Miguel Alvarado

Toluca, México; 22 de febrero de 2019. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, aplaudió la aprobación del dictamen que configura a la Guardia Nacional, institución que tendrá un mando civil y no uno militar, como impulsó la bancada de Morena en el Senado. De todas maneras, el modelo sobre el cual se construirá la Guardia Nacional es militar, pues el Ejército se encargará del mando operativo de ésta y entrenará a sus elementos. Además, proveerá el cuerpo de la nueva fuerza de seguridad pública con policías militares, que junto con elementos de la Marina le darán condiciones para operar. Esta última tiene la obligación de reclutar a 3 mil jóvenes para entrenarlos e incorporarlos a la Guardia Nacional para noviembre de este año.

A Alfredo del Mazo, uno de los últimos representantes en activo con verdadero poder político que pertenecen al grupo de Enrique Peña, no le quedó de otra que asentir. La llegada de la Guardia Nacional al Estado de México se parece más a un proceso de ocupación militar, como ha sucedido otras veces en entidades como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz o Oaxaca, cuya riqueza mineral y natural las ha condenado a la miseria extrema comprable incluso a las regiones más depauperadas de África.

En realidad, la Guardia Nacional significa la militarización de la seguridad pública, con todo y la incorporación de un mando civil. Sin embargo, que Del Mazo esté de acuerdo con la llegada de los militares no es nuevo en un gobernador. El 1 de julio de 2014, el entonces Ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila, dijo públicamente que “el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes, definitivamente cuando se pierde una vida, de quien sea es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”.

El “ayer” al que se refería Ávila era la matanza de Tlatlaya, en la cual 22 personas fueron ajusticiadas por una patrulla del ejército, que, dijo, se trataba de narcotraficantes. Esa matanza, a pesar de haber sido investigada después, está rodeada de interrogantes que no permiten su total aclaración.

Una versión extraoficial, apenas estudiada, apunta que entre los ejecutados se encontraban defensores de la tierra que hacían frente común al narco y a las empresas extractoras, pues el suelo de Tlatlaya se halla concesionado en seis grandes polígonos que tarde o temprano explotarán empresas mineras.

La Guardia Nacional estará formada por las mismas fuerzas armadas que han participado en diferentes masacres: las desapariciones de Ayotzinapa en 2014, el caso de asesinato del estudiante de esa escuela, Julio César Mondragón Fontes, a quien le fue arrancado el rostro y cuyo celular fue rastreado en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México; Ostula, Michoacán, en abril de 2015, en donde el 19 de abril de 2015 soldados que iban a detener autodefensas mataron a una niña; el 7 de julio en Calera, Zacatecas, donde fueron ejecutadas siete personas han sido algunos ejemplos de lo que sucede cuando el ejército patrulla las calles.

En 2006 el presidente Felipe Calderón ordenaba a las fuerzas armadas participar de manera directa en el combate al narcotráfico y las sacó de sus cuarteles para instalarlas en las calles. Esa misma política se aplicó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El resultado fueron más de 230 mil asesinados entre ambos sexenios, más de 40 mil desaparecidos así como 250 mil desplazados por el crimen organizado en todo el país. Por el lado de la delincuencia no hubo pérdidas significativas, pues en realidad se fortalecieron seis cárteles a nivel nacional e internacional y 80 células del narcotráfico se diseminaron por todo el país.

La aprobación del dictamen que crea a la Guardia Nacional con mando civil adscrita al ramo de Seguridad Pública tardó 21 días y se trata en realidad de la configuración de un tercer Ejército, que será formado con elementos de las fuerzas armadas así como elementos de la Policía Federal. Según el acuerdo previo del Senado, las fuerzas castrenses deberán retirarse de la Guardia Nacional en tanto “queda establecida la nueva institución”.

Las 32 regiones mexiquenses

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador tratará de “repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las fuerzas armadas” y advierte que el país se dividirá en 266 regiones operativas donde se establecerá la Guardia Nacional.

El Estado de México es la entidad que más regiones tiene, pues se le dividió en 32 zonas consideradas de alto impacto delictivo: Amecameca, Atlacomulco, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jilotepec, Lerma, La Paz, Metepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Tecámac, San Felipe del Progreso, Zinacantepec, Tultepec, Tejupilco, Tenancingo, Teotihuacan, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Los Reyes y Zumpango.

Contradicciones desde la raíz

Los postulados del Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO con respecto a la necesidad de una Guardia Nacional son contradictorios, porque justifica la creación de ésta debido a la incapacidad de las fuerzas armadas y de seguridad pública para combatir el crimen: “Si el Ejército y la Marina han experimentado procesos de desgaste y de pérdida de confianza entre la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil para realizar acciones represivas o para participar en tareas de combate a la delincuencia que le son ajenas y que no forman parte de sus funciones. Los soldados y marinos no han sido entrenados ni debidamente facultados para prevenir e investigar delitos. Esa falta de correspondencia entre preparación, atribuciones y misión ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en atropellos a la población. Cuando se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, hace ya 12 años, se argumentó que era una medida temporal en tanto se lograba el saneamiento, la capacitación y la profesionalización de las corporaciones policiales. Hoy las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacitadas para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en 2006”.

También se expresó de similar manera de la Policía Federal, a la que AMLO descalificó en público: “La Policía Federal es un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo; sus integrantes –alrededor de 40 mil elementos, incluidos muchos dedicados a funciones administrativas– reciben bajos salarios y carecen de seguridad y protección social”.

El presidente de México fue más duro con las otras dos policías, las estatales y las municipales, así como con los ministeriales, de quienes dijo que en general carecen de profesionalismo, protección social y condiciones adecuadas de trabajo. En muchas corporaciones, los efectivos están controlados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción, no por el deber del servicio público.

El presidente de México, en el mismo documento, considera más adelante que la violencia y la inseguridad, así como la descomposición de las policías hace imposible regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles y relevarlas de sus funciones respecto de las seguridad pública. Pero también menciona que, a pesar del anterior análisis, donde todas las fuerzas salen reprobadas, serán la Armada, el Ejército, 50 mil nuevos reclutas y la Policía Federal las instancias que den cuerpo a la Guardia Nacional. “Los efectivos provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal; se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos”.

Primero, la Ley de Seguridad Interior

Un intento por militarizar al país y otorgar a las fuerzas armadas un marco legal para justificar sus acciones se intentó ya en 2017, cuando el ex gobernador del Estado de México, César Camacho, en ese entonces senador, propuso una Ley de Seguridad Interna. En ese momento, el actual presidente de México, López Obrador, criticaba la actuación del ejército en las calles.

La Ley de Seguridad Interna fue desechada finalmente, pero planteaba legalizar retenes y patrullajes de las fuerzas armadas, así como el establecimiento de bases de operación móviles, “puestos de seguridad, intercepción terrestre, áreas y marítima, reconocimientos, escoltas de seguridad y brindar seguridad a las instalaciones estratégicas; también les permite utilizar cualquier método para la obtención de información, lo que implica un retroceso en materia de derechos humanos, puesto que la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el secuestro, se han convertido en los instrumentos generadores de inteligencia más socorridos por las fuerzas policíacas y militares de nuestro país”, decía en un artículo el 17 de junio de 2017 Félix Santana, actualmente director general de la Unidad de Atención a Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación.

El colectivo mexicano Seguridad sin Guerra criticó la instauración de una Guardia Nacional militarizada, pues consideraba que se otorgaban facultades permanentes a las fuerzas armadas para llevar a cabo labores de seguridad pública, y apuntaba que “decir que el mando de la Guardia Nacional es civil es una mera formalidad sin sustancia. El dictamen y las propuestas para modificarlo crean un cuerpo de carácter militar”. Sin embargo, después de la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional, el colectivo aplaudió y respaldó la decisión del Senado.