Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño.

Ciudad de México; 20 de septiembre de 2022

La debilidad más grande del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para Ayotzinapa (CoVaj) es que su contenido no puede contrastarse con ningún otro documento ni investigación oficial, y eso quiere decir que corroborar esa información puede convertirse en un acto de fe, porque se reduce a creer que es verdad o no. Casi nadie en México tiene acceso, por ejemplo, a la antigua investigación que realizó la PGR y de la cual salió la denostada y descalificada verdad histórica, fabricada por la estructura priista del presidente Enrique Peña, el ex procurador Jesús Murillo, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que montaron la inverosímil hoguera de Cocula en la cual dijeron que los 43 normalistas habían sido quemados hasta las cenizas.

Sin embargo, en el documento de la PGR, en poder de este periodista, también se decía que los jóvenes habían sido llevados a distintas casas de seguridad y que ahí habían sido asesinados. Esa información fue tomada por la actual Fiscalía para armar parte de su propia investigación, como lo reconoce oficialmente. Por otra parte, los archivos que posee el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que ha publicado son prácticamente los mismos que tiene la FGR y que se conozcan sus contenidos depende de la voluntad de esta organización, que coadyuva en las investigaciones.

Entonces, ¿cómo saber que lo que se dice en ese informe es la verdad en torno a Ayotzinapa?

El documento presentado el 18 de agosto de 2022 por el presidente de la CoVaj, Alejandro Encinas, consta de un cuerpo principal de 103 páginas, así como de 8 anexos que en total suman unas 4 mil páginas. Ese cuerpo central tiene, sin embargo, sus problemas. Al menos unas 38 páginas se encuentran censuradas, de acuerdo con un conteo del periodista estadounidense John Gibler y un análisis que hizo para el Washington Post el 30 de agosto pasado. Lo que se oculta son los nombres de algunos implicados y números telefónicos.

“El gobierno alega que estas comunicaciones identifican la responsabilidad y la cadena de mando de quienes tomaron las decisiones de atacar y luego desaparecer a los estudiantes. No informó sobre la procedencia de los teléfonos, cómo se obtuvieron o cómo se extrajo la información de estos”, apunta el articulista del Washington Post.

Gibler no es cualquier periodista. Fue, junto con la mexicana Marcela Turati, quien resolvió en primera instancia lo que había sucedido durante el cruce de Iguala de los normalistas, minuto por minuto, en 2014, apoyado en entrevistas y la recolección de testimonios a sobrevivientes, pues el gobierno federal peñista no daba a conocer esos pormenores ni los investigaba adecuadamente.

Es Gibler quien recuerda que Encinas, durante la presentación del Informe dijo textualmente: “no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí de responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”, lo cual quiere decir que la violencia estructural que generan instancias como el propio gobierno y los militares no serán analizadas y por lo mismo la investigación focalizará la culpabilidad en personas que siguieron órdenes. No se sabrá quiénes emitieron las directrices o encubrieron, como el secretario de la Defensa en ese entonces, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y protegido y absuelto por el actual gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, o la participación del ex presidente Enrique Peña.

“Peña no”, dijo Encinas cuando le inquirieron si se investigaría al ex mandatario por responsabilidades sobre el tema de Ayotzinapa, porque increíblemente no encontraron nada que lo ligara. Ese “Peña no” marcaba un paralelismo con la investigación de la PGR, que encubría al presidente y a la estructura que iba construyendo la verdad histórica del anterior sexenio.

Una revisión de la página uno a la 44 del cuerpo central del informe arroja inconsistencias de todo tipo. Desde faltas de ortografía y errores de sintaxis hasta la invisibilización de datos importantes que debían servir para explicar pormenores de los hechos de Iguala. Por ejemplo, el Informe señala, respecto de la tortura y asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, que sus ejecutores actuaron solos, sin esperar órdenes de nadie, lo cual exculparía a los soldados, a los agentes del gobierno y a funcionarios públicos, de un crimen que hace años debería considerarse de lesa humanidad.

En ese mismo tema del celular, también se perfila que los contactos realizados con el celular robado de Julio César serán investigados en un periodo que abarca del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2014, aunque la sábana de llamadas de ese número, el 7471493586, contiene actividades entre el 27 de septiembre de 2014 y el 4 de abril de 2015. Entre las actividades que no investigaría la CoVaj hay tres contactos que se realizaron desde el Campo Militar 1A de la Ciudad de México.

Que el informe no pueda compararse con otros documentos permite que nadie sea capaz de señalar los errores que comete la CoVaj, desde puntualizaciones históricas como la afirmación de que el guerrillero Genaro Vázquez estudió en Ayotzinapa -cuando en realidad salió de la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México- hasta señalamientos que cambian el curso de las investigaciones como la mención de que solamente hay un estudiante infiltrado, aunque sobrevivientes, padres y madres de los 43 y ex alumnos de la normal, señalan por lo menos a 23. También debe considerarse la identificación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien la FGR le asigna la identidad de A1 en las llamadas telefónicas de sicarios y policías que fueron analizadas -en total, Encinas dice que fueron estudiadas 87 millones de llamadas y contactos- y lo ubica como el que diera la orden de matar a los estudiantes. Sin embargo, la decisión de un juez en Tamaulipas, el 14 de septiembre de 2022, declaró inocente de cualquier cargo relacionado con Ayotzinapa al ex edil, que formaba parte de la organización criminal de Guerreros Unidos.

El juez tercero de distrito de Proceso Penales federales, Jorge Guillermo Suárez Campos, radicado en Tamaulipas, concluyó que no había razones para vincular a Abarca con el caso. Encinas lamento esta decisión y señaló que la autoridad correspondiente apelará la decisión para tratar de que Abarca sea vinculado al caso. El ex alcalde está detenido por el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, en 2013. También ha sido sentenciado, en 2020, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, se le concedió un amparo hace dos años. A Abarca la extinta Procuraduría de Guerrero lo señalaba como el responsable de la desaparición de los 43 desde 2015.

Pero con todo eso, existen dudas en lo se refiere a la identificación de Abarca como A1 en las claves usadas por sicarios y halcones la noche de Iguala. Son tantas que el propio informe consiga a Abarca como “posible A1”. En contraste, las investigaciones de la PGR, utilizadas para elaborar la nueva versión, afirman que el nombre clave de Abarca era A5 y que A1 correspondería al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

La declaración acerca de la identidad clave de Abarca esa noche la proporcionó el jefe de halcones o espías de los Guerreros Unidos, David Cruz Hernández, quien trabajaba en Protección Civil de Iguala y que esa noche recorrió la ciudad y fue testigo de los ataques contra los normalistas. Esa declaración consta en el Tomo 35 del expediente AP/PGR/SEIDOUEIDMS/439/2014 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Investigación de Delincuencia Organizada.

“[…] después de esta llamada escuché por el radio Matra que el subdirector de la policía municipal de apellido Valladares, dijo: ‘POR ÓRDENES DE A-5 HAY QUE DETENER A LOS ESTUDIANTES, PORQUE YA SABEN COMO SON’, y digo que esa orden la dio Valladares porque conozco su voz perfectamente, además la clave A-5 se refiere al presidente municipal de Iguala de nombre Jose Luis Abarca Velázquez, aclaro que desde que trabajo en protección civil he identificado la voz de Valladares, ya que en algunas ocasiones lo he escuchado hablar, asi como en otras ocasiones lo he escuchado dar los honores a la bandera […] deseo agregar que en el tiempo que he trabajado en protección civil, no había escuchado que detuvieran a estudiantes, así como tampoco había escuchado que se dieran instrucciones por el radio matra, que A-5, o sea, que el presidente municipal ordenara algo […]”, se lee en la página 35 del Tomo 35 del expediente citado.

Una cosa son los informes que las distintas autoridades presentan al público y otra los legajos en donde se van consignando las investigaciones. Estos últimos fueron reservados por el gobierno de la Cuarta Transformación justificando que se trata de casos abiertos.

Apenas esta tarde, se dio a conocer que un juez liberó el 16 de septiembre nuevas órdenes de aprhensión contra el ex edil Abarca, preso en el penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México. Otras dos órdenes acompañan esa resolución, una contra el ex jefe de policía de Iguala, Felipe Flores, y otra contra la esposa del propio Abarca, María de los Ángeles Pineda.