Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño.

Toluca, México; 30 de mayo de 2022

Quién sabe por qué la sucesión gubernamental en el Estado de México ocupa tanto cuando comienzan a observarse las propuestas de los partidos políticos que contenderán en 2023, el año que entra. Se trata de un escenario tristísimo. Ernesto Nemer, Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera y hasta Ricardo Aguilar por el PRI. Enrique Vargas por el PAN y por Morena la secretaria federal de Educación, Delfina Gómez; el subsecretario federal de Derechos Humanos y encargado del caso de Ayotzinapa, Alejandro Encinas; Higinio Martínez, dueño del Grupo de Acción Política y senador, así como detentador de la fuerza de movilización que tiene Morena en la entidad; también se sabe de Horacio Duarte, director de Aduanas. Por el PRD, un tal Arturo Piña y esos es todo.

El PRI anunciará una alianza, como ya se perfila, que cancelará la aspiración personal de panistas y perredistas. Y Morena, un partido dividido por la búsqueda del poder político, acatará la orden presidencial que pondrá a Delfina o a Encinas en la candidatura. Si gana el PRI, con todo y alianza, significará la continuación de los mismos en el poder. Si gana Morena, será imposible que el vencedor se desmarque de las decisiones del Palacio Nacional, y no podrá evitar que sea la estructura del PRI la que los reciba con los brazos abiertos cuando se ocupen de las dependencias. Lo que ganará será el abstencionismo y si vota el 60 por ciento de los 10 millones de inscritos en el padrón electoral mexiquense, ya se tendrá como un gran paso.

El Estado de México es una de las entidades más ricas electoralmente, y una de las más industrializadas. Aquí hay dinero y poder de sobra, lo cual no ignora nadie. No es lo mismo ganar Tlaxcala que el Estado de México.

Además, está la presencia del narcotráfico que en el sur mexiquense es el verdadero poder político y empresarial. Allá están las minas, los sembradíos y las rutas de trasiego. Pero el narco, aquí, no se manda solo y existe porque las autoridades, los soldados, los marinos, la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad pública lo permiten. No me refiero a los agentes de a pie, sino a los jefes responsables que sellan pactos. Y luego están los jefes políticos, que pactan todos los días con la maña.

Por sus manos pasa el dinero público, la aprobación de gastos, investigaciones, reformas y otras decisiones que afectan a todos. Eso quiere decir que se tiene poder, ya estructural, en grupo con el partido del que vienen, o por cuenta propia. Ambos son dañinos. Y todos dicen lo mismo, hasta luchadores sociales o autonombrados sobrevivientes de Ayotzinapa quieren hacer creer que están en la estructura del gobierno porque desde adentro se pueden cambiar las cosas. Y eso tampoco es verdad, la historia lo dice, la historia lejana y la muy actualísima de la Cuarta Transformación. Un partido político nace y disputa elecciones porque su negocio fundamental es la detentación del poder y del dinero. Y eso es todo. Porque la parte social se va resolviendo, al menos aquí en el Estado de México, como a alguien se le va ocurriendo, lo cual se traduce en que no se resuelve.

La promesa de campaña más importante del actual gobernador Alfredo del Mazo fue la de la seguridad, y de paso prometió otras pequeñeces, para él. Hacer de la entidad el estado más seguro de México es algo que puede darse por perdido, lo mismo que la instalación de mil cámaras de vigilancia, que se compraron y se colocaron pero no sirvieron. La depuración de las distintas policías también fueron palabras huecas de Del Mazo, a quien ya muchos ubican en una embajada nada más entregue lo que queda de su administración. Los legisladores de Morena no se atreven a hacer una revisión profunda y definitiva de éste y de otros gobiernos a pesar de que tienen acceso a información que nunca antes estuvo tan cerca de ser pública. Sin embargo, no lo hacen y si lo hacen lo harán con el objetivo de golpear electoralmente, no de hacer justicia.

En las últimas dos semanas, tres linchamientos han sucedido en el norte de Toluca. Hay por lo menos dos muertos y hasta diez heridos. Las comunidades de Autopan y Tlaxomulco hacen justicia con lo que pueden y lo que pueden es linchar. Hace años, el gobierno de Toluca y el propio estado las abandonó. Son pobres, no tienen servicios adecuados y sobre ellos está la delincuencia, que opera porque la Fiscalía, el ayuntamiento y el gobierno estatal lo permiten.

A todos, la siniestra aplicación de la justicia nos ha lesionado, nos ha apresado, nos ha quitado patrimonio, nos ha acusado injustamente. ¿Cambiará eso con la llegada de Encinas o Gómez? A Encinas, los reclamos de familias afectadas por Ayotzinapa le hacen los mandados y a Gómez los de los maestros de México, también. La construcción de una historia que favorezca a Morena, pero no a la comunidad ni a los más desprotegidos, está en marcha. Construye con la miseria que los otros dejaron, es cierto, pero también es verdad que Morena eligió a priistas, panistas y perredistas señalados de corrupción para que siguieran participando, ahora vestidos de guinda.

Si el PRI gana, es lo mismo. Si Morena gana, también. Los linchamientos en Toluca y en el resto del estado significan algo más que la simple violencia por hartazgo. Son mensajes que quienes gobiernan o se interesan en gobernar pasan por alto.

Como nos han pasado a todos.