Miguel Alvarado

Toluca, México; 8 de noviembre de 2018. Al menos seis pueblos de la región en donde se ubica el todavía aeropuerto militar de Santa Lucía, se opone a la modificación de esas instalaciones porque su operación, del tamaño que sea, terminará con el agua que abastece la región de Zumpango, donde está asentado ese aeródromo, así la de los municipios aledaños, cuyas cuencas y fuentes están prácticamente secas.

La organización defensora Agua para Todos, Agua para la Vida, advertía desde hace meses que el impacto para la región de Santa Lucía será el mismo que el que se generaría en Texcoco con el anterior aeropuerto, en el que siguen algunas obras porque los contratos con las compañías están en proceso de revisión, pues como se sabe, ése, que era el magno proyecto del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue cancelado.

La nueva Secretaría de Turismo ha informado que Santa Lucía tiene luz verde y que ahí operarán los vuelos internacionales, mientras que en el actual aeropuerto Benito Juárez se hará lo mismo pero con los vuelos nacionales. Datos periodísticos afirman que el aeropuerto de Texcoco incrementó su valor en 50 mil millones de pesos más, cuando estaba presupuestado para un tope de 169 mil millones de pesos. La construcción se convirtió en un negocio espectacular para quienes participaron ahí, pero ahora hay pocos obreros trabajando en el lugar.

Lo mismo pasó con el tren ligero México-Toluca, en cuyo recorrido se observa poco o nulo movimiento de trabajo, sobre la carretera que conduce a la capital del país, otra de las obras emblemáticas de Peña, y que, al igual que el aeropuerto, incrementó su costo en 37 mil millones de pesos. Para principios de este año, el costo estaba calculado en 59 mil millones de pesos.