Miguel Alvarado: texto. Ramsés Mercado: imagen e información. Brenda Cano: diseño.
Toluca, México; 25 de agosto de 2022.
-Mi hija fue asesinada el 20 de junio de 2020 y hasta la fecha no hay detenidos. Ni siquiera tenemos una orden de aprehensión, ni tampoco hay una línea de investigación. Todos los datos que tienen del asesino es porque yo me metí a donde mataron a mi hija. A ella la asesinaron en Tlalnepantla, en Los Reyes Iztacala. Le dieron un balazo en su cabeza. Y todas las evidencias que tienen se las he dado, pero aún así ellos no tienen una línea de investigación que por su iniciativa hubieran generado. No hay ni orden de búsqueda- dice Mauricio, el padre de la joven Fernanda Zabalza, en un plantón de protesta que organizó junto con su familia para exigir algo que cada vez es más escaso en el Estado de México, y que es la justicia, el acceso a ella y su correcta aplicación.
Ellos son integrantes del colectivo Verdad y Justicia, que reúne a familias a las que les han asesinado o desaparecido algún integrante.
Lo que sucede con el caso de la joven no puede ser más elocuente. En la explanada de la Fiscalía la familia ha dibujado en el piso el símbolo que representa al género femenino, del cual de desprenden 14 retratos de mujeres desaparecidas o asesinadas en la entidad. No es la única figura que se ha convertido en un símbolo de la muerte feminicida. Otras personas también armaron cruces con los rostros de otras mujeres. Este piso de concreto no es tan duro ni áspero como la muerte que sufrieron estas mujeres, que vivían en la entidad más feminicida del país.
El principal sospechoso es el ex novio, dice el padre, quien señala que está recluido en Cuautitlán Izcalli, acusado de un secuestro. Y aún así, la Fiscalía señala que no lo puede acusar. Una de las evidencias con las que se contaba era el celular de la joven, que fue intervenido de manera ilegal.
-Esa intervención ilegal fue realizada en la Fiscalía”, afirma el padre, quien señala que ha tenido cuatro entrevistas con Dilcya García, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia, y siempre me dice lo mismo: “no se preocupe, vamos a agarrar al cabrón que mató a su hija”. Está muy bien, pero lo que no me dijo es cuándo.
La familia lleva dos años y tres meses protestando en distintos lugares del Estado de México y lamenta que los casos simplemente se queden en las oficinas de funcionarios como la fiscal. Los padres señalan que si es necesario, acudirán con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
-A las fiscalías les vale, no sirven de nada, no sé por qué están esas instancias si no trabajan. Por ejemplo, para hacer un dictamen acerca del calibre del balazo que le dieron a mi hija, se tardaron 8 meses y así se tardan en todos los procesos. Nos maltratan cuando vamos. A mí me citaban hoy, porque mi hijo y yo hemos recibido amenazas en nuestros celulares. Yo lo denuncié y me dijeron que no podían hacer nada porque el teléfono de donde provino aquello estaba apagado. ¡O sea! ¿Qué hago?- acusa el padre.
La familia ha solicitado medidas de seguridad y por ahora cuenta con un botón de pánico, pero eso no le garantiza nada. Lo que hizo, en cambio, fue encerrar al joven porque no hay ninguna forma de protegerse. Esto significa que ahora la familia está prisionera en su propio hogar.
Fernanda tenía 19 años y había salido a arreglarse las uñas, pero ya no regresó. Ella fue hallada después, con un disparo en la cabeza. Estudiaba pedagogía y vivía en el rumbo de Atzcapozalco. Era madre de un niño que en ese entonces tenía tres años. Al momento de su asesinato, iba acompañada por alguien, que la ejecutó cuando ella salía de una tienda en donde había comprado un pan y un yogurt.
Al menos siete casos similares al de Fernanda, y que también implican violaciones y pagos de daños, así como juicios que no tienen perspectiva de género, no se atienden de manera adecuada.
