Miguel Alvarado
Toluca, México; 21 de octubre de 2019. En el bastión priista más importante del país no hay temor, sino miedo y lo que le sigue, porque el gobierno federal ha filtrado desde todas las dependencias posibles, que realiza investigaciones a personajes de la entidad relacionados con Enrique Peña y con Alfredo del Mazo Maza, este último actual gobernador del Estado de México. Los hay de todo: operadores, empresarios, políticos, prestanombres y hasta fotógrafos. Luego del fiasco mortal que resultó el operativo -aunque no se sabe si fue operativo o los militares sólo repelieron una agresión, lo cual se convirtió en operativo, nada más para tener una excusa mejor- de Culiacán, el gobierno del Edoméx cerró filas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en redes sociales publicó que la estrategia -¿en serio eso es estrategia?- de liberal al Chapito Ovidio fue la correcta. Después, AMLO dijo que la batalla en Sinaloa sólo se trató de un mal momento y que hay que seguir para adelante, felices, lo cual se parece mucho al “ya supérenlo”, que les reventó Peña Nieto a los padres de los 43 desaparecidos de la normal Isidro Burgos.
Pero entonces, ¿por qué avala el gobierno de Del Mazo la serie de yerros del operativo de Sinaloa? ¿Es por la famosa lista negra, que todos los días crece y que hasta en quienes nada deben los hace ver fantasmas? Claro, hay de espectro a espectros, pero hasta el momento, el nombre del responsable de la corrupción que efectivamente supura de esa lista negra, no se ha mencionado. En realidad son dos, Enrique Peña y Alfredo del Mazo, quienes parecen no existir en la esfera de la Cuarta T. Que hay un pacto de impunidad, que Del Mazo será aliado de los morenistas en las siguientes elecciones presidenciales y que entregará el Estado de México, no puede probarse -aún- pero pude entreverse. La lista famosa es grande, enorme, y quienes vivimos en el Edoméx la entendemos desde la corrupción histórica que los personajes mencionados han creado, estructurado, prohijado, protegido y practicado. Uno de los nombres que destacan es el del empresario Juan Armando Hinojosa, quien daba de qué hablar cuando acompañaba a Peña en giras internacionales cuando este último era gobernador mexiquense. Ahí aparecía, en segundo plano, en las fotos que les tomaban los de Comunicación Social. Él, un hombre que comenzó en Toluca haciendo serigrafía, de pronto tuvo contratos hasta para hacer carreteras. ¿Pues cómo le hizo? ¿En qué radican sus habilidades? ¿De quién era amigo? Casi todas esas preguntas ya están respondidas, pero falta saber acerca de la trama de sus negocios, la legalidad -ya no la moralidad- de ellos.
Recientemente, el nombre de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario federal de Comunicaciones, fue colocado como prioridad dentro del tinglado mexiquense que se supone se investiga y que se ido armando desde principios de este año. Pero también, al mismo tiempo, se reveló la condonación de una deuda por 90 millones de pesos al narcotraficante Juan Manuel Muñoz, el 20 de agosto de 2019, quien se había declarado culpable por lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína en Texas, Estados Unidos.
Entonces, pues sí.
Para AMLO, la persecución de la corrupción es un tema prioritario, pero el castigo de los responsables máximos pareciera que no. Culiacán significa la minimización del crimen organizado -mineras, narco, megaproyectos, hidroeléctricas, huachicol- a las cuales voltea a verlas de reojo. Al huachicol lo contiene, pero no lo acaba y nadie sabe cuáles son las razones por las que no se ejerce una investigación seria contra mineras como Barrick, Gold Corp y otras, que tienen en su poder el 25 por ciento del territorio nacional. También, nadie sabe cómo es que se sigue vendiendo combustible en Estados Unidos proveniente de los huachicoles y por qué no se investiga a supercorporaciones como la química alemana BASF, que incluso mantiene una sede en Toluca.
Tampoco se sabe por qué un proyecto como el tren maya debe ser llevado a cabo teniendo sólo como justificación que el turismo en el sur aumentará. Si Culiacán estuvo a punto de representar para AMLO su propio Ayotzinapa, su Tlatlaya, su Tlaltelolco, seguramente lo encontrará en ese tren maya.
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Parte de la lista de mexiquenses que interesan al gobierno federal es la siguiente: Evangelina Alcántara, Juan Armando Hinojosa, Luis Miranda Nava, Francisco Funtanet, Erwin Lino Zárate, Ernesto Nemer, Carolina Monroy, prima-hermana de Peña Nieto; la familia San Román, dueña del agua en el pueblo termal de Ixtapan de la Sal, y dueños del fraccionamiento Grand Reserva, donde Peña, Luis Videgaray y Arturo Montiel, entre otros, tienen residencias; Gabino Fraga; Eduardo Gasca Pliego, por la Estafa Maestra; la familia Maccise, dueños de medios de comunicación, presuntos prestanombres de Montiel y hasta socios del diario global El País; José Corona Yurrieta; el empresario José Chedraui; Juan Carlos Morales, el fotógrafo que se hizo millonario retratando a Peña desde que asumió la candidatura del gobierno mexiquense, y quien además resguarda, desde entonces, ese archivo fotográfico, según el propio gobierno del Edoméx. La lista, que ha salido a cuentagotas en otros medios pero que hoy alcanza ya un tamaño respetable, sigue: Rodrigo Ramírez Reyes, Alejandra Soto Lagunes, Emilio Chuayffet Chemor, Jesús Alcántara, el empresario transportistas afectado por los estudiantes de Tenería cuando secuestran sus camiones; el empresario Ricardo Víctor Mercado Galán, cuñado de Luis Miranda y dueño de la escuela Isidro Fabela, señalado de huachicol; Alberto y Jacobo Bazbaz Sacal; David Korenfeld, ex director de Conagua; Alejandro Quintero Íñiguez, ex publicista de Televisa y Peña; Carlos Rello Lara, ex secretario de Desarrollo en el Edoméx y dueño de la empresa Birmex, una empresa que pretende acaparar la venta de medicamentos con el gobierno federal; José Antonio Rodarte Leal; Jorge Antonio Hahua Rachner, Héctor Velasco Monroy, Aarón Urbina Bedolla, ex alcalde del feminicida municipio de Tecámac; Benito Neme; César Gómez, ex secretario estatal de Salud; Antonio Chemor Ruiz, José Manzur, Gabriel O´Shea Cuevas; el ex alcalde de Huixquilucan Adrián Fuentes Villalobos; el ex secretario de Gobierno del Edoméx, y Manuel Cadena Morales, entre otros.
