Miguel Alvarado
Toluca, México; 11 de noviembre de 2019. Los niveles de violencia en el mundo se han disparado de manera incontrolable. Lo mismo ha pasado en nuestro país, donde el fenómeno, que se pensaba no podía ser más cruento ni sanguinario, ha rebasado cualquier medición. Pobreza, desigualdad, corrupción, una impunidad medida en 98 por ciento y una educación endeble se suman a los factores que componen a la Delincuencia Organizada Trasnacional (DOT), y que no son otros que las industrias extractivas, los cárteles de la droga, los extractores de combustible, la maña, el sindicalismo charro, los sicariatos, los partidos políticos, algunos medios de comunicación y los tres niveles de gobierno. La profusa penetración que han logrado estos elementos en la sociedad marca ahora el derrotero de nuestro país, que se desbarranca en un ambiente de “cero dinero”, “cero justicia” y “cero esperanza”, lo cual es el resultado de la práctica de los necropoderes en que se han convertido los elementos sociales públicos.
La Cuarta T no ha podido pero tampoco ha querido cambiar nada a profundidad. Su primer año se ha reducido a la exploración de un territorio absolutamente corrompido cuyo poder no se encuentra en la legalidad ni en el poder público, sino que los trasciende y todavía más, los utiliza porque los hace participar. En México, acceder al poder público también significa el acceso al erario público pero eso es muy diferente de poder utilizarlo de manera correcta adecuada. Se llaman poderes fácticos, dicen unos, los que impiden los cambios de rumbo. Los espejos latinoamericanos de Bolivia y Chile son -ambos- un desesperanzado oráculo para los mexicanos, incapaces de defenderse porque no encuentran razones ni líderes que expliquen las razones de la feliz pobreza, del boyante mercado de ejecuciones y secuestros en el que está sumida la sociedad.
¿Cómo se puede vivir en un país como este, que deja pasar todos abusos, los que sean, e incluso los convierte en una especie de ejemplo aspiracional?
Toluca, la capital política de Enrique Peña y el Grupo Atlacomulco por mucho años, atraviesa una de sus peores crisis de seguridad. La reaparición en el valle de Toluca de la Familia Michoacana, la Empresa o el Sindicato, como también les gusta que los llamen, ha confirmado una guerra soterrada por plazas y control del paso de droga entre los de Michoacán y la Barredora de Acapulco. A principios de julio de este año la Barredora ejecutaba a tres hombres, en acciones separadas y casi al mismo tiempo, entre Tejupilco y Tlatlaya, dos más eran asesinados por la Familia. Estos muertos no son nada en términos de sangre y carnicería si se recuerdan los enfrentamientos suscitados hasta 2014 en la ranchería de Caja de Agua, en Luvianos, donde en tres oportunidades los encuentros dejaron cerca de 150 muertos. Nadie lo reportó, nadie dijo nada, menos que quienes también participaban soldados, marinos y policías federales.
FM son las siglas de la Familia Michoacana, que domina aquella región desde hace media década y cuyas actividades se han diversificado. La mención en la narcomanta de “la empresa” alude también a la estructura que ha formado el cártel para controlar los sindicatos de la construcción, así como la ramificación que cobra los derechos de piso. La Familia en el Edoméx es liderada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Fish, buscado por las fuerzas armadas desde que mató a un teniente de corbeta durante una persecución, en el poblado de Liberaltepec, Guerrero, en 2014.
Según el Mapa de Delincuencia en México, Toluca registra, desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, 43 homicidios y una tasa anualizada 8.9, mientras que Metepec tiene 6 homicidios y una tasa de 4.9; San Mateo Atenco, 5 homicidios y una tasa 11.8; Zinacantepec, 15 y una tasa de 14.3.
Eso, sin embargo apenas dice algo. Para 2016 la Familia Michoacana tenía presencia en 73 municipios mexiquenses y sus líderes estaban bien identificados: Johnny Hurtado en Tlatlaya y Arcelia, este último municipio de Guerrero; Reinaldo Mateo Cruz en Cuautitlán Izcalli; José de Jesús Méndez Vargas en Ecatepec; José María Chávez Magaña, en Luvianos; Bulmaro Salazar Blas, en Tejupilco y Zenón Jaramillo Maldonado en Valle de Bravo son apenas algunos de los nombres visibles que regenteaban ese narcopoder. Hoy, algunos están presos o muertos pero otros ocupan la comandancia. Lo mismo aparecían los Templarios, el cártel de Jalisco, el de Sinaloa y el del Golfo en distintas partes del Edoméx, que representa un lugar de producción, pero sobre todo el paso de ciertas drogas provenientes de Acapulco, Guerrero y de armas, porque la Tierra Caliente mexiquense forma parte de la larga línea de tráfico que tiene su origen en Washington, Utah y Colorado, y que se interna en México recorriendo la costa del Pacífico, hasta la frontera sur, donde elige para pasar a Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Estas cifras y esas rutas se reducen a veces a casos como el del Monstruo de Toluca, un multiasesino cuyo destino podría ser, incluso, aparecer muerto porque en círculos de la policía local se sabe que es un hombre protegido por algunos grupos. Si eso se confirmara, la captura con vida del asesino significaría la revelación de un tinglado de corrupción, droga y trata que presuntamente hay detrás de él. Y entonces.
