas cruces pintadas de rosa y fotos de jóvenes asesinadas.
Lidia Florencia dijo que ya eran indignantes y graves todas la violaciones que se cometen contra el derecho a acceder a la justicia, y que las instituciones han maltratado una y otra vez a las víctimas, de manera metódica, como si se tratara de una violencia estructural que se ejecuta con un manual de instrucciones.
“¡Nosotros llevamos cinco años en esto porque el Estado le falló a Diana. Los fiscales, los ministerios públicos, los policías que la encontraron tirada como si fuera una basura en la calle en la que los asesinos decidieron dejarla. Y esas autoridades piensan que yo me voy a callar, que me voy a quedar sin hacer nada!”, gritó la madre de Diana, rodeada de su familia. Los funcionarios que le fallaron a Diana y a las más de 400 mujeres registradas como asesinadas en la entidad son indolentes, corruptos, cómplices y encubridores, y aunque eso es algo que ya se sabe, se dice siempre, se pueda o no se pueda.
Luego, la madre relata que esas autoridades gasearon y golpearon a la familia cuando protestaba, que más de 300 agentes se les fueron encima para intimidarlos.
“Hoy estoy aquí indignada, pidiéndole al fiscal José Luis Cervantes que dé la cara, que nos diga por qué no va a dar las disculpas porque el cuerpo y la memoria de mi hija fueron maltratados”, dijo después la madre, en tanto les gritaba “asesinos” a las autoridades.
Y es verdad. Tanto como el informe de Amnistía Internacional, que vapulea y exhibe a la Fiscalía y su ineficacia.
El Informe de Amnistía
Realizado en 2021, ya había sido presentado en público y desde entonces, para el Estado de México y sus víctimas nada ha cambiado.
El informe puntualiza que “en el año 2020, en México se registraron 3 723 muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios”, y señala que el Edoméx es la entidad más poblada, con 17 millones de habitantes, así como el primer lugar en calidad comunitaria, la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y la que tiene el índice de impunidad más alto. Los feminicidios que ocurren aquí superan en brutalidad a los que sucedieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace 30 años.
AI eligió tres casos: el de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; el de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y todavía en paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; el de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y el Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.
Al investigarlos, junto con los procesos judiciales que las autoridades mexiquenses han seguidos, AI descubrió tres puntos fundamentales:
El primero, refiere que “en las investigaciones, las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos”, y dice que esto sucede por tres causas. La primera es que no se inspecciona bien el lugar de los hechos. En segundo lugar, no se resguardan adecuadamente las evidencias recolectadas y por último no se realizan o no realizan a tiempo algunas periciales diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”.
Luego pone ejemplos: “en uno de los casos documentados en este informe se perdió la soga y la agujeta que se encontraron en la escena del crimen (utilizadas supuestamente para provocar la muerte) y no se resguardó correctamente la ropa que estaba en el lugar de los hechos, perdiendo una chamarra con restos de sangre, y tampoco se realizaron los estudios de raspado de uñas y fosfatasa ácida para determinar señales de defensa y una posible agresión sexual respectivamente. En la misma línea, las autoridades que participaron en la investigación de otro de los feminicidios documentados no analizaron ni resguardaron la ropa que llevaba la víctima y actualmente se desconoce su paradero. Asimismo, es frecuente que no se pidan rápidamente las imágenes de las cámaras de videovigilancia del último lugar en el que se vio a la mujer con vida, provocando la pérdida de las grabaciones porque estas suelen tener un límite de almacenaje de entre 15 y 20 días”.
Otros dos puntos fundamentales en el desempeño de las autoridades tienen que ver con la insuficiente investigación que se realiza, porque no se abordan todas las líneas ni se ejecutan las diligencias necesarias. “La inacción de las autoridades es particularmente grave en la etapa en la que la mujer se encuentra desaparecida, porque de ello depende la posibilidad de encontrar a la víctima y de encontrarla con vida. Así, por ejemplo, se ha constatado que en ocasiones las autoridades no aceptan la denuncia por desaparición en las primeras horas, bajo el argumento de que hay que esperar 72 horas, a pesar de que la normativa nacional e internacional establece que deben tomarse acciones de búsqueda inmediata al momento en que se tiene conocimiento de la desaparición”, dice el informe.
Por último, AI señala que la perspectiva de género no se aplica correctamente y no se realizan exámenes o pruebas como las del raspado de uñas o el exudado vaginal. Además, hay casos que se hacen pasar como suicidios y no investiga el entorno de la víctima, a la que se le estereotipa y se le culpabiliza.
AI concluye que la búsqueda de justicia “requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente”, pero además en el Estado de México “buscar justicia es peligroso”.
El crimen organizado
Una investigación del académico Víctor Manuel Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, da un norte en el informe de AI, y señala que “la presencia del crimen organizado en el Estado de México se ha extendido e intensificado en la última década, y entre 2009 y 2017 se pasó de tener dos organizaciones criminales en la zona a tener un total de 14, operando en 96 municipios de la entidad federativa […]. Además, la respuesta del Estado mexicano, el cual ha optado por la militarización de la seguridad, ha tenido también un impacto en el aumento de los homicidios en el país, tal y como han puesto de manifiesto estudios previos. En relación con la violencia contra las mujeres, alrededor del año 2010 empezaron a visibilizarse en la zona oriente del Estado de México una serie de feminicidios que presentaban algunas características similares entre sí, como el hecho de que las mujeres provenían en su mayoría de áreas marginales y con escasos recursos, eran desaparecidas durante un periodo de tiempo y los cuerpos eran encontrados arrojados en la vía pública, con desmembramientos y signos de tortura y violencia sexual extrema”.
En el Edoméx, precisa AI, existe dos alertas por violencia de género, así como mecanismos para que las instancias de gobierno enfrenten y erradiquen ese tipo de violencia. “A pesar de las alertas decretadas, la violencia feminicida sigue siendo un grave problema. En 2020 se reportaron 2 mil 59 desapariciones de mujeres (el 5.6 por ciento sigue no localizada o desaparecida, el 93 por ciento fue encontrada con vida y el 1.4 por ciento sin vida). Además, se registraron 253 homicidios dolosos de mujeres y 150 feminicidios. El Estado de México es la entidad federativa con mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por feminicidio en términos absolutos y la onceava en términos relativos, con una tasa del 1.68 por cada 100 mil mujeres (la tasa a nivel nacional es de 1.44)”, dice AI.
Un comunicado de la Fiscalía dijo despu´és que cancelaba el acto de perdón porque quería «sumar la mayor representatividadde víctimas y víctimas indirectas y muy destacadamente aquellas que son motivo del acto en cita». Sin embargo, no propuso ninguna fecha tentativa. «Próximamente», dijo la dependencia, como si se trata de un estreno cinematográfico.
