Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño.

Toluca, México; 9 de septiembre de 2022.

Delfina Gómez, candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México, votó a favor de la incorporación de la Guardia Nacional al ejército, y de que éste la controle operativa y administrativamente.

Como senadora del partido fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la ex secretaria federal de Educación se sumó a los 70 congresistas que votaron esta madrugada a favor. Ella, junto con otros líderes morenistas como el propio presidente López Obrador, había repudiado la presencia de las fuerzas armadas en las calles de México para cuidar de la seguridad pública. En contra de esa disposición votaron 51 y se registró una abstención, de acuerdo al tablero de registros de voto del Senado de la República del 9 de septiembre de 2022 correspondiente a las “reformas en materia de Guardia Nacional y seguridad, en lo general y artículos no reservados”.

La maestra Delfina, que aventaja en encuestas anticipadas a cualquier aspirante que se mencione como su rival en las elecciones del 2023, no fue la única en votar a favor. También lo hizo Higinio Martínez Miranda, líder del Grupo de Acción Política y controlador absoluto de su partido en el Edoméx, pues sus afiliados ganaron las posiciones de mando recientemente.

Martínez, quien había amagado por lo menos con no participar en las elecciones del 2023 después de perder la designación de candidato contra la propia Delfina, fue compensado poco después y él correspondió el gesto aprobando la iniciativa del presidente López Obrador y de su partido.

Otros morenistas que antes de ser políticos eran luchadores sociales respetados por sus comunidades por oponerse precisamente al abuso policiaco y militar que protege aún al narcotráfico, también votaron por la militarización en un giro o cambio de miras que hace unos meses sería impensable. Quiere decir que pesa más un cargo político y el poder que de ello se desprenda que la acción comunitaria.

Es el caso de la guerrerense Nestora Salgado, que dio el visto bueno a la militarización. Ella había organizado en el municipio de Olinalá, en el estado de Guerrero, una autodefensa que hacía frente a los ataques del narco y del crimen organizado. En 2013, ella fue acusada de “secuestrar” a unas 50 personas que la policía comunitaria había detenido y que había obligado a realizar trabajos para beneficio del pueblo como barrer las calles. Ya presa, tuvo el respaldo de importantes organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publicó la Resolución 2/2015 solicitando medidas cautelares. Finalmente, gracias a los esfuerzos del actual gobierno, Salgado salió de prisión y aceptó una senaduría por Morena.

El voto que ella concedió a la militarización tiene más relevancia porque su figura encarcelada había representado para los pueblos oprimidos un estandarte de lucha por la libertad y defensa de los derechos. Tanto así, que Ayotzinapa en 2013 y 2014 enarboló su defensa y buscó ayuda para sacarla de prisión. Uno de quienes abogaban por ella fue el normalista mexiquense Julio César Mondragón Fontes, a quien asesinaron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Días antes, él visitaba comunidades repartiendo propaganda para reunir apoyos y liberarla.

“Hoy 21 de agosto se cumple un año de la detención injusta e ilegal de la coordinadora y comandante regional en Olinalá, Nestora Salgado García, por un destacamento militar sin orden de aprehensión. Así también se cumple un año de los operativo policiaco-militares contra la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, donde además de detener a Nestora Salgado García en Olinalá, tomaron por asalto las comisarías municipales de Tlatlauquitepec y El Paraíso para liberar a delincuentes que se encontraban en proceso de reeducación”, decía el inicio de esas hojas repartidas por el estudiante asesinado de Ayotzinapa y sus compañeros desde la buena fe.

A la lista de Delfina Gómez, de Martínez y de Salgado se suman también el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, la cantante Susana Harp Iturribarria, la coordinadora de estrategias digitales de Enrique Peña, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, y que ahora es senadora por el Verde Ecologista, aliado de Morena; la secretaria nacional de Morena, Citlalli Hernández Mora, señalada por ex alumnos de Ayotzinapa de impulsar la candidatura del ahora diputado federal plurinominal Manuel Vázquez Arellano, a quien se le cuestiona por su responsabilidad en los hechos de la noche de Iguala, en 2014; Félix Salgado Macedonio, amigo muy cercano del presidente Obrador y el poder detrás de la gobernadora de Guerrero, su hija, Evelyn Salgado; Olga Sánchez Cordero, ex secretaria federal de Gobernación en los primeros años de la Cuarta Transformación; Héctor Vasconcelos, hijo de José Vanconcelos, uno de los intelectuales más importantes en la historia de México; Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y ahora senador por el PVEM.

Otro mexiquense que votó, pero en contra de la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue Juan Zepeda, perteneciente a Movimiento Ciudadano.

El priista Eruviel Ávila también votó en contra de la anexión de la Guardia Nacional. El ex gobernador del Edoméx había impulsado una Ley Eruvil o Ley Bala, que permitiría disparar a la policía antes de averiguar en situaciones de violencia.

Una historia calderonista

Aunque todos los gobiernos en México se apoyan en las fuerzas armadas para la realización de distintas encomiendas, que los soldados y marinos abandonaran sus cuarteles fue una decisión del ex presidente panista Felipe Calderón, quien ordenó tal movimiento desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 aduciendo que su administración iniciaría una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Loas militares comenzaron a patrullar las cuidades y loas comunidades rurales y los enfrentamientos se recrudecieron cuando trataron de cumplir el Objetivo 8 y las estrategias que de ahí se derivaron. La 8.1 decía que el gobierno se preparaba para “aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas”. Ese periodo resultó uno de los más sangrientos en la historia del país.

 Fue el ex senador priista y ex gobernador del Edoméx, César Camacho Quiroz, quien propuso la regulación de la presencia militar y la creación de un marco legal para sus actividades en la calle. Se trataba de justificar desde las leyes la presencia de la milicia. Esta iniciativa fue apoyada por el ex presidente Enrique Peña y sus aliados.

La propuesta de Camacho fue duramente criticada por López Obrador, quien alertaba principalmente desde 2016 de los peligros que entrañan entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas. Y tanta era su oposición, que una de las primeras acciones de su bancada, en 2018, fue echarla abajo. Sin embargo, poco después, se decretaba la creación de la Guardia Nacional, la cual está formada por marinos, soldados y algunos ex policías federales, así como por elementos contratados y entrenados ex profeso.

En este viraje, que ha invertido papeles políticos y ahora miembros de la izquierda aplauden al ejército, la derecha recalcitrante, sólo por llevar una voz contraria pero no por hacer un contrapeso ideológico ni social, rechazaron la propuesta de militarización de la Guardia Nacional. Sus 51 votos no les alcanzaron.

Un artículo esclarecedor

Quien explicaba este periodo de mejor manera era Félix Santana Ángeles, quien publicaba el 24 de noviembre de 2016 en un diario local una columna al respecto. Santana es hoy secretario técnico de la Comisión para Verdad de Ayotzinapa y fue aspirante a la candidatura para el ayuntamiento de Toluca por Morena en 2018.

“El diputado federal priista, César Camacho Quiroz, ha comprado un boleto en la historia de México no por su gris interinato como gobernador del Estado de México en 1995, cuando en titular del Ejecutivo mexiquense en ese entonces, Emilio Chuayffet, se iba a la Secretaría de Gobernación, llamado por Ernesto Zedillo; tampoco por usar sus exclusivos relojes Patek Philipe Nautilus, con un costo de medio millón de pesos, sino por su desempeño como legislador en el Congreso de la Unión.

”Evidentemente su aportación legislativa, como senador y diputado hasta el momento, ha sido un claro ejemplo de mediocridad, pues basta ver la web del Congreso para conocer el contenido de su trabajo como legislador, con iniciativas tan vacuas como declarar el 17 de septiembre “Día nacional contra la desaparición forzada de personas”, o la intensión de crear un Centro de Estudios de los Derechos Humanos de Población Vulnerable.

”El desempeño legislativo de César Camacho conocería las grandes ligas, el 27 de octubre de 2016, cuando fue designado por Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la Presidencia de la República y por los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, para ser portavoz y firmante de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior junto con la también priista Martha Sofía Tamayo Morales.

”La iniciativa presentada no es resultado intelectual de los priistas en cuestión, sino parte de un entramado institucional que inició con la reglamentación al artículo 29 Constitucional que permite establecer el Estado de Excepción en México a solicitud del presidente, con la cual se suspenden los derechos y garantías que pueden ser obstáculo para hacer frente a una situación de emergencia como en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública y otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

”Un engranaje más que progresivamente ha consolidado la superioridad de las fuerzas armadas son las reformas al Código de Justicia Militar de abril de 2016, que faculta a la autoridad militar a ejercer funciones civiles en tiempos de paz, facultando a los juzgados de control militares la posibilidad de ordenar cateos en casos de disciplina militar relacionados con crimen organizado, homicidio doloso y violentos con armas de fuego o explosivos.

”Además autoriza a los militares a catear domicilios y en los tres niveles de gobierno las oficinas los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, organismos constitucionales autónomos o instalaciones de la Policía o el Ministerio público, intervenir comunicaciones privadas e incluso ubicar en tiempo real dispositivos móviles de telecomunicación.

”El poder en México no despacha desde el Palacio Nacional o la residencia oficial de Los Pinos, sino en los cuarteles militares, y habrá que recordar que el pasado 20 de noviembre en el Campo Marte, Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de 167 ascensos al grado inmediato, entre los cuales 70 asumieron como nuevos generales.

”Un dato adicional que puede ayudar a entender a esta casta de privilegios llamada ejército mexicano se puede encontrar en el tabulador de sueldos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se especifica que un coronel tiene un sueldo mensual bruto de 92 mil 439 pesos, un general brigadier cobra un salario de 121 mil 433, un general de Brigada 158 mil 601 y un general de división 179 mil 87 pesos.

”Como parte de este entramado de fortalecimiento financiero, legal e institucional de las fuerzas armadas, la Ley de Seguridad Interior fue promovida desde el 2015 por el PAN a través de Fernando Yunes, quien también planteaba algunas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, bajo el argumento de proteger a los militares.

”En la cronología de hechos no deja de llamar la atención el ataque que sufrieron efectivos militares en Sinaloa, la madrugada del 30 de setiembre de 2016, donde el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la Tercera Región Militar, aseguró que fueron emboscados resultando cinco soldados muertos, 10 lesionados y dos ilesos luego de una agresión con fusiles AK-47, AR-15, Barret 0.50 y granadas de fragmentación de uso exclusivo del ejército mexicano.

”La respuesta retórica del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fue una abierta amenaza por “el alevoso y cobarde ataque de bestias criminales”. La respuesta legislativa del Estado a esta cuestionable agresión a las fuerzas armadas, que algunos analistas aseguran fue un montaje e incluso un auto-atentado, es la iniciativa de ley del deslucido legislador Camacho Quiroz.

”En la iniciativa de ley de Seguridad Interior se legalizan una serie de acciones que realizan al margen de la Constitución las fuerzas federales, incluyendo a las fuerzas armadas, con el pretexto de lograr una normalización del orden interno institucional en un área geográfica del país.

”Con esta ley los patrullajes del ejército y la marina, hasta hoy ilegales, contarán con un marco jurídico que les permitirá libertad de acción, además de establecer bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, áreas y marítima, reconocimientos, escoltas de seguridad y brindar seguridad a las instalaciones estratégicas.

”En materia de transparencia resultará un marco legal opaco al clasificar la información de “inaccesible” por su característica de Seguridad Nacional; también permite a las autoridades utilizar cualquier método para la obtención de información, lo que implica un retroceso en materia de derechos humanos, porque la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el secuestro se han convertido en los instrumentos generadores de inteligencia más socorridos por las fuerzas policíacas y militares de nuestro país.

”La implementación de esta ley dispone de toda la capacidad de las fuerzas armadas como último ratio del Poder Nacional para imponer el orden a partir de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior muy similar a la que se implementa en los estados de Excepción del artículo 29 Constitucional, en la que para autorizarla se debe especificar la amenaza, su impacto, área geográfica, estadísticas de los hechos y las áreas de insuficiencias operativas para enfrentarla.

”En los últimos años hemos transitado lentamente hacia un Estado Militar, donde la guerra en contra del narco sólo es una fachada que ha permitido la consolidación de emporios económicos basados en el tráfico de drogas, el saqueo de los recursos naturales, control de territorios o rutas comerciales, desplazando a comunidades enteras, ejecutando o abatiendo a líderes sociales que se resisten a la implementación del comercio más salvaje y que significa el uso y administración de la muerte para facilitar la neocolonización y saqueo de los recursos naturales (necropolítica), implementada desde los poderes fácticos y apoyada por el Estado con máquinas de guerra, institucionales o paramilitares, al servicio de los poderes económicos supranacionales.

”Conociendo el sistema político mexicano, no resultará extraño que antes de que concluya el periodo legislativo, el PAN y el PRI con sus aliados, durante las fiestas de diciembre, en plenos festejos guadalupanos, el Congreso de la Unión aprobará la iniciativa del exgobernador mexiquense, desplazando de facto el poder militar al poder político electoral.

Camacho Quiroz no tiene idea del papel que le ha tocado jugar al firmar esa iniciativa de ley, pues de haberla leído no podría dejar de reírse de sí mismo por lo contradictorio de sus medianas iniciativas humanistas en contraste con la implementación de un Estado Militar en México; habrá que recordarle lo que Napoleón Bonaparte expresó hace 217 años, ‘las bayonetas sirven para tomar el poder, pero no para sentarse en ellas’”.

El artículo original puede consultrse en esta dirección

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agradeció a quienes votaron a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Días antes, cuando anunciaba que decidía esa incorporación, AMLO justificó que se trataba de proteger a esa corporación de la corrupción. Luego, el 6 de septiembre dijo, respecto de su postura inicial contra la militarización de México: “cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”. Él había prometido que regresaría a los soldados a los cuarteles en seis meses, si ganaba las elecciones.