Redacción VCV Noticias.
Toluca, México; 2 de julio de 2019. Cientos de integrantes del movimiento Antorcha Campesina tomaron desde muy temprano las calles del centro de la capital mexiquense para manifestarse en contra del gobernador Alfredo del Mazo, a quien señalan de no cumplir con las obras que se requieren en los municipios donde esa organización tiene presencia.
Esa manifestación sumada al plantón que mantienen los pobladores de Donato Guerra generaron caos en el primer cuadro de la ciudad. No es la primera ocasión en este año que los seguidores de Jesús Tolentino Román Bojórquez y Maricela Serrano desquician las calles de la capital mexiquense; apenas el 14 de marzo pasado se manifestaron más de 5 mil antorchitas, mientras que hoy se calcula un total de 30 mil manifestantes.
Pero las manifestaciones antorchistas van más allá del incumplimiento de obras y falta de servicios, detrás de ellas hay una red de intereses y presiones políticas de sus dirigentes, que los han encumbrado y perpetuado en el poder desde hace dos décadas.
Qué es Antorcha Campesina
No hay fecha exacta que recuerde su fundación, pero se reconoce 1974 como el año en que nació, en la Mixteca Baja Poblana de Tecomitlán, el movimiento de Antorcha Campesina, organización de corte radical experta en plantones y movilizaciones, considerada uno de los brazos violentos del PRI para combatir organizaciones campesinas independientes, movimientos populares y partidos políticos de oposición, capaces de amedrentar, incluso, a los propios priistas como se ha manifestado con los dos últimos gobernadores.
Según los propios antorchistas, la organización fue creada con “el propósito de organizar a los grupos más pobres, más necesitados y más desprotegidos del campo y la ciudad (…) para luchar por la eliminación de las diferencias sociales radicales y lograr mejores condiciones de vida”.
A más de cuatro décadas, Antorcha Campesina se esparce por las 32 entidades del país aglutinando, entre militantes y simpatizantes, a casi un millón de personas; sin embargo, el principal bastión se ha concentrado en la zona metropolitana de la capital del país. Tan sólo en el Estad de México cuenta con el respaldo de más de 100 mil simpatizantes en 46 municipios siendo Chimalhuacán el principal feudo, aunque también mantiene alta presencia en Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Texcoco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz y Chicoloapan.
Jesús Tolentino Román Bojórquez es la cabeza más visible de Antorcha en el Edoméx. El edil ha acumulado al menos una decena de denuncias penales por despojo, fraccionamiento ilegal y lesiones que las autoridades encargadas de impartir justicia en la entidad decidieron mandar al archivo. Su foja de servicios detalla que ingresó al PRI en 1985 y fue presidente de la Comisión Nacional Popular Antorchista entre 1990 y 1993. Fue sexto regidor en Chimalhuacán, en la administración 1993-1996; presidente municipal del mismo municipio en el periodo 2000-2003, 2009-2012 y 2018 – a la actualidad, diputado federal en el trienio 2003-2006 y 2012-2015.
El amor
La relación entre PRI y Antorcha Campesina ha estado plagada de romance y episodios rojos. Durante el gobierno local de Enrique Peña Nieto no hubo confrontaciones mayores, tan es así que el 21 de junio de 2009 el entonces gobernador acudió al Estadio Azteca como invitado de honor en la magna concentración organizada para festejar el 35 aniversario de la agrupación.
Dos años después, el miércoles 28 de abril del 2010, el secretario general de Gobierno, Luis Miranda; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ernesto Nemer Álvarez y un nutrido contingente de legisladores y alcaldes priistas arribaron al predio marcado con el número 205 de la calle Benito Juárez para inaugurar las oficinas de esa organización en la capital mexiquense, destinadas, según dijo el dirigente nacional de los antorchistas, Aquiles Córdoba Morán, para “orientar a la gente más desprotegida y atender sus demandas más elementales”.
Las oficinas no estaban ubicadas en un inmueble rentado ni tampoco modesto. La propiedad fue comprada a la familia Dosal Estrada, se trató de una enorme y rancia casona que data del siglo XIX, con poco más de 120 años y que, incluso, tuvo que ser restaurada por sus antiguos dueños bajo la estricta vigilancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia por el valor histórico que representa.
El odio
Pero la relación entre PRI y Antorcha también ha estado llena de momentos tensos y sangrientos. El 18 de agosto de 2000, en vísperas de la toma de posesión de Román como alcalde, se registró uno de los enfrentamientos más sangrientos en la entidad, entre la Organización de Pueblos y Colonias OPC liderados por Guadalupe Eulalia Buendía Torres, La Loba, y Antorcha Campesina, dirigida por el propio Román Bojórquez. Los grupos de choque surgidos de las bases populares del PRI dejaron un saldo de al menos diez muertos, cuarenta heridos y 204 detenidos.
La pugna tuvo su origen a principios del 2000, cuando la entonces poderosa Loba, quien en aquellos días gobernaba de facto en Chimalhuacán, intentó postular a su hijo, Salomón Herrera Buendía, a la alcaldía municipal compitiendo con el líder antorchista; este último obtuvo la aprobación del candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa pero aquella decisión enojó a la lideresa y rompió toda relación con los antorchistas, a pesar de que el hijo fue postulado exitosamente para ocupar una curul en el Congreso local.
El 30 de mayo del 2002 Guadalupe Buendía Torres fue sentenciada a 50 años de prisión, también fueron sentenciados su hermana, María Cristina Buendía Torres; su hijo Hugo Adelaido Herrera Buendía y su sobrino, José Adelaido Herrera Delgado, quienes fueron culpados por los delitos de homicidio, lesiones, daños en los bienes y ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados a un servicio público. En la resolución emitida el juez impuso una pena original de poco más de 492 años de cárcel y el pago de una multa por 9 mil 842 días de salario mínimo a La Loba y parentela, pero de acuerdo con el Código Penal sólo habrán de purgar 50 años de prisión.
Antorcha también se convirtió en una piedra en el zapato en el gobierno de Eruviel Ávila, durante meses le reprocharon la enorme descomposición de su clima social, caracterizada -dijeron- por un alarmante incremento de la inseguridad, un aumento exorbitante del número de personas pobres y la protección abierta al monopolio del transporte.
Pero el discurso subió de nivel cuando los antorchistas tapizaron las avenidas más importantes del valle de Toluca con decenas de mantas y espectaculares con leyendas como: “Eruviel No Cumple y Firmó ante notario público” y “No Cumple”, carteles que eran complementados con fotografías del gobernador.
Pero la respuesta de la administración mexiquense fue contundente; decenas de gendarmes de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron movilizados para hacer largas guardias en los puentes peatonales del Paseo Tollocán y evitar que más mantas fueran colocadas.
En la víspera del Segundo Informe de Gobierno de Eruviel, en septiembre de 2013, los antorchistas se encargaron de sabotear el evento promoviendo desde las redes sociales el hashtag #EruvielMienteenGrande, que incluyó una lluvia de críticas y cuestionamientos en el ciberespacio, ahí nuevamente los antorchistas insistieron en acusar a Eruviel de no cumplir sus compromisos de campaña y de encabezar un gobierno con ausencia de rumbo y excesos de spots.
Pero la relación política entre el gobernador y Antorcha Campesina se resquebrajó por completo cuando los antorchistas acusaron y responsabilizaron de manera abierta a la administración mexiquense de la presunta desaparición de Don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano, ocurrida en aquellos días.
Las presiones antorchistas en contra del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza también se han multiplicado y se pulsan con las constantes manifestaciones en contra de su administración