Miguel Alvarado

Toluca, México; 20 de agosto de 2019. La implementación de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, el 31 de julio de 2015, se realizó de manera inadecuada y aún faltan por ejecutar mecanismos que consigan detener el creciente número de feminicidios en la entidad.

Por más de cuatro años la exigencia de implementar una Alerta de Violencia de Género para tierras mexiquenses fue ignorada, primero por el entonces gobernador Enrique Peña y después por el siguiente mandatario, Eruviel Ávila, quien dijo que había cosas más importantes que atender. La razón para ignorarla era política, pero de la más aberrante, porque laimplementación de la Alerta de Violencia significaba aceptar oficialmente que los programas de seguridad estatales habían fracasado, así como los encargados de ejecutarlos. Se necesitaron dos juicios de amparo para que la Alerta fuera implementada, pero en esa misma solo se incluyó a 11 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

El informe “Alerta de violencia de género. Estado de México 2019. Dictamen Ciudadano, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la organización civil Católicos por el derecho a decidir, elaborado por Xipatl Contreras y Ana María González, concuerda en que “había grandes ausencias normativas, falta de georreferenciación de la violencia feminicida, así como en los protocolos de actuación para la investigación de feminicidios, mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, y atención a la violencia, entre otros; carencias avaladas por la invisibilización de la problemática, la falta de personal capacitado y sensibilizado, los grandes vacíos institucionales, la omisión, corrupción, que en suma obstaculizaban el acceso a la justicia; pero también perpetuaban las condiciones de inseguridad e impunidad”.

Algunas de las cifras que ha recogido el Observatorio son reveladoras y proponen un panorama que ha rebasado cualquier estrategia de gobierno. Por ejemplo, entre 2015 y 2018, de las 626 mujeres asesinadas en la entidad, apenas al 47 por ciento de ellas se les inició una investigación por feminicidio, y de estas, apenas al 10 por ciento -29 casos- tenían sentencia.

Otros datos recabados por el Observatorio indican que entre 2011 y 2016, el incremento de la violencia en mujeres de 15 o más años fue de 14.9 por ciento en lo que se refiere a violencia física, y de 24.3 por ciento en lo que se refiere a la sexual. En realidad todos los índices de violencia subieron, pues la emocional, para 2016, escaló de 55.3 a 65 por ciento y la económica y patrimonial pasó de 43.2 a 48.9 por ciento.

Según la Fiscalía del Estado de México, todos los índices escalaron excepto el de violencia sexual, lo cual contrasta con los números del Observatorio. De todas formas, sus números van ala alza, pues para septiembre de 2016, en la entidad había 52 feminicidios y para julio de 2018 se registraban 68. Asimismo, en el mismo periodo, el abuso sexual pasó de mil 265 a mil 454, y el acoso sexual de 242 a 276 casos.

A los datos anteriores se debe sumar que para 2018 la entidad mexiquense ocupaba el primer lugar en desapariciones de mujeres, con mil 790 casos oficialmente registrados, casi el doble de las presentadas por cualquier otro estado. Según el Observatorio,el 11 por ciento de las desapariciones que se han reportado en el país, hasta enero de 2018, corresponden al Estado de México, de las cuales 46 por cientoson de mujeres, niñas y adolescentes. “La mayoría de los casos reportados de mujeres desaparecidas se ubica entre los 15 y 17 años, (31% del total), seguido por el rango de los 10 a los 14 años (16%). El diagnóstico señala que los casos de menores desaparecidas pueden estar ligados con la trata de personas”, apunta el estudio.

El informe propone también una estrategia para apuntalar la endeble estructura en la que está sostenida la Alerta de Violencia de Género, la cualdice que se debe realizar una revisión profunda de toda la información que existe respecto al fenómeno y los casos que lo conforman, así como a protocolos de acción. Señala también que es imprescindible retomar las experiencias del propio Observatorio, pues ha trabajado con víctimas de manera cercana y conoce los procesos legales, de asesoría, capacitación y fiscalización de instancias estatales y municipales.

Algo que apenas se hace o por lo menos se le pone mayor énfasis, es el trabajo conjunto de familiares y autoridades, pues se deben evaluar las prácticas institucionales, la atención del funcionariado, y el debido reconocimiento del proceso de acceso a la justicia.

Desde que la marcha contra la violencia, que se presentó en algunas ciudades del país, se han registrado hasta hoy 17 asesinatos en contra de mujeres, según un recuento del diario Milenio, lo cual apenas da una idea de la gravedad del problema, pues los casos denunciados apenas representan entre el 4 y 6 por ciento del total de los que suceden. El estudio del Observatorio concluye, entre otras cosas, que la Alerta de Violencia de Género ha sido modificada y adaptada sobre la marcha, lo cual quiere decir que no hay una planeación adecuada ni la estructura necesaria para que funcione, lo que implica una regulación imprecisa, así como pocos recursos humanos y económicos.