Al gobierno del Estado de México el anterior gobierno federal le asignó 261 mil 120 pesos para la búsqueda de personas extraviadas en el 2018, los cuales fueron pocos y mal ejercidos, lo que derivó en “una gran simulación”, afirmó la diputada Karina Labastida Sotelo, en la apertura de la Mesa de Trabajo con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, que tuvo el fin de recibir sus aportaciones y propuestas de mejora a la iniciativa que presentó a la LX Legislatura mexiquense para crear una Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México.

Agregó que al subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres se canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los centros de justicia para mujeres en Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca, “y resulta que lo que encontramos en recientes recorridos fue justo esas carencias y deficiencias, sobre todo en la zona de Amecameca”, dijo ante su compañera legisladora Maribel Martínez Altamirano (PRI).

En otras palabras, expresó, “de un presupuesto de más de 15 millones de pesos del FASP en el 2018, al tema de las desapariciones de personas se canalizó si acaso el 1.5%, y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra liderazgos nada edificantes, se destinó tan sólo el 4%. El problema de la trata de personas, ni siquiera es mencionado”.

En este contexto, Labastida Sotelo detalló que para este año y con un nuevo gobierno de la república, respecto del FASP se acordaron 497 millones 135 mil 552 pesos por parte del gobierno federal y 124 millones 283 mil 888 por parte del gobierno estatal, es decir, son 621 millones 416 mil 440 pesos.

En el salón Benito Juárez de la sede del Poder Legislativo, la presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y dar Seguimiento a las Acciones Derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, apuntó que, en 2018, para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas en la entidad se etiquetaron solo 261 mil 120 pesos.

Lo anterior, explicó la diputada, conforme al convenio entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal anterior en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio Fiscal 2018 (FASP).

Con la presencia del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, y de Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central de Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del estado, Karina Labastida puntualizó que estos fondos tendrían que aplicarse para la integración de brigadas de búsqueda y el desarrollo de bases de datos para identificación.

Con estos recursos también tendrán que instalarse laboratorios, equipos e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo, y para el fortalecimiento y creación de Comisiones Locales de Búsqueda, entre otras. “Sin embargo, el convenio respectivo no retrata esas exigencias y no hay nada para la especialización de personal y de instancias responsables de la búsqueda de personas, ni tampoco para el acceso de mujeres a la justicia y el combate a la trata de personas, un delito con vinculaciones en el fenómeno de la desaparición”, acotó.

Por lo anterior, enfatizó que los diputados promoverán la reorientación de las partidas presupuestales para que la ausencia de los fondos del FASP en el tema de las desapariciones no frene o limite los alcances de las actividades de las dependencias con los presupuestos ya establecidos, entre ellas la Comisión de Búsqueda de Personas, casi de reciente creación, “urgida de más fondos para desarrollar su estructura y desplegar plenamente sus acciones, igual que los entes de la Fiscalía General de Justicia y, en suma, de la misma Secretaría de Justicia y Derechos Humanos”.

Al apuntar que así, desde el Poder Legislativo “queremos evitar una nueva simulación en un tema que merece toda nuestra atención y la mejor voluntad de todos”, precisó que el objetivo del encuentro es enriquecer la iniciativa referida con las propuestas de los familiares de personas desaparecidas, con la finalidad de valorarlas y llevarlas a las reuniones de comisiones.

Colectivos sumaran experiencia de búsqueda

Colectivos y familiares de personas desaparecidas se incorporaron a los análisis de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la entidad.

El objetivo es sumar la experiencia que han obtenido en la búsqueda de sus familiares, así como eliminar los posibles errores u omisiones en la reglamentación existente, con lo que se busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas.

En su intervención, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, reconoció el trabajo que todos los días realizan los colectivos y destacó el trabajo coordinado con la Federación, tanto en la elaboración de Protocolos de Búsqueda y otros instrumentos de políticas públicas que se generan para otorgar una atención integral al tema.

 “Creo que es importante que trabajemos conjuntamente a partir de la experiencia que tienen por supuesto los colectivos, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, por supuesto, las y los diputados en generar también políticas públicas que aunque en principio le corresponden al Ejecutivo llevarlas a cabo, sin duda se pueden construir desde todos los ámbitos y los órdenes de gobierno”, apuntó Espeleta Aladro.

Durante la mesa de trabajo realizada en el Salón Benito Juárez, los familiares y miembros de colectivos se congratularon de ser parte de esta ley, además, manifestaron inquietudes y demandas.

Reiteraron la necesidad de fortalecer en la ley, el principio de prevención, el fortalecimiento de la atribuciones de las autoridades municipales, así como las tareas de coordinación, instaurar un sistema único de información, la integración del sistema estatal de coordinación en materia de búsqueda, la composición del consejo estatal ciudadano, incrementar las partidas presupuestales para la realización de búsquedas y el robustecimiento de las instituciones vinculadas a la ley, como la Fiscalía General de Justicia y las Comisiones de Búsqueda de Personas y Ejecutiva de Atención a Víctimas.

 “Yo creo que hablar de esta Ley es hablar de muchas cosas humanas, que ustedes tomen en cuenta a todas las familias yo creo que primeramente a las familias más que a los colectivos, las familias son las más importantes en esta ley de víctimas de desaparición forzada”, dijo Carmen Zamora, del Colectivo Feminista Ehécatl.

 La iniciativa, que pasará a su análisis en comisiones, busca armonizar la legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017, dar cumplimiento a los tratados internacionales firmados por el país en este renglón y sistematizar las normas existentes en un solo cuerpo normativo.

Delitos de lesa sociedad

La desaparición de personas forzada o provocada por particulares, que en la entidad ha pasado de 911 casos en 2012 a más de 5 mil 840 en 2018, es un delito de lesa sociedad, afirmó el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política  de la 60 Legislatura estatal, al inaugurar la Mesa de Trabajo con Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas.

Agregó, ante Alejandro Corona, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, y el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara local, que “en el cumplimiento de esta responsabilidad y como un poder fundamental del estado, en esta Legislatura hemos asumido el recamo ciudadano y desde luego estaremos acompañando con respuestas muy concretas la búsqueda a la solución de este grave flagelo”.

Celebró la atención que se prestó al llamado que hizo la Soberanía Popular a este encuentro por parte de dependencias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la entidad y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal, ya que “hacer sinergia es fundamental”, además que “aquí, en el Estado de México, con esa seriedad y responsabilidad que debe caracterizar cualquier acción de gobierno estaremos en posibilidad de dar esas respuestas que tanto se esperan”.