Emir Calderón: texto. Karen Colín: diseño.
Ciudad de México; 6 de octubre de 2022
A finales del mes de septiembre del grupo de hackers denominado ‘Guacamaya’ anunció que había accedido a cerca de 6 terabytes de documentos que pudo obtener tras un ciber-ataque a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En esos días, a diversos medios de información les fue proporcionada parte de la información que detallaba datos como la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, eventos como el ‘Culiacanazo’ o contratos que evidenciaban la ejecución del software ‘Pegasus’ destinado al espionaje por parte de la SEDENA hacia diversos actores sociales.
Iniciado octubre algunos de los supuestos documentos ‘hackeados’ comenzaron a circular para su libre acceso en redes sociales y en algunos sitios web[1]. Esta primera tanda conformó un bloque de 27 archivos que constituían, en su mayoría, reportes e informes sobre distintos asuntos políticos y sociales de relevancia nacional. Se atribuye a la SEDENA –específicamente la 1ª Región Militar- la autoría de toda esta información debido a que: a) en los documentos aparecen membretes y logos de la dependencia; b) los destinatarios son parte del personal militar; y c) el lenguaje que se utiliza es propio de instituciones castrenses.
No sorprende que la SEDENA mantenga actividades de espionaje en el siglo XXI dado que el Estado mexicano tiene una amplia trayectoria e instituciones consolidadas en esta materia, las cuales han estado vinculadas a eventos históricos que siguen pendientes de aclarar. Sin embargo, es fundamental conocer las formulaciones e intereses que se gestan al interior de las dependencias castrenses para distinguir las actuales confrontaciones entre el gobierno y la jerarquía militar. ¿Por qué o en qué ámbitos existirían estas diferencias? Lo que las filtraciones muestran es que la percepción de las amenazas difiere entre diversos actores estatales y gubernamentales. Ante el crecimiento de la influencia del ejército ya no sobre la seguridad pública sino sobre el sistema político es preciso conocer mucho más sobre el actuar de la SEDENA.
Entre los archivos difundidos sobresale uno que refiere a una compilación de cuatro ámbitos del poder en la Ciudad de México. A consideración de la SEDENA existen cuatro campos del poder sobre los que hay que prestar atención: el político, el económico, el social y el delictivo. Son los dos últimos componentes de esta clasificación los que llaman la atención ya que son a los que más seguimiento y análisis se les dedica.
Destaca que dentro de la SEDENA se refieran a ciertos grupos sociales como ‘Movimientos antisistémicos’, los cuales dentro de la dependencia son entendidos como “la unión de movimientos sociales nacionales, que en conjunto buscan transformaciones fundamentales, es decir toma la forma de ‘un movimiento de movimientos’, el cual en un inicio es una lucha convencional que al ser reprimida por el estado busca crear coaliciones de dirigentes quienes aglutinan varias organizaciones sociales, las cuales en dado momento buscan desestabilizar un estado”.
Es decir, las organizaciones sociales que aparecen en los informes se les consideran como potenciales agentes que podrían poner en jaque la estructura y dinámica del Estado mexicano actual. De alguna manera, la SEDENA contempla que estos grupos pueden aliarse y construir un bloque de movimientos capaz de vulnerar la seguridad del Estado. Algunas de estas entidades fueron catalogadas, de acuerdo con su origen, como sociales, sindicales, magisteriales, estudiantiles o grupos de presión. Estas son algunas organizaciones cuya presencia es fuerte en la Ciudad de México y que aparecieron en el reporte de la SEDENA:
Sociales: Frente Nacional Ciudadano (FRENA), El Barzón, Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Frente Oriente, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI).
Sindicales: Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Alianza de Tranviarios de México (ATM)
Magisteriales: Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
Estudiantiles: Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (STIPN), Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), Comité 68, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Iberoamericana (Por haber sido origen del movimiento #YoSoy132)
Grupos de presión: Comité Cerezo, Colectivos LGTTTBI, Asamblea de Barrios, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Esto implica que, de alguna forma, se han realizado actividades de espionaje sobre los dirigentes, representantes y miembros de las organizaciones y asociaciones defensoras de los derechos humanos. Dentro del informe aparecen fotos y nombres de personajes como los hermanos Cerezo, así como algunas de sus ubicaciones y actividades. A los hermanos Cerezo, fundadores del grupo defensor de Derechos Humanos que lleva su nombre, se les cataloga como personas vinculadas a grupos subversivos. Sin embargo, los centros de derechos humanos no son los únicos a los que se les ha dado un seguimiento puntual, también aparecen retratos y nombres como los de Alfonso Ramírez Cuellar, Vidulfo Rosales, Martín Esparza Flores e, incluso, el de Gilberto Lozano González, vinculados a otras organizaciones.
Los movimientos feministas y distintos colectivos conforman buena parte de las fichas de reporte de la SEDENA. Cuando menos el ejército las ha monitoreado desde el año 2019 de forma muy completa. Saben sobre sus demandas y las actividades que han realizado. Toda la información recabada refiere que las feministas, en sus movilizaciones, “se han tornado más violentas, por lo que la identificación de prácticas y personas tienen el fin de ‘reaccionar ante cualquier contingencia’”.
Al menos estos grupos y colectivos han sido seguidos por el ejército: Rosas violentas (Del CCH oriente), Bloque negro, Histeras, Colectivo Más Mujeres, Coordinadora 8M, Colectivo lucia Saornil (COLSA), Colectiva Ácrata Feminista (CAF), Colectivo Feminista de Economía del IPN, Colectiva Aquelarre Feminista, Resistencia Queer, Cueva de Brujas, Colectiva y encapuchadas P-8, Las Brujas del Mar, Colectiva SISI y Marea Negra. A todas estas agrupaciones se les ubican por su participación en manifestaciones, pintas, intervenciones y comunicados. La SEDENA ha elaborado una cronología de sus actividades y tiene perfectamente identificadas a varias mujeres. En los reportes hay datos de al menos 11 mujeres relacionadas a la ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubicado en República de Cuba número 60.
Los últimos grupos en aparecer en la sección de campo social son los denominados -desde la perspectiva de la SEDENA- como subversivos: grupos guerrilleros y organizaciones anarquistas. Se considera a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas como los principales escenarios de las guerrillas actuales. Entre los nombres que la SEDENA tiene localizados, junto con fotografías de sus dirigentes, están el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los agentes castrenses refieren que muchas de estas organizaciones reciben el apoyo de otros grupos civiles a los cuales también mantiene monitoreados.
En cuanto a los grupos anarquistas el ejército los agrupa como de “tendencia pacifista” o de “tendencia radical”, siendo estos últimos los que concentran el mayor número de reportes con información sobre sus actividades, intervenciones, participaciones y detenciones, así como fichas que incluyen los nombres, fotos, edad y ubicaciones de los presuntos anarquistas.
Con la información recopilada en este documento filtrado por los hackers de Guacamaya se pueden inferir al menos seis puntos relevantes sobre la práctica continua de espionaje y seguimiento, por parte de la SEDENA, hacia distintos actores sociales en la República Mexicana. En primer lugar, que la recopilación de información sigue siendo una práctica sistemática y que el espionaje hacia diversos sectores sociales, pese a las narrativas oficiales, es algo cotidiano dentro del ejército, no es extrañeza. Estas filtraciones abonan al historial de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano y sus implicaciones para la sociedad mexicana. A diferencia de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) o la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que fueron desmanteladas o sufrieron modificaciones a lo largo del siglo XX, la SEDENA es la única dependencia que ha mantenido una continuidad institucional en sus prácticas de inteligencia y espionaje, por lo que se puede decir que, en términos de inteligencia, su actividad es más relevante, incluso, que la del propio Centro Nacional de Inteligencia.
Esta continuidad remite al segundo aspecto: lo que muestran los documentos atribuidos a la SEDENA es el resultado de un trabajo de años. Hay una abundante cantidad de información que no pudo ser recopilada en poco tiempo y tampoco por un grupo minúsculo de personas. Esto habla de que los instrumentos y equipos de vigilancia de la SEDENA son bastante amplios, además de sofisticados. Sería importante conocer el número de agentes destinados a las funciones de recopilación de la información. Por ejemplo, durante el movimiento estudiantil de 1968 la DGIPS destinaba cuando menos a 20 agentes para vigilar las actividades diarias de los estudiantes ¿Cuánto personal y presupuesto posee la SEDENA para realizar todas estas funciones?
En tercer lugar hay elementos para suponer que también existe un intercambio constante de información entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la SEDENA en cuanto a los grupos considerados como desestabilizadores. Aunque no se dice directamente, algunos datos dan a entender que fueron obtenidos a partir de la recopilación de información realizada por el CNI, el cual, a pesar de ser una entidad de naturaleza civil cuenta con numeroso personal y mandos de origen militar.
Punto cuatro: existen lugares estratégicos para la recopilación de información debido a que son lugares donde las manifestaciones son recurrentes y, por lo tanto, la presencia de los grupos señalados es más frecuente. Las agencias del Estado mexicano los consideran puntos vitales para la vigilancia y el espionaje. Entre estos sitios se encuentran el Zócalo (Palacio Nacional, Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia), el Congreso de la Ciudad de México, el Hemiciclo a Juárez, la Fiscalía General de la República, la Cámara de Diputados, la Estela de Luz, el Senado de la República, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia. También hay fechas de relevancia: el 8 de marzo, el 1º y 15 de mayo, el 10 de junio, el 26 de septiembre y el 2 de octubre.
En quinto orden está la cuestión sobre cómo la SEDENA, a partir de estos informes, socializa la información con otras dependencias, definiendo y construyendo así una lista de amenazas que van conformando su propia proyección y plan de acción para resguardar la seguridad nacional e interior. Los riesgos y amenazas no son compartidos o no tienen el mismo nivel de importancia entre las distintas instituciones del aparato de Estado mexicano. Por ejemplo, en los informes se indican las diferencias que existen entre algunas dependencias en cuanto al impacto e influencia de los denominados grupos subversivos –principalmente guerrillas- en la Ciudad de México. Lo que para el ejército es algo de suma importancia, para el poder legislativo local no amerita demasiada atención.
Finalmente, y en sintonía con el párrafo anterior, los informes filtrados muestran que toda esta información es generada para el consumo, principalmente, de la SEDENA y no de los que presumen llevar las riendas del gobierno y tomar las decisiones en materia de seguridad. Los propios titulares del poder ejecutivo, a nivel federal y de la Ciudad de México, aparecen en los reportes. Si la información recopilada estuviera dirigida directamente a ellos o sus cercanos ¿Por qué a López Obrador o a Claudia Sheinbaum o a sus respectivos equipos se les tendría que exponer en los reportes de la SEDENA quiénes conforman su propio gabinete? Esto solo muestra que tanto el Presidente como la Jefa de Gobierno actual también son objeto del seguimiento que realiza el ejército. Lo anterior puede que se comprenda en el sentido de conocer su agenda y prevenir algún incidente, pero exhibe que no hay ninguna garantía de que la información recopilada por la SEDENA llegue hasta la esfera más cercana del titular del ejecutivo federal o siquiera sea del conocimiento del mismo. Esto implicaría el asunto de la discrecionalidad con la que actúa el ejército y los verdaderos intereses que persigue, que pueden no ser los mismos que los del gobierno actual, los pasados o los venideros. Si bien el ejército se ha desenvuelto bajo el discurso de ser una institución con visión de Estado, no puede omitirse que su actuar le ha valido conseguir una escalada de privilegios políticos, administrativos y económicos desde hace décadas. De ahí la importancia de analizar con detenimiento toda la información posible generada por la SEDENA que llegue a manos de la sociedad, el periodismo y la academia.
@emircalderon_
[1] Los documentos consultados para este texto fueron descargados de la página Enlace Hacktivista, la cual mantiene actualizaciones de información sobre temas relacionados a ciber-ataques y publica comunicados sobre el grupo Guacamaya. Dichos archivos son los que han circulado en redes sociales.