Miguel Alvarado.
Toluca, México; 3 de mayo de 2019. El aeropuerto de Santa Lucía está ubicado en el municipio de Zumpango, a las orillas del antiguo lago de Xaltocan. Muy cerca se encuentra el pueblo de San Lucas Xaltocan, de origen mexica. Se trata en realidad la Base Aérea Militar Número 1, Alfredo Lezama Álvarez, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y ha estado en funcionamiento por años, desde que fue inaugurada a medias en 1952, cuando el Campo Aéreo Militar de Balbuena, en la Ciudad de México, fue reubicado.
Santa Lucía se convirtió en la opción para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras cancelar las obras que la anterior presidencia, encabezada por el mexiquense Enrique Peña, había comenzado en el ex lago de Texcoco, aduciendo sobregastos, corrupción y daños ambientales, los cuales eran evidentes.
Según el Plan Maestro del gobierno federal, un anteproyecto presentado en agosto de 2018 por Grupo Rioboó, el empresario consentido de AMLO, Santa Lucía tendría un costo “reducido” de 66 mil 878 millones 469 mil 124 pesos con 14 centavos, e incluye, entre lo más importante, el edificio que alberga la Terminal, dos pistas, un hotel de 310 habitaciones, un estacionamiento cubierto, terminal de autobuses, vialidades interiores, aduanas, almacenes, el distribuidor vial Chamapa-Circuito Exterior Mexiquense y un tramo del Viaducto Bicentenario-Circuito Exterior Mexiquense.
Lo más caro de esto recae en las obras inducidas, calculadas en 16 mil millones de pesos.
El gobierno federal anunció que la obra del nuevo aeropuerto –que además será mixto, civil y militar- tendría su mayor avance en 24 meses, aunque no sería sino hasta el año 2069 cuando se podría verificar su máxima eficacia. Aseguró que no afectaría como lo haría el de Texcoco, y que habría un ahorro de 120 mil millones de pesos, el costo aproximado que tuvo la cancelación del anterior proyecto.
A pesar de las supuestas ventajas que ofrece Santa Lucía, no se tomó en cuenta la situación de quienes viven en la región, a pesar de que días después de que se anunciara el nuevo proyecto hablaron con un equipo de transición de AMLO, en agosto de 2018.
Comuneros de los pueblos afectados por Santa Lucía pidieron en ese entonces ser escuchados, pues serían afectados tanto como lo fueron los pueblos vecinos al lago de Texcoco.
“El principal problema será el agua, que ahora ya es escasa y sufrimos desabasto. Si el proyecto de Santa Lucía se concreta, el agua desaparecerá para nosotros y eso afectará a unas 150 mil personas, no sólo a nosotros” dijo una comisión que se formó para entablar los primeros diálogos.
Recientemente, Miguel Meléndez, de la organización “Los 12 Pueblos Originarios de Tecámac”, dijo en una entrevista a El Financiero que “por el problema del agua no cabe ningún proyecto en la Cuenca de México -el Estado de México, Puebla y el Estado de Hidalgo-. Hay estudios científicos donde hablan de que la Cuenca de México engarza otras tres más para abastecer de agua a la Ciudad de México y su zona conurbada, debido a que desde la década de los años sesenta del siglo pasado dejaron de ser autosuficientes”.
Otro colectivo, la Comisión Promotora para la Defensa del Derecho Humano al Agua y de los Pueblos Originarios, reclamó que Obrador no consultó a los pueblos directamente afectados por Santa Lucía y también alertó sobre la desaparición del agua y la carencia que ya sufre la región.
Aunque el nuevo gobierno federal ya conocía la postura de los pueblos afectados, el 29 de abril dio el banderazo con el que se iniciaba, por lo menos simbólicamente, la construcción de la terminal aérea, cuyo proyecto no cuenta con estudios como el de Manifestación de Impacto Ambiental.
