Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño. Ramsés Mercado: imagen.
Toluca, México; 8 de agosto de 2022.
La Paloma apenas se sostiene. Es una perrita blanca que ha sufrido maltrato en el Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, en donde incluso fue condenada a muerte porque, de acuerdo con la veterinaria Diana Paulina Híjar, tenía un tumor canceroso. No tiene una oreja, la cual le fue amputada debido a una infección y su delgadez evidencia su desnutrición. Ella es uno de los casos de maltrato que se han registrado en ese lugar, que se supone tiene la obligación de ayudar a los animales en desgracia.
Una matanza de más de 117 perros ha sido ejecutada en ese Centro de Control, denuncian activistas que han rescatado y curado perros callejeros que se encontraban ahí y que fueron empeorando en su estado de salud porque de manera deliberada tres personas los mataban. Entre esa cantidad, unos 40 cachorros perdieron la vida esperando un tratamiento médico que nunca se les brindó, dice el Colectivo de las sociedades protectoras de animales de Toluca, que culpan a Diana Paulina Acuña Híjar, jefa de Médicos, de no diagnosticar correctamente a los perros y por eso exigen su destitución, así como la del director del Centro, el veterinario Octavio Arturo Corona Barrera y la del veterinario Raúl Berra Corona, que han sido incapaces de desempeñar sus obligaciones de manera adecuada y no son empáticos con el sufrimiento de los animales, entre los que también se registran gatos.
Un caso que describe la muerte de uno de los perritos y que fue presentado por los activistas, narra que “ingresó porque lo atropellaron. El 29 de julio mi compañero lo fue a ver, se le veía bien y le llevó medicinas, pero el 2 de agosto murió, pero este perro no murió de causa natural», dice una de las voluntarias, que trabajó todo un año, hasta que se lo permitieron, en el Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca.
Y es que ahí, en el Centro de Control que se ubica en Tlacotepec, los animales que eran internados morían de manera inexplicable porque no los cuidaban. Por ejemplo, nadie les daba de comer los fines de semana porque no existe una guardia para esos días.
Paloma, Rubí, Gusanito, Brownie -que murió junto con otros dos animales- son parte de los perros que presentan estados de desnutrición extrema y heridas. Es tanto el daño que sufrieron ahí que activistas y defensoras de derechos humanos consiguieron que la Procuraduría de Protección al Ambiente interviniera y rescatara a algunos de ellos.
«Yo sabía cuántos perros había, tenía acceso a las jaulas. También nos pedían donativos en especie como tratamientos oncológicos, alimento, antibióticos porque el gobierno no nos ayudaba», refiere la activista, quien asegura que si en el Centro hubieran atendido adecuadamente a los canes, se habrían salvado.
La activista acusó que quienes ejecutaron los sacrificios no lo hacían invocando a la eutanasia, sino que trataban de quitarse la responsabilidad de atender a los animales. Se trató, pues, de una matanza.
“Esta administración municipal alega que le dieron la mitad del presupuesto que tenían acordado y muchos perros no tienen padrinos o personas que se hagan responsables de ellos y es por eso que mueren. Los animales no tienen quién les lleve lo adecuado. En la administración pasada los perritos estaban bien pero el tema es que ahora buscan pretextos para tapar lo que hicieron”, dicen las activistas.
Actualmente hay unos 110 perros en el Centro de Control, que han llegado ahí por denuncias de agresión o que son rescatados de la vía pública, y otro tema en el que no se ha avanzado es en el de las esterilizaciones, que debe alcanzar por lo menos al 10 por ciento de la población canina.
“Apenas han hecho unas 25 esterilizaciones cuando deben hacerse 100 diarias. El Centro se ayuda con las donaciones al respecto que dan particulares en especie. No se permite recibir dinero”, dicen los activistas, que junto con miembros de la Sociedad Protectora de Animales pueden constatar que quienes trabajan ahí no son capaces de salvaguardar la vida de los perros ni tampoco de acercarse a la comunidad en busca de ayuda.
Los funcionarios han incumplido con el decreto 289 del Código de la Biodiversidad del Estado de México.
Horas antes, el alcalde priista Raymundo Martínez había dicho públicamente que las condiciones en el Centro de Control eran excelentes, que el lugar había sido reacondicionado y después acusó a las protectoras de estar coludidas con una red de corrupción que operaba en ese centro. Martínez, quien ha sido evaluado como el peor alcalde del Estado de México, insiste en que los activistas se niegan a entablar una mesa de diálogo. Además, los acusó de manipular las imágenes de los perros que se mostraron en redes sociales en los últimos días.
Pero ahora con los perros maltratados presentes, los dichos de Martínez se derrumban.
“Nosotros hemos visto deficiencias en el trabajo y se han cobrado las vidas de los animales, que no debía sufrir de esa manera. Que no se desvíe el tema por el que estamos aquí, y que es la destitución de estas personas que mencionamos”, señalaron los activistas.
Una de ellas, Claudia Cruz, narró entonces el caso de Paloma, una perrita que fue ingresada al Centro de Control después de que gracias a una denuncia la PROPAEM la rescatara de un domicilio por maltrato. La perrita llegó al Centro para recibir atención inmediata, pero eso “no sucedió. En julio la perrita siguió sin recibir ninguna atención y sin ningún referente clínico es diagnosticada con cáncer y por lo tanto referida a eutanasia. El 22 de julio es retirada del Centro por la misma PROPAEM y por fin recibe atención veterinaria. Salió de ahí infestada de piojos y pulgas, con una infección en la piel, pero la negligencia y la omisión en la atención fue tal que una herida que tenía en una oreja no tuvo remedio y debieron amputarla. Ahora está en recuperación y el 6 de agosto pasado llegó el resultado de la citología de un tumor que tiene en su patita derecha. Ese resultado indica que se trata de un tumor benigno. La perrita no tiene ninguna condición oncológica”.
Ahora que se conocen estas muertes y maltratos, la sociedad de Toluca exige una investigación en torno al Centro de Control y a los funcionarios que trabajan ahí.
