18 mayo, 2024

Adentro

Toluca, México; 13 de mayo de 2024

Miguel Ángel Alvarado

El gobierno del Estado de México sigue siendo el mismo. Representa el poder de una estructura diseñada para triturar al pobre, al débil, a quien no puede defenderse. Es el encargado de administrar el dolor.

“Adentro” es una palabra con distintas acepciones. Generalmente, la utilizamos para decir o indicar que algo o alguien se encuentra en una casa o en un edificio. A veces la usamos para tratar de significar un sentimiento, un dolor o una carencia.

Pero “adentro” quiere decir que alguien se encuentra preso en una cárcel. Ese “adentro” es también atemporal porque no tiene principio ni una fecha de caducidad, un final claro que pueda escribirse en un calendario. No describe nada, sólo que alguien o algunos se encuentran en prisión. El término no nos dice por qué están ahí, cómo están o si este encarcelamiento ha sido injusto. No se refiere a ninguna estadística ni a las actuaciones de jueces, policías, ministerios públicos y celadores que se han involucrado en el caso. Tampoco nos dice nada acerca de las familias que han sido afectadas. En este sentido, “adentro” es una palabra siniestra, triste, abisal, en cuya esfera de conceptos no existe espacio para una salida, y para los injustamente presos eso significa la negación de la libertad.

La organización Haz valer mi libertad propone y ejecuta una línea de acción en la que lo único que no se vale es quedarse cruzado de brazos. Todos pudimos ver el campamento que instaló frente al Palacio de Gobierno y que defendió por más de 340 días, a un costado de la avenida Lerdo, en Toluca, debajo de la oficina del Ejecutivo estatal. Primero, fue el priista Alfredo del Mazo, quien como gobernador del Estado de México, ignoró sistemáticamente la presencia de las familias de los injustamente presos. No dirigió ni una mirada, ni un guiño, ni una sola señal de saludo para ellas. Y menos se tomó el tiempo para recibirlas y conocer de viva voz los reclamos que las obligaron a estar ahí. La nueva gobernadora, Delfina Gómez, les dedicó al principio una serie de saludos que desde que tomó posesión se fueron tornado cada vez más ambiguos y distantes. A pesar de que hubo una promesa de ayuda para las familias, ésta se concretó hasta el 2 de mayo, cuando Daniel Plácido fue liberado, luego de ocho años de prisión y una sentencia injusta de 70 años por secuestro.

En abril de 2024 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que exigir, de nueva cuenta, que la gobernadora interviniera con la organización de Haz valer mi libertad. Sólo así Delfina Gómez ha volteado a verlos. Una promesa de revisar los casos del resto de los familiares injustamente presos agrupados en la organización Haz valer mi libertad consiguió desmantelar el campamento desde el cual la protesta se visibilizaba. Esperanzados, los familiares aceptaron hacerlo, aunque saben que el gobierno administrará su dolor y estará en posición de exigir condiciones.

El gobierno sigue siendo el mismo. Representa y administra el poder de una estructura diseñada para triturar al pobre, al débil, a quien no puede defenderse. Por ejemplo, también en abril de 2024 el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, culpó públicamente a la organización de incitar a una huelga de hambre de presos en el sistema carcelario mexiquense, lo cual es falso.

No hubo una disculpa oficial ni tampoco una aclaración por parte del secretario Andrade, que demostró no estar informado ni mínimamente acerca del tema de los injustamente presos.

Pero el Poder Judicial del Estado de México, encabezado por Ricardo Sodi Cuéllar, tiene las mayores responsabilidades porque ha avalado, sin verificar, los procesos que han llevado a la cárcel a inocentes. En todos los casos que defiende el colectivo, se ha comprobado la violación a los derechos civiles, penales y humanos de las personas detenidas. Hay pruebas de secuestro, tortura, falsificación de declaraciones y presentación de testigos falsos. Se documentó una serie de rechazos de pruebas sustanciales durante los juicios, y las condenas han sido dictadas a partir de una serie de irregularidades cuya única finalidad es encontrar un culpable. El Poder Judicial no ha sido capaz de mostrar voluntad política para revisar expedientes y admitir que policías, ministerios públicos y jueces cometieron faltas, muchas de ellas debidas a actos de corrupción que han sido y son solapados por las distintas estructuras del propio Poder Judicial, que no dialoga, ni en público ni en privado, con los injustamente presos. No lo ha hecho, aun cuando Sodi Cuéllar se ha sentado junto a Laidy Plácido, la principal activista de Haz valer mi libertad, en una extraña ceremonia de reconciliación que se organizó después de que Daniel, el hermano Laidy, saliera libre.

Hay otras instancias que no han cumplido de manera debida con el deber de por lo menos revisar los procesos de los encarcelados indebidamente. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el mismo Poder Legislativo y hasta los medios de comunicación, se han quedado cortos en lo que se refiere a la realización de una investigación profunda y detallada, que concluya algo en términos judiciales, de derechos humanos y periodísticos.

La suma de los componentes descritos ha fracturado y enfermado a familias, les ha cancelado el derecho a la tranquilidad; ha arrebatado bienes y entorpecido la educación de infantes; ha sustraído padres, madres, hermanos y sobrinos al núcleo más importante de la sociedad, y por otro lado ha expuesto la corrupción y el desprecio por la vida que ejercen el Estado y sus instituciones, así como la pobreza infamante, la interrupción de la vida cotidiana y la cancelación de la esperanza.

Ahora que repasamos la tragedia de los injustamente presos, volvemos a darnos cuenta de lo fracturada que se encuentra nuestra sociedad, que permite éste y otros tipos de atropellos. Los indeseables y los malos son los pobres, los morenos, los que no visten bien, los marginados, los que no hablan español o lo hacen incorrectamente, los que deben ensuciarse para cumplir con su trabajo. Ellos son las presas más fáciles y muchos se quedarán toda su vida en una prisión, pues no cuentan con recursos para pagar abogados o, en casos extremos, sobornos.

“Adentro” es una palabra que ilustra la represión del Estado y cualquiera de las fases en las que el poder de un gobierno oprime. Nuestros gobiernos han fallado en la aplicación de la justicia y siguen fallando hasta ahora. Lo seguirán haciendo si nosotros, los que aparentemente estamos afuera, no nos oponemos, no protestamos y guardamos silencio.

Foto: Miguel Alvarado.

Necesitamos valor, inteligencia y organización para revertir los procesos que nos dañan todos los días para combatir ese desprecio que el Estado y sus aliados muestran por la vida. Necesitamos transitar por caminos de esperanza y luz que devenguen en justicia, en paz social y nos devuelvan a nuestros familiares amados.

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