18 mayo, 2024

El caso de Silvia Cristina Manzur Quiroga en la UPVT

El caso de Silvia Cristina Manzur Quiroga en la UPVT

Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño. Transparencia: imágenes

Toluca, México; 5 de mayo de 2022.

La rectora de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT), Silvia Cristina Manzur Quiroga, cobró dos salarios por dos plazas, entre los años 2017 y 2021, como consta en recibos de pago emitidos por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la propia UPVT, obtenidos por Transparencia.

Estos dos trabajos los realizó en las mismas horas laborales, por lo que se ausentaba de la Rectoría de la UPVT para dar clases en la UAEMéx, en la Facultad de Odontología y en la Preparatoria 3 de la UAEMéx.

De acuerdo al contrato que la liga con la UAEMéx, Silvia Cristina Manzur Quiroga fue empleada para dar clases en la Facultad de Odontología desde agosto de 2016, impartiendo la cátedra de Técnicas Quirúrgicas. Los recibos de nómina de la funcionaria no muestran ningún descuento por ausencias y su salario se le pagó íntegramente en ambos trabajos.

Los recibos de la UAEMéx comenzaron a expedirse el 30 de septiembre de 2017, y el pago bruto quincenal que recibió Manzur fue de 29 mil 626.26 pesos por el cargo de “profesor de odontología”. El último contrato obtenido de Manzur está fechado el 5 de noviembre de 2021 y señala que “se le comunica a usted que impartirá la cátedra de TÉCNICAS QUIRÚRGICAS del semestre CICLO ESCOLAR AGOSTO 2021-ENERO 2022 del plan de estudios de LICENCIATURA DE CIRUJANO DENTISTA”, en horarios de martes, de 11:00 a 14:00 y jueves, de 11:00 a 13:00, el Grupo 03 y con la plaza 835727.

Los horarios que ocupó Manzur para dar clases en Odontología y la Prepa 3 se distribuyeron de la siguiente manera:

Fuente: Transparencia.

El último recibo que proporcionó el Sistema de Transparencia marca un pago bruto, también quincenal, de 34 mil 757.71 pesos, el 22 de octubre de 2021.

Silvia Manzur fue contratada como rectora el 17 de octubre de 2017.

La ficha curricular avalada por la UPVT dice que Manzur, que cuenta con un postdoctorado en Investigación Educativa y es licenciada en Odontología, fue directora general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología desde marzo de 2014 hasta octubre de 2017. Además, señala que es profesora de tiempo completo en la UAEMéx desde febrero de 1979 “a la fecha”. El oficio de Transparencia que lo indica tiene fecha de 12 de enero de 2022, y está firmado por el jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la UPVT, Saúl González Sanjuan.

El 31 de octubre de 2017, la UPVT comenzó a pagar un sueldo quincenal a Silvia Manzur por el cargo de rectora. Ese día cobró 28 mil 218.12 pesos. El último pago que le hizo esa escuela tiene fecha del 16 de noviembre de 2021, e incluye aguinaldo. Esa fecha, a Manzur se le entregaron 47 mil 448 pesos netos con 64 centavos, como consta en la información expedida por Transparencia. 

El recibo de pago de nómina de la UPVT dice que el tipo de jornada que trabaja Manzur se define como “diurna”, que de acuerdo al Artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, comprende un horario entre las seis de la mañana y las ocho de la noche.

Fuente: Transparencia.

Los afectados hablan

Manzur es señalada por afectar el trabajo de empleados de la UPVT, a quienes despidió o restringió las horas de clase. La acusan de llevar a su propio equipo, que ocupa actualmente jefaturas de departamentos y direcciones.

La hermana del ex secretario de Gobierno, Sergio Manzur durante el gobierno de Eruviel Ávila, así como ex diputado federal y estatal, comenzó una serie de reestructuraciones que implicaba el despido de varios trabajadores, a quienes los orilló a renunciar bajo presión de amenazas.

“Además, estas personas se ven obligadas a recibir una cantidad ridícula de dinero por los años de servicios prestados”, señala los denunciantes -que guardan anonimato por temor a represalias- y que muestran los recibos por esos finiquitos: 26 pesos por 10 años de trabajo en la UPVT.

La escuela solamente reconoce el último cuatrimestre trabajado, aún cuando existen contratos ininterrumpidos, lo cual establece la base legal para exigir el pago por ese tiempo. Pero esta instrumentación se aplicó durante el rectorado de Silvia Manzur, lo cual ha ocasionado que las prestaciones y otros pagos se determinen no por el tiempo trabajado, sino por ese último cuatrimestre. Y por eso, los finiquitos son muy bajos.

Por ejemplo, de acuerdo con el Oficio 210C2801020002L/009/2022 de Transparencia, algunos de los finiquitos que pagó la UPVT alcanzaron los siguientes montos:

A María del Pilar Hernández Olivares, 27 pesos con 90 centavos, por 10 años de trabajo.

A Jonathan Dlint Leija, por 2 años de trabajo, 61 pesos con 28 centavos.

Si bien no hay un sistema de control de salidas, sí existe un sistema que vigila que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones. “Y la señora Manzur no cumplió en su momento al estar generando un cobro que desafía la lógica de cualquier persona, porque es imposible estar en dos lugares a la vez y contar con una integridad financiera que no se vea afectada”, dicen los denunciantes.

Para ellos, Manzur ha sobrepasado todas sus funciones y se ha encargado de “hacer valer” el peso político de su apellido en detrimento de la institución, que es autónoma y descentralizada, pero pública a fin de cuentas.

En el ámbito de la educación la doble plaza está permitida y se ha establecido como un derecho del trabajador que pueda ejercer esta opción, la cual debe presentarse en contraturnos, esto es, que en la mañana uno puede ser rector y en la noche dar clases como catedrático, lo cual no es el caso de Silvia Cristina Manzur Quiroga.

La administración de la rectora de UPVT boletinó, al inicio de su gestión, a servidores públicos con la intención de que no pudieran encontrar trabajo en otras instituciones. Además, varios trabajadores fueron amedrentados ante la intención que tenían de denunciar casos de abuso laboral. Estas amenazas pueden constatarse porque decenas de maestros y trabajadores administrativos han dejado la institución desde la llegada de Manzur, en 2017. “La amenaza recurrente es esa: firmas, te vas y no puedes hacer nada”, apuntan.

Quienes se van primero pertenecen al personal de confianza, lo cual es “normal” y forma parte de los cambios de administración en las instancias públicas. Sin embargo, servidores públicos docentes y profesores de tiempo completo despedidos que han cambiado a plazas con menos horas, presionados para que renuncien o con procesos laborales, alcanzan un número de 120 a la fecha.

Profesores de tiempo completo que cubren 45 horas a la semana han sido requeridos para que renuncien o pasen a la modalidad de horas-clase, pues sus espacios están destinados a allegados a Manzur. “Pero estas nuevas personas que llegan no necesariamente dan clases. Hacen otras cosas y se les pega como si estuvieran frente a un grupo. Fue en 2018 cuando este fenómeno creció”, dicen los afectados.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México ha recibido las demandas laborales,  de algunos de algunos de estos trabajadores, que en ciertos casos han logrado la reinstalación, aunque la postura de la rectora es no aceptarlos, una derivación legal que utiliza Manzur, quien menciona con frecuencia que está protegida y ayudada por los titulares de secretarías de Estado mexiquenses como la de Gobierno, del Trabajo, Salud, Finanzas y Educación, y presume su cercanía con la Universidad Autónoma del Estado de México, así como “la estrecha colaboración” de los integrantes de la Junta Directiva de la UPVT. Por último, siempre menciona que su amigo es el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, “porque él me puso aquí”.

Además, hay muchas plazas que se encuentran en condiciones irregulares y se cobran fuera de toda norma. Por ejemplo, señalan que María del Rosario Sánchez, asistente personal de la rectora Manzur, no cobra como secretaria sino en la modalidad de horas-clase, como si fuera profesora. El equipo que respalda la actuación de la rectora Manzur está compuesto por el contador Alfredo Rodríguez Pérez, director de Administración y Finanzas de la escuela, y fue nombrado por Manzur para ajustar la plantilla del personal. Otra es Gabriela Avilés Olivares, identificada como abogada general de la UPVT, quien entró también gracias a Manzur. “Esas dos personas son el eje en el cual se apoya la rectora. Son quienes van depurando la plantilla laboral para acomodar a los afines y quitarse responsabilidades en el marco laboral”, apuntan los trabajadores, quienes señalan además a Laura Manzano Salinas, subdirectora de Servicios Escolares de la Universidad, una operadora que instruye a directores para que le otorguen horas laborales, las cuales se le quitan a alguien y se le ofrecen a otra persona. La directora de la División de Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura de Negocios Internacionales, Miriam Ivonne Maldonado Rosales, hace lo mismo. Ella también era compañera de Manzur en el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y es, además, señalada por activistas feministas, como “encubridora” de un acosador sexual que trabaja en la escuela, lo que ha generado diversas denuncias de alumnas, de acuerdo a la periodista local Gabriela Landetta, el 28 de junio de 2021.

-¿Qué gana la rectora Manzur con estas acciones?- se les pregunta a los afectados.

-Lo primero, poder específico desde su apellido. Pero también haya escenarios que se presentan para la corrupción y el tráfico de influencias y ella tiene que pagar favores. Debemos entender que en el gobierno y en la administración pública nada es gratis y por ese debe estar lista para pagar en un determinado momento. La señora está en ese tenor, tiene que buscar para pagar los favores recibidos. Su línea principal va orientada al rubro de carácter económico y en segundo término de beneficiar a los suyos, lo cual implica corrupción- responden.

El caso de Érick Sergio Ramírez Manzur

Los denunciantes refieren un caso emblemático. El sobrino de Silvia Manzur, llamado Érick Sergio Ramírez Manzur, tuvo un conflicto familiar con quien funge como jefa del Departamento de Vinculación. Silvia Manzur utilizó ese puesto para ayudar a su sobrino y lo entregó a la actual titular, para evitarle problemas. El conflicto por el que atravesaba el sobrino se refiere a una demanda del orden de lo Familiar, la cual consta en el Expediente Público 2206/2013 en contra de Johana Paulina Torres Guzmán, quien ahora encabeza el Departamento de Vinculación de la UPVT. Torres Guzmán ya fungía en el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología como parte del equipo de Silvia Manzur. Y Torres Guzmán, como directora en dicha institución, generó0 y ha generado sus propios movimientos con el poder de su nueva plaza.

Érick Sergio Ramírez Manzur es un funcionario público que el 27 de agosto de 2021 fue nombrado secretario estatal de Seguridad Ciudadana del estado de Tlaxcala. Ese nombramiento lo realizó la gobernadora morenista Lorena Cuéllar Cisneros, quien se declara “orgullosamente lopezobradorista”, pero que al mismo tiempo no tiene problemas para contratar a trabajadores relacionados con la clase política priista del Estado de México.

Érick Sergio Ramírez entró en funciones el primero de septiembre del año pasado, aunque después se precisó que había rendido protesta como encargado del Despacho y encaró un problema político-administrativo que lo confrontaba con otros dos funcionarios en el mismo encargo.

El sobrino de la rectora es un policía de carrera y en 2016 trabajaba en la Policía Federal como director general de Control Operativo de la División de Seguridad Regional en esa corporación. El portal electrónico de noticias Quadratín dice del sobrino de Manzur lo siguiente, en la columna Política al margen, del opinador Jaime Arizmendi, el 15 de diciembre de 2021: “[estuvieron presentes] los titulares de Secretaría de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón; de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández; como de Seguridad Ciudadana, Max Hernández Pulido, quien sustituyó a Érick Sergio Ramírez Manzur, dado de baja en noviembre de 2021 por problemas judiciales”. Además, Érick Sergio Ramírez Manzur es hermano de Jesús Alberto Ramírez Manzur, actual director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, en el Estado de México.

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