Miguel Alvarado: texto. Ramsés Mercado: imagen e información. Brenda Cano: diseño.

Toluca, México; 28 de junio de 2022

A Mariana Lima Buendía la mataron hoy, hace 12 años en Chimalhuacán y desde entonces su asesino no ha recibido una sentencia. A Mariana Lima la mató su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un comandante de la policía judicial de esa zona. Mariana tenía 28 años apenas.

Hoy, su familia sigue exigiendo que la justicia llegue y que se dicte una sentencia en contra del feminicida. Sobre todo su madre, Irinea Buendía Cortés, reclama que incluso el asesino pueda salir libre, después de que desde el 2016 no hay forma de que se castigue al responsable, en parte porque este caso fue abordado desde un antiguo sistema penal, el cual fue modificado después, pero no incluyó a Mariana. Por eso los jueces de acercan al caso solamente desde los expedientes que se encuentran en papel.

Pero el feminicidio de Mariana es emblemático para México porque ya se había cerrado y pudo reabrirse desde una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que ordenó una nueva investigación.

El caso de Marina ya había sido cerrado porque había sido investigado como suicidio. Y eso se hizo porque así lo había denunciado el culpable, Julio César Hernández Ballinas. El 29 de junio, un día después de la muerte de la joven, él le comunicó a su madre que ella se había suicidado.

Pero la familia nunca le creyó porque además sabía, por relatos de ella, la violencia a la que era sometida por el policía. Un día antes de su muerte, Mariana le había platicado a su madre que terminaría la relación con su esposo debido precisamente a la violencia imperante.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Irinea Buendía y su esposo “iniciaron un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio”. A esa decisión se le conoce como Sentencia Mariana Lima.

En 2016 esa nueva investigación halló al policía responsable del feminicidio. Fue capturado el 23 de junio de 2016, pues el hombre se había fugado, y desde entonces está preso. Preso, sin sentencia y con un poder que llega a la calle. ¿Quién ha amenazado a la familia de Mariana al punto de que debieron abandonar su hogar y convertirse en desplazados, protegidos en lo que se puede por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)?

​El Observatorio de Feminicidio recoge las razones por las que la SCJN decidió reabrir el caso:

​1) Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva lde género y con base en los estándares internacionales más altos.

 2) En todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia.

 3) La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.  

​En realidad, la investigación de la extinta Procuraduría de Justicia del Estado de México fue realizada con alevosía y la familia de Marina sostiene que influyó que el presunto asesino trabajara en la policía. La zona del asesinato no fue precintada, tampoco se conservaron probables pruebas y fue cerrado en 2012 cuando las autoridades concluyeron que había sido suicidio.

La SCJN también señaló patrones de impunidad, que enumera la reporte Alicia Mendoza:

• “Policías, peritos y agentes del Edomex cometieron obstrucciones, negligencias y omisiones.
• No se encontró el cordón con el que supuestamente se ahorcó Mariana.
• No revisaron formalmente todas las pruebas o si tenía otros golpes.
• No hubo examen ginecológico y tampoco hay fotos claras del cuerpo de Mariana.
• Tampoco analizaron el contexto de violencia, pese al relato de la madre”.

Hoy en Toluca, Irinea Buendía grita frente a la sede del Poder Judicial, en el centro de la capital: “Mariana Lima fue vilmente asesinada por su esposo, el hombre que dijo amarla, que juró respetarla y protegerla se convirtió en su propio verdugo. Hace doce años que la vi por última vez, doce años que denuncié la violencia en la que vivía mi hija. Él era un policía judicial del Estado de México que fue protegido por las autoridades de Chimalhuacán y por la propia Procuraduría en un afán de tapar la cloaca que existe en Chimalhuacán y que sigue existiendo. A doce años de que mi hija fue asesinada nada ha cambiado”.

También, dijo la madre, se trata de reparar el daño causado por las autoridades, que deben procurar la capacitación del personal en la administración de justicia en perspectiva de género, porque no se investiga bajo esa lupa, la cual no se toma en cuenta.

“Los dictámenes que tenemos nos muestran que el esposo estaba en el lugar de los hechos y que él asesinó a mi hija. El dolor no permite seguir hablando”, dijo la madre al final.