Miguel Alvarado

Toluca, México; 19 de noviembre de 2019. Cuando se habla de la minería en México, siempre hay una reacción de estupor de quien escucha, o una mueca indignación. Pero no importa cual, siempre es seguida por otra de espanto, o de terror en el caso de algunos porque la actividad de la minería en México y en general en todos los países del Tercer Mundo, es sinónimo de muerte, además de que se trata de uno de los puntos de origen de algunos azotes de las civilizaciones más o menos modernas: la pobreza; los desplazamientos forzados, internos y transfronterizos; la devastación del medio ambiente y la muerte horrenda de quienes se oponen a los megaproyectos, muchos de ellos canadienses, aunque también participan Grupo México y las mineras de Carlos Slim. Esa muerte horrenda que le ha tocado padecer a personas como el joven mexiquense de Tenancingo, Julio César Mondragón Fontes, el alumno de Ayotzinapa a quien desollaron vivo el 26 de septiembre de 2014 está relacionado con eso, con las minas, aunque él, que se oponía a la injusticia de las tierras arrebatadas por mineras y narcos, nunca sabrá que detrás de su tortura, de su rostro ensangrentado, se encuentran los megaproyectos.

La industria extractiva, esa que tiene concesionado el 19 por ciento del territorio nacional, derrama apenas el 2 por ciento de las ganancias de esa actividad en los pueblos en los que se instala. La derrama si es que todavía hay un pueblo para que pueda cobrar ese miserable margen.

En el Estado de México, el 10 por ciento de su territorio ha sido entregado a particulares. ¿Cuánto es el 10 por ciento? ¿Es mucho? ¿Qué se obtiene de esas concesiones? ¿Ya llegaron las minas a instalarse? ¿Qué están sacando? ¿Quiénes son los dueños? En comparación con el 36 por ciento del territorio de Baja California Norte; o el 44 por ciento de Colima; o el 26 por ciento de Coahuila; o el 27 por ciento de Durango; el 23 por ciento de Michoacán; el 30 por ciento de Sinaloa; el 23 por ciento de Guerrero, según datos recientes de la Secretaría de Economía, entonces la privatización del Estado de México por mineras no es nada, todavía.

En hectáreas, para que ese 10 por ciento tome forma, alcanza la brutalidad de 234 mil 210, lo cual, en kilómetros cuadrados, da la cantidad de 22 mil 351. La superficie de Toluca es 452 kilómetros cuadrados, apenas el 1.87 % de todo el Estado de México. Esa es la comparación: diez veces el municipio de Toluca es lo que está en manos de la industria extractiva.

Cuando se habla de extracción, sobre todo de minerales como el oro, la plata o el mercurio, se piensa que dejará una gran ganancia para todos, que las empresas dejarán una parte considerable en los pueblos que las albergan, en el país que les entregó las concesiones y, en fin, en quienes trabajaron para ellos. Pero no hay nada más alejado de la verdad. Las mineras atraen todo, menos prosperidad. Sin embargo, a y a pesar de que hay información y testimonios disponibles por todos lados, se sigue ignorando o soslyando ese hecho. Más aún se victimiza a las mineras como objetivos del narco cuando en realidad es al revés. El poder de las mineras es tal que obligan a los señores del narco locales y regionales a sentarse ante una mesa de negociaciones en donde son amenazados de muerte por la mina. Y, qué descaro, en esa mesa están sentados los políticos locales, los alcaldes por ejemplo o los diputados, junto con los jefes del ejército y ha veces hasta de la Marina, así como los representantes de la fuerza pública. Al final, los narcos, esos pobres desalmados, terminan contratados por la minera como paramilitares, y tienen uno solo objetivo: limpiar las regiones para que la empresa pueda moler la tierra, lo cual genera una ola de desplazados que luego nadie sabe, o nadie quiere saber de dónde vienen ni por qué.

Eso pasa en todos lados, desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Y para adentrarse más a ese mundo donde la vida vale menos que todo lo muerto, basta ver algunos números: en 2018 nada más 11 mil 437 personas debieron huir de sus comunidades obligados por el crimen organizado y los conflictos territoriales, entre ellos 5 mil 590 niños. Y lo que sigue: entre 2006 y 2017 la violencia en México empujó a 329 mil 917 personas a vivir fuera de sus comunidades. Lo que aumentó hasta 338 mil 405 en 2018.

Si alguien ha visto, lo cual es muy probable, a los centroamericanos varados en las esquinas de Toluca, rogando por ayuda, debe saber que la mayor parte de ellos está en México por las mismas razones por las que los mexicanos han sido desalojados: violencia narca por tierras para entregarlas a las empresas extractoras. Lo pero de todo, es, sin embargo, que ni ellos se dan cuenta y achacan su desgracia a los grupos criminales. Cuando uno les dice acerca de las minas, tuercen la boca y miran como si uno no supiera lo que está diciendo.

Pero a todos nos pasa así, a quienes les interesa el tema. Al llegar a Iguala, para investigar la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, uno iba con la idea de que el narco era el culpable seco y directo de esos hechos y de otras crueldades más. Sí, pero detrás del narco había un poder más grande incluso que el del propio Estado asesino y ese poder era y es el de los megraproyectos.

-Estás bien pendejo si crees que los Guerreros Unidos fueron- me dijeron en su momento. Y entonces comenzaron a contar las atrocidades de la Goldcorp, de Teckominco, de la Media Luna, de Los Filos en pueblos como Carrizalillo, en donde mataron a 800 de sus mil 500 habitantes, ejecutándolos para que no estorbaran. Eso, la llegada de una minera aun pueblo, que se confunde porque se imagina el oro derramado, no es verdad. Pero la gente se entera demasiado tarde, algunos hasta minutos antes de morir. Es justo decir que aunque el oro es uno de los metales más caros del mundo, el verdadero negocio se encuentra en la extracción ilegal de uranio, que en el sur del Edoméx la realiza un hombre llamado Carlos Ahumada, cerca de Tlatlaya, en asociación con Johny Hurtado, el Fish, líder de la Familia Michoacana.

A la fecha, hay 26 mil concesiones vigentes, aunque se han otorgado unas 84 mil desde la primera, que se dio en el gobierno de Lázaro Cárdenas, a finales de los años 30.

Con Ernesto Zedillo se otorgaron 11 mil 500 nuevas concesiones mineras. Después Vicente Fox entregó 15 mil 874 más, y Calderón 12 mil 936, mientras que Peña dio 5 mil 238 concesiones. Ahora, la Cuarta T ha dado apenas 35, aunque no ha detenido ningún megaproyecto, los cuales siguen trabajando tan bien como siempre.

Si a alguno de ustedes le sobra 5 pesos, en lugar de comprar un cigarro puede pedir una concesión minera para una hectárea al gobierno de México, pues eso es lo que cuesta actualmente. Ya después se verá lo que hay en ese terreno, y si alguien más quiere subarrendarla.