Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño. Imagen: Sedena.

Toluca, México; 10 de mayo de 2022.

La llegada de 135 elementos de ejército mexicano y de la Guardia Nacional al Estado de México, a partir del 8 de mayo de 2022, supone que los municipios con mayor presencia delictiva tendrán patrullaje especial. Esto, después de que el 4 de mayo pasado un ejército de paramilitares atacara oficinas de la Fiscalía del Edoméx, con saldo oficial de dos agentes heridos, aunque algunos integrantes de la Fiscalía señalaron que había hasta siete muertos. Este arribo fue anunciado por las comandancias de la Primera Región Militar y de la 22 Zona Militar. Estos elementos pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional, cuya tarea es disuadir, patrullar y poner retenes.

Fue el propio ejército el que avisó a la Fiscalía y a funcionarios federales, desde el 28 de abril, que una avanzada del Cártel de Jalisco Nueva Generación llegaba a la entidad y preveía enfrentamientos. Nunca lo informó públicamente, pero tampoco hacía falta, por lo menos para los municipios sureños enclavados en la Tierra Caliente y también en sus límites, que han padecido, desde hace una década, el aplastante dominio del cártel de la Familia Michoacana y de sus líderes, Jhonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fish y el Fresas respectivamente, quienes además tratan de evitar la llegada de los de Jalisco en tanto pueden articular convenios con ellos. La Familia cobra todo en el sur mexiquense; el paso, la venta de insumos, ornatos y la prestación de servicios como el de transporte, que utiliza además como halcón para informar sobre la entrada y salida de personas. También cobra materiales de construcción y trabaja para las mineras que se han establecido en la zona, como denuncian sindicalistas de Taxco, en Guerrero, a quienes los michoacanos tratan de incorporar desde hace años a su “trust”.

Sin embargo, es la otra guerra que sostiene la Familia, contra la Fiscalía del Estado de México, la que más víctimas recientes ha arrojado. Más de 20 agentes de la Fiscalía han muerto desde el 18 de marzo de 2020, en Coatepec Harinas, Estado de México.

El ejército, que sabía que habría ataques, no respondió a la llamada de auxilio que el 4 de mayo pasado realizaron los agentes de la Fiscalía, que por otra parte fueron abandonados a su suerte cuando esta instancia no envió ayuda después de los ataques. Fue hasta el otro día, 5 de mayo por la tarde, cuando un convoy de agentes se dirigió a Sultepec, llegó la Guardia Nacional y se instalaron inútiles retenes.

La guerra del narco contra la Fiscalía se debe a un desacuerdo con quienes protegen las actividades de los narcos en el sur mexiquense, el cual se ha acentuado después del cambio de fiscal y la entrada de José Luis Cervantes como cabeza de esa instancia.

Ese mismo 4 de mayo, se registraron bloqueos en carreteras y protestas de taxistas presionados por la Familia Michoacana, que cerró algunos accesos a Sultepec, el principal lugar de los ataques. También, en la fecha mencionada pero en Zitácuaro, Michoacán, que es otra de las puertas de acceso a la Tierra Caliente, el hermano del alcalde de ese municipio fue atacado a balazos. En el atentado, uno de los gatilleros resultó muerto. Estas acciones fueron llevadas a cabo por la Familia Michoacana también, como represalia contra Juan de Dios Ixtláhuac y su hermano, el edil Antonio. La llegada de los 135 elementos no cambiará en nada las condiciones de seguridad en el Estado de México y menos en el sur de la entidad, que cuenta con bases de Operaciones Mixtas en Tejupilco, Luvianos y Valle de Bravo, lugares donde actúa junto con la Marina y la Guardia Nacional.