Miguel Alvarado

Toluca, México; 25 de noviembre de 2019. Así ha sido siempre. La aplicación de la justicia favorece casi siempre a quienes pueden pagar por ella o a quienes representan algo para el Estado o el gobierno en turno. La valía de cada ciudadano está determinada hasta por efectos mediáticos. El domingo 24 de noviembre el actor de series de narrativa narca, Alejandro Sandí, fue a pasear con dos amigas, las conductoras y actrices Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde al Nevado de Toluca, en realidad el bosque del volcán Xinantécatl, un área muy visitada por el turismo a pesar de que hace años ha presentado serios problemas de inseguridad por la presencia de talamontes y aun del narco. Es también un lugar en el que, dada su lejanía, los secuestrados express son abandonados ahí, como pueden constatar muchos toluqueños que han pasado por esa experiencia.

A Sandí, según refieren sus acompañantes, lo levantaron mientras estaban en el volcán. Les robaron todo, dicen, y de paso se llevaron al actor. Casi al mismo tiempo, en otra parte del volcán, secuestraban a un turista francés, Frédéric Michel.

Dos secuestros, pues, que se suman a la violenta embestida de la inseguridad, que ha transformado a Toluca en la versión más violenta de ella misma en su historia, por lo menos en la historia reciente, pues no se recuerda una etapa tan cruda, tan llena de sangre para la ciudad. Para localizar a estos dos secuestrados, el gobierno del Edoméx movilizó a las fuerzas de seguridad en menos de 24 horas. El volcán, hoy, fue peinado también por soldados y elementos de la Guardia Nacional y todo eso acompañado por el pronunciamiento del gobernador Alfredo del Mazo.

Hasta aquí, este es un ejemplo de cómo deberían reaccionar las autoridades ante casos así. Rebasados hace mucho, los encargados de la seguridad y la justicia no pueden hacerlo. Pero a veces, quizá con demasiada frecuencia, no pueden y no quieren. La intromisión del crimen organizado en las estructuras de gobierno y la propia corrupción impiden que se trabaje de manera adecuada y que muchas otras cosas parezcan, y de hecho lo sean, una cruel simulación.

Hoy por la mañana el caso de los secuestrados era tomado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el impredecible Alfonso Durazo Montaño, quien dijo que todo estaba “bajo control” y que los secuestradores se habían comunicado para pedir rescate por ambos. Muy sonriente, cerró el tema, porque a la una de la tarde los involucrados ya estaban a salvo en sus domicilios.

No pasa lo mismo con todos, ni siquiera con lo casos que hasta por razones de su tamaño, de su macabra espectacularidad lo ameritan. El ejemplo de los asesinatos perpetrados por Óscar García Guzmán, el Monstruo de Toluca, es el ejemplo más acabado de la división de México entre ciudadanos de primera y los prescindibles. Los asesinatos contra las tres mujeres halladas el 31 de octubre de 2019 en la colonia Villas de Santín, en Toluca, demostraron la falta de tacto, la incongruencia de la Fiscalía mexiquense y la deshumanización de las instancias de justicia. Fue tal el circo -pero en cuyas pistas había tres cadáveres-, que el asesino se dio el lujo de llamar a policías municipales para que desalojaran a los padres de una de las chicas muertas, con el argumento de que “lo estaban molestando”.

Ese triple homicidio también reveló lo que pasa con los casos denunciados por asesinato. Nada, eso es lo que sucede. Y esto se puede decir de manera inequívoca porque la ubicación satelital de una de las víctimas del Monstruo, Martha Patricia Nava Sotelo, desaparecida en Huixquilucan el 9 de febrero de 2019 en Huixquilucan, daba también en el domicilio de Óscar García Guzmán. Ese dato fue ignorado por las autoridades cuando la familia de la chica se los proporcionó. Ella desapareció, según los reportes oficiales, en la colonia San Melchor, de Huixquilucan, un municipio hacia el que apuntan algunos nexos del Monstruo, cuyas raíces parecen estar allá.

La liberación de los secuestrados se trató, más bien, de un asunto de pagos en el que intervinieron las autoridades, que no explicaron absolutamente nada. Que las unidades antisecuestros intervengan para mediar resulta tambiénn sintomático de algo.

Que nadie esté a salvo en este país es preocupante, pero lo es igualmente que el acceso a la justicia no sea igual para todos.