Miguel Alvarado

Toluca, México; 23 de noviembre de 2020.

Son seis los feminicidios reconocidos por la Fiscalía del Estado de México en noviembre. Uno cada cuatro días. Y son seis porque no se han hecho públicos otros casos en una entidad en donde la impunidad alcanza 80.06 puntos dentro del índice Global de Impunida de la Universidad de las Américas. Otros puntajes señalan que apenas el 4 por ciento de los delitos de cualquier índole son denunciados y de estos, apenas el 2 por ciento encuentran sentencia. Otros factores se unen para hacer de las ejecuciones contra mujeres y los feminicidios un tema en el que la víctima tiene la culpa por usar drogas, vestirse de manera provocativa, tener tatuajes, beber, no estudiar y decenas más que terminan por matizar la responsabilidad del asesino y también justificarlo desde las creencias.

El feminicidio está tipificado por el Código Penal federal en el artículo 325, y también lo conceptualiza: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público”.

El “sujeto activo” al que se refiere la descripción del gobierno de México es el asesino, el feminicida, al que se le dice así hasta que se le prueba que ha cometido el crimen. Mientras, sólo es un señalado a pesar de que las pruebas inmediatas lo señalen. Es un fenómeno algo muy parecido a cubrir los ojos de los capturados en las informaciones periodísticas. Y una gran mayoría de las veces sucede que estos “sujetos activos” salen en libertad para volver a hacer lo mismo.

En una región miserable, llena de contrastes y desigualdades sociales, de abuso, de apropiación del poder por grupos políticos y familias, de narcotráfico y crimen organizado, de servicios de salud rebasados, de mentiras convertidas en discurso oficial, en la historia de los libros de textos, la comisión de delitos de todo tipo, los letales sobre todo, representan una de las respuestas que se activan como parte de esos mecanismos. La otra respuesta es la oposición, la resistencia y en cientos de casos, la insurgencia. Porque, ¿qué se hace en una entidad profundamente feminicida? ¿Contar a las muertas? ¿Contar a todos los desaparecidos? ¿Presionar en la calle para que si acaso se resuelvan dos o tres casos? Al borde siempre de lo que parece podría generar una revuelta social, se va transitando como se puede por un estado que todos los días derrama la sangre de alguien.

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¿Qué se hace en una entidad profundamente feminicida y asesina, que por otra parte tiene a su población enferma y todos los días muere alguien cercano a cada uno de nosotros? El mapa interactivo que aparece en el sitio web del ayuntamiento de Toluca señala 998 defunciones y 8 mil 444 casos de infectados confirmados. Comparados esos números ante la población total de la capital del Estado de México, que araña el millón de habitantes, resultan muy poca cosa hasta que le toca a alguien próximo a nosotros.

Feminicidios, desapariciones, asesinatos y pandemia no permiten ver de manera profunda otros fenómenos, que están enlazados tan profundamente con los primeros que forman parte de la estructura que permite el baño de sangre permanente. Presupuestos, reparto del poder político, la lucha por el control de instituciones, la confrontación entre los poderes, el cada vez más depauperado sistema educativo, la religión y su estructura de piedra y el sistema de salud, por mencionar algunos factores, producen en sus vasos comunicantes la violencia que se vive y una muy particular manera de enfrentarla, mezclada además con la presencia del coronavirus, que espanta a todos pero sólo de dientes para afuera. Hasta el 22 de noviembre, los 101 mil 676 muertos no representan para el gobierno federal nada, excepto eso. No hay un estado de emergencia ni medidas más duras. De plano, las únicas medidas que pueden tomarse realmente las del metro y medio de distancia, las de las mediciones de oxigenación, las del encierro o semiencierro, hacerse la prueba en caso de sospechas, internarse en hospitales, las de la adaptación a modelos que ya desintegran sociedades y economía, y las de tratar de informarse en la cada vez más difícil y contradictoria narrativa del gobierno federal, cuyo contenido es esperanzador casi siempre, pero no coincide con la realidad de la calle, que se ha convertido en el pulso de la pandemia.

Ni Toluca ni el valle de Toluca paran. No pueden y no quieren, amenazados sus habitantes por una crisis económica de la que no podrán recuperarse si se anuncia otra vez el Semáforo Rojo.