Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño. Gobierno de México: imagen.

Ciudad de México; 18 de agosto de 2022.

“Peña Nieto no” es investigado, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, pero además encargado de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando le preguntaron si el ex presidente de México había sido investigado por este caso, que sucedió el 26 de septiembre de 2014 y que constituyó el punto de quiebre de ese gobierno, la debacle del priismo y el comienzo del ascenso político de Morena, el actual partido en el poder. La solución del paradero de los 43, de acuerdo con Encinas, no está lista y no hay condiciones para saber con exactitud qué les pasó.

“Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y [de las] que estamos llevando a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”, dijo Encinas, quien insistió en que la investigación y la búsqueda continúan.

En Palacio de Gobierno, en el centro de la Ciudad de México, Encinas presentó esta tarde el “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, pero la primera pregunta que le hicieron definió el camino de su ponencia.

-Entre estas personas […] saber cuántas de estas 33 personas… se puede saber cuántas son autoridades municipales, federales, cuántos son elementos militares o de la Secretaría de Marina, gobernantes, tal vez el gobernador de Guerrero… o el incluso el ex presidente Enrique Peña Nieto está en la lista de estas 33 personas […]- le preguntó una reportera al funcionario encargado de dar con la ubicación final de los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.

– […] sí hay personajes [que son investigados] de todos los sectores que mencionas- dijo Encinas, que comenzaba así la ronda de preguntas. Entonces levantó su mano izquierda, como si señalara a alguien, y terminó de responder: “Peña Nieto no”.

“¿No? ¿No? ¿Peña Nieto no?”, fue el murmullo que siguió entonces y que causó una pequeña conmoción entre los asistentes. Los reporteros presentes intentaron entonces insistir en el tema, pero Encinas, consciente de su metida de pata, quiso recomponer.

-Bueno, en las órdenes de aprehensión que se están trabajando, no. Sigue la investigación, por supuesto, en materia de quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se implementara- dijo de inmediato, pero ya era muy tarde.

-Entonces Peña Nieto…

-Eso que se los dé la Fiscalía… por favor- respondió Encinas, a quien su conferencia, de pronto, sin saber cómo y sin querer queriendo, ya le quedaba grande.

Ese “a Peña Nieto no” retumbó y levantó una ola de rumores. Si Peña Nieto ha sido el más señalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener responsabilidad en ese caso, que no se le investigue representa una contradicción.

En 2014, como presidente, Peña era el comandante supremo de las fuerzas armadas, y lo mismo que Cienfuegos y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, debió tener información en tiempo real de lo que estaba pasando.

Encinas dijo después: “no voy a dar ningún dato del proceso de judicialización y la información que se encuentra dentro de la carpeta porque incurriría en responsabilidad”, pero ya había dado, quizá, uno de los tres datos más importantes del caso. Peña Nieto, entonces, no. En un sentido estricto, al revelar esto, no incurrió en ninguna responsabilidad porque ese dato no se encuentra en los expedientes de la Fiscalía.

Antes, durante su exposición, explicó que por la mañana se había reunido con los padres de los 43 desaparecidos y también volvió a repetir que no hay ningún indicativo de que estén vivos y no es posible decir que se les va a encontrar.

Se limitó a señalar lo que ya se sabe, que fue un crimen de Estado en el que estuvieron coludidos los tres órdenes de gobierno y también se encargó de ponerle un límite a la responsabilidad del ejército, para quienes pensaban que altos mandos de la Sedena o la marina serían involucrados, cuando señaló que “el teniente Barbosa” era jefe de un soldado que estudiaba en Ayotzinapa. Del general Salvador Cienfuegos, en aquel momento secretario general de la Defensa Nacional, evitó hablar y trasladó esa responsabilidad a la Fiscalía, que deberá judicializar los dichos de Encinas y de su Comisión para hacerlos oficiales.

Encinas señaló al alumno desaparecido Julio César López Patoltzin de ser un soldado infiltrado en la normal que realizaba reportes para el ejército y que estaba bajo el mando del teniente Marco Macías Barbosa, adscrito al 27 Batallón de Infantería, pero no dijo nada acerca de la responsabilidad del ahora diputado federal por Morena, Manuel Vázquez Arellano y de David Flores Maldonado, ex alumnos de la normal, quienes son señalados por la mayoría de sus compañeros de ser los verdaderos infiltrados y responder a los intereses del gobierno de Guerrero, del narco y del ejército. Que Patoltzin esté desaparecido significa que no podrá corroborar el dicho de Encinas, aunque éste señala que el último reporte que el soldado infiltrado envió lo realizó a las 10 de la mañana, desde las instalaciones de la normal.

En su discurso, “el subse” no se atrevió a salirse de un guion que la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa ha establecido prácticamente desde el principio: proteger a los alumnos infiltrados que la propia escuela señalaba, proteger a los altos mandos del ejército y culpar a un desaparecido de esas acciones.

Lo que Encinas no sabe o no dijo es que en las comunidades cercanas a Tixtla hay reportes actuales de pobladores que refieren haber visto con vida al soldado López Patoltzin. A él incluso lo habrían ubicado en una fiesta, pocos días después del 26 de septiembre del 2014. Esos reportes acerca del soldado normalista son, ahora, cada vez más frecuentes.

Encinas y la Comisión para la Verdad impulsan la responsabilidad del teniente Macías Barbosa en el sentido de que no implementó un operativo para rescatar al soldado Patoltzin, lo cual habría ayudado “a evitar la desaparición de los muchachos”.

Luego, el funcionario narró lo que también ya se sabe: que las autoridades de todos los niveles conocían los movimientos de los normalistas y de sus movimientos en Iguala. De todas maneras, aunque el ejército tuvo participación, Encinas afirmó que una buena parte de la investigación está basada en los trabajos que realizaron los soldados cuando estuvieron en la búsqueda de los jóvenes. También se apoyaron en pesquisas de la Fiscalía de Guerrero y en las de la Comisión de Derechos Humanos, así como en pasajes de la defenestrada Verdad Histórica.

Luego dijo que analizaron 87 millones de registros de actividades de celulares realizadas entre el 26 y el 28 de septiembre de 2014 “que nos permitieron depurar una base de 84 mil registros y ubicar 17 mil números diferentes, que estuvieron participando en las operaciones de ese día. Con ello hemos demostrado toda la red de vínculos entre el grupo delictivo y autoridades de distintos órdenes de gobierno y muestra cómo fueron operando en todo el proceso de persecución y captura de los muchachos”. Toda esa información obtenida se entregó a la Fiscalía para que evalué la veracidad de los datos.

Para Encinas, la investigación no está cerrada pero su nivel de avance permite establecer una historia que narra lo que pasó más verazmente. También dijo que una buena parte de la investigación debe ser todavía judicializada.

 A los padres de los 43 les informaron “toda la narrativa” desde que los alumnos salieron de la escuela. El gobierno de la Cuarta Transformación volvió a descalificar “la verdad histórica” que ubicó a los 43 normalistas como incinerados en el basurero de Cocula, una versión que fue avalada por el ex presidente Peña Nieto, quien basó todas sus políticas acerca de Ayotzinapa en esa historia, una mentira que su administración pasó como cierta.

Así, de acuerdo con “el subse Encinas”, se hicieron 101 acciones de búsqueda y más de 600 acciones de trabajo en tres años y medio. Hubo 17 hallazgos y 27 cuerpos recuperados, así como 32 indicios balísticos y prendas de vestir. Más de mil restos óseos fueron recuperados en campo y 32 fueron remitidos a identificación genética en Austria, que confirmaron la identidad de tres de los estudiantes. En otros restos no había material genético suficiente, pero se buscará otro sistema de identificación que por lo menos permita conocer el grupo familiar al que pertenecen.

Además, se solicitó el análisis de todos los cuerpos hallados entre septiembre de 2014 y 2020 -245 cuerpos que los colectivos de madres buscadoras en Iguala, familiares e instancias hallaron después de los hechos- para saber si había alguno de los estudiantes. De ellos se han obtenido 191 perfiles genéticos que identificaron a 30 personas, 16 de las cuales fueron entregadas a sus familiares, pero no hubo estudiantes.

Las búsquedas en vida se realizaron junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, que implicó el análisis de 177 bases de datos de dependencias públicas. No hubo registro de actividades realizadas por alguno de los estudiantes.

Se han obtenido testimonios voluntarios de 115 personas vinculadas con el caso, tres de ellos de perpetradores liberados, cuatro de ellos de personas puestas en libertad por tortura, 15 de ellos provenientes de presos, 23 de estudiantes sobrevivientes -los infiltrados que señalan los alumnos de Ayotzinapa-, 11 de ex funcionarios y 59 de diversos testigos.

Es ese proceso han fallecido o han sido ejecutados 26 personas que eran consideradas clave para obtener información: 14 integrantes de Guerreros Unidos y familiares de ellos, 2 narcos del cártel de Gente Nueva; 7 testigos que fueron activistas, funcionarios, policías y jefes del narco como Mario Casarrubias Salgado, quien era jefe de los GU, el cual estaba en un proceso de colaboración con el gobierno.

El informe escrito corrobora también que una parte de los alumnos pudo ser llevado al pueblo de Carrizalillo, una región en la que se encuentra la mina canadiense de Los Filos, que por años ha comprado la protección de grupos paramilitares para desplazar a pobladores. En esta mina se extraen 60 millones de toneladas de oro y el 2014 era resguardada por los Guerreros Unidos. El informe puede obtenerse en el botón de abajo.

Pero ahora, la conclusión más importante de Encinas es que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida y que todo parece indicar que fueron masacrados.

Eso, y que Peña Nieto no es investigado por ninguna circunstancia que proceda de Ayotzinapa.