Miguel Alvarado: texto e imagen. Brenda Cano: diseño.

Toluca, México; 5 de octubre de 2022

El ejército mexicano ha clasificado a la normal rural de Ayotzinapa y al Comité de Padres y Madres de Familia de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, como peligrosas para Guerrero, y las incluye en una categoría en la que también aparecen grupos del narcotráfico y delincuencia organizada. Esto, de acuerdo con la “Agenda Delincuencial y Social. Estado de Guerrero”, publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno federal mexicano, en febrero de 2020, clasificada como confidencial. En ella, culpa a las organizaciones sociales y a la normal rural de alterar a la población y afectarla en sus actividades cotidianas porque “les impone sus reglas”. El ejército responsabiliza a estas organizaciones de la migración de los guerrerenses que escapan de la violencia “ante la amenaza de perder sus bienes por la acción de grupos criminales o cambiar sus días habituales por las organizaciones sociales”.

En ese documento, la milicia dedica una sección a analizar al comité estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayoztinapa, y lo ilustra con una foto a color del secretario general de la normal de 2019, Alfredo Conde Carmona. Al comité lo describe como el causante de marchas, bloqueos, tomas de casetas y retención de autobuses. Lo mismos sucede con el Comité de Padres, a los que ubica dentro de un activismo constante para hallar a sus desaparecidos.

Una de las acciones que el ejército implementa para “combatir la inseguridad”, es “detectar a personas con antecedentes negativos y vínculos con organizaciones delictivas, grupos criminales, activistas y personal dedicado a realizar actividades ilícitas”, y que además intenten ingresar a cualquiera de los cuerpos armados de seguridad.

El ejército señala en otro párrafo que “el estado de Guerrero ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales y sociales han creado un clima de violencia, inseguridad e incertidumbre entre la población.

Además, a la escuela normal y al comité, el ejército los llama “disruptivos” y enlista, entre las organizaciones sociales más importantes, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), a la organización priista de choque Antorcha Campesina, al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y al Frente Popular de la Montaña (FPM).

En el mismo nivel, el ejército señala que en esa entidad ha registrado 5 organizaciones delictivas y 16 grupos locales, distribuidos en tres regiones: Acapulco, Centro y Norte. El Cártel del Pacífico, el de los Beltrán Leyva, el Jalisco Nueva Generación, los Templarios y los Guerreros Unidos son colocados en el mapa de la entidad como amenazas, junto con grupos de autodefensas que se localizan en 62 de los 81 municipios. A las autodefensas las califica de “pseudopolicías quienes han desestabilizado a la sociedad, en la mayoría de las ocasiones por sus nexos con la delincuencia organizada”.

Para combatir a esos peligros, la Sedena había desplegado en ese entonces a 6 mil 790 efectivos; la Marina a mil 62 elementos y la Guardia Nacional a mil 520 personas, que se sumaron a 3 mil 620 policías estatales y a 5 mil 985 policías municipales.

Los soldados insisten en que “el principal factor que afecta (a la inseguridad) es la delincuencia organizada, quien ha encontrado su base de apoyo social en sectores vulnerables (bajos recursos económicos, desempleados, pobreza, bajo nivel educativo) de las localidades donde tienen presencia. Acerca de las autodefensas, la milicia señala que realizan actividades ilícitas como la extorsión, el secuestro y el robo. “Mientras las autoridades estatales no apliquen los lineamientos establecidos en la Ley de Seguridad Pública del estado, las organizaciones delictivas continuarán proliferando a las pseudopolicías comunitarias, para que atiendan sus intereses, ya que actualmente los vínculos que mantienen con citadas pseudopolicías, les ha beneficiado para sus actividades ilícitas en las áreas en donde mantienen presencia”, dice el argumento en el que se basa el documento, que además alinea a 20 organizaciones comunitarias con “intereses de grupos delictivos”.

La responsabilidad del ejército en la desaparición y ejecución de los 43 normalistas ha ido tomando forma desde 2014. Resulta paradójico que ellos mismos hayan “ayudado” a investigarse cuando su participación está más que probada, a pesar de la reticencia del gobierno, de la Comisión para Verdad de Ayotzinapa y de la Fiscalía General de la República para fincarle responsabilidades como instancia o dependencia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha preferido señalar a 4 responsables y obviar que los mandos superiores no sabían de los sucesos. Por eso, no se llama ni a declarar al ex secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos ni al anterior comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña, además ex presidente de México.

Llama la atención que éste sea un documento avalado por la administración que encabeza el presidente AMLO -quien se ubica él mismo en una posición de izquierda- porque resolver el caso de Ayotzinapa y sus 46 ejecuciones o desapariciones, es el compromiso más emblemático de él y de su gobierno. La noche del 4 de octubre de 2022, el Senado de México aprobó que el ejército se quede en las calles del país y se haga cargo de la seguridad pública hasta 2028. Unas semanas antes, se había aprobado, además, la integración de la Guardia Nacional al ejército, que se hará cargo administrativa y operativamente de este cuerpo, creación de AMLO, lo cual quiere decir que se militarizará.

En esas decisiones a favor de la militarización de la GN y de que el ejército se mantenga en las calles, votaron a favor senadores como la guerrerense Nestora Salgado, antaño una activista contra los abusos de las fuerzas armadas y de seguridad pública; de Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de aquella entidad y sobre quien recaen las decisiones importantes dele se gobierno; y de Delfina Gómez, aspirante de Morena para la gubernatura del Estado de México. También a favor del ejército votó el diputado Manuel Vázquez Arellano, un ex normalista de Ayotzinapa involucrado con Morena y que se desempeña como diputado federal plurinominal.

En medio, además, de delaciones provenientes de la Fiscalía General de la República que ha filtrado documentos del caso de Ayotzinapa a medios, de renuncias de funcionarios como el ex fiscal especial Omar Gómez, de una defensa a ultranza del propio AMLO a favor del ejército y de una filtración de más de 4 millones de documentos de la Sedena, conseguida por Guacamaya, un grupo de hackers, aparece esta agenda, que criminaliza a la normal y a sus estudiantes.

Los más de 4 millones de documentos que filtró el colectivo Guacamaya contienen información de las actividades del ejército en todos los ámbitos, desde compra de medicinas hasta su participación en ejecuciones durante operativos. Ayotzinapa es un tema que los medios de comunicación con acceso buscan ahora, pues ocho años después el mecanismo que permitió los hechos del 26 de septiembre de 2014 cada vez más encuadran una responsabilidad letal del 27 Batallón de Infantería, acantonado en Iguala. El documento mencionado en esta nota pudo conseguirse gracias a esa filtración.

El documento completo, sin censura, puede consultarse en el siguiente link.