Toluca, México; 28 de mayo de 2024

Miguel Alvarado: texto e imagen de portada. Ramsés Mercado: fotografías

“No hemos encontrado ninguna respuesta a nuestras problemáticas en los pasados gobiernos ni en el actual gobierno. Hay mucha indiferencia a pesar de la grave situación de falta de agua que enfrenta la Ciudad de México, Toluca y las áreas conurbadas. Ahora esa situación está afectando a los municipios productores de agua. Lo que actualmente se vive no tiene paralelo, no hay antecedentes de temperaturas tan elevadas como las de ahora en el Estado de México. Lo mismo se está enfrentando en el renglón del agua. Se han secado cauces, manantiales, los pozos de Luvianos y de la Sierra de Nanchititla».

Aguas contaminadas, tierras y boques quemados por incendios, falta de recursos económicos, la presencia del crimen organizado y de mineras extranjeras conforman un paisaje de pobreza miserable y abandono en los municipios sureños del Estado de México que obligan a seguir migrando a Estados Unidos, pese a que la región es una de las más ricas en recursos naturales.

La creciente ola de incendios en los campos y bosques de la región, la cual se ha incrementado debido a la inusual y trágica temperatura ambiental, que ha elevado a niveles de récord los registros de todos los municipios mexiquenses.

De acuerdo con la Unión Campesina Democrática, el 70 por ciento de los incendios se producen debido a la práctica de la roza, una técnica ancestral de siembra que consiste en incendiar los campos y prepararlos para la temporada. Las cenizas de las plantas quemadas contienen potasio y es esencial como abono para la nueva cosecha. Eso se practica en todo el país, pero también son fuente de incendios descontrolados que llegan a afectar áreas boscosas y urbanas. Es decir, se trata de incendios provocados.

Guillermo González Hernández, uno de los dirigentes de la Unión, defensor de los derechos de los campesinos del municipio de Luvianos y de la tierra calentana, denunció que los acuíferos de aquella zona están contaminados con aguas residuales. Ni uno solo de los 25 municipios del sur mexiquense cuenta con plantas tratadoras de agua.

“Esa contaminación va directamente a nuestros manantiales y en eso radica el asunto, que haya recursos para sanear esa cuenca, que necesita un programa integral que implique la reforestación y la participación de los campesinos. Así se podría evitar la migración de los mejores elementos que podrían rescatar nuestras cuencas”, dijo González, quien tuvo que exiliarse durante 19 años en Canadá después de que el ex gobernador priista Arturo Montiel lo criminalizara por defender la regularización de predios en Luvianos, en el 2001.

Los incendios y las condiciones adversas afectan a las cosechas y a la producción de fruta como el mango, el nanche y los arrayanes, y nunca se había enfrentado una situación de esa naturaleza. La falta de agua se presenta también en el uso doméstico.

“Hace 18 años se podían llenar cinco tinacos, dos pilas y se podían regar los jardines. Pero ahora, llenar una pila nos toma dos días”, dice González, él mismo sorprendido. La falta de agua impide rescatar los bosques y zonas frutales de los incendios derivados de la quema de milpas, las cuales se dejan sin cuidadores.

Hacia el centro mexiquense, el río Lerma es una cloaca desde Toluca hasta Nayarit. Se trata del más contaminado de México y a ese nivel se está llegando con la Cuenca del Cutzamala, que extrae el agua del Estado de México para llevarla a la capital del país. “La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha dedicado a cobrar las tarifas por los servicios del agua, pero no han hecho nada por tratar las aguas negras que están descargando a diario todos los municipios por donde pasa el Cutzamala. Esa contaminación se está reflejando en todos los municipios: Temascaltepec, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Tejupilco, Luvianos, Otzoloapan y Valle de Bravo. Todas las aguas residuales son descargadas a la Cuenca del Cutzamala. La presa de Valle de Bravo está en su nivel más bajo. Lo único que queda ahí son aguas negras que no son aptas para el consumo humano. La presa de Zitácuaro es la última que queda”, dice González.

Campesinos de Ixtlahuaca, un municipio al norte de Toluca, refieren que han llegado a perder hasta 15 hectáreas de árboles en cada incendio. En 2024 ya suman 10 las hectáreas perdidas, y las autoridades locales les dicen que necesitan pruebas de que alguien prende el fuego, aunque también les recalcan que no hay una ley que permita demandar. Pero esas quemazones son causa de la sequía en la entidad.

“En Ixtlahuaca, cerca del rancho San Francisco, cada vez que hay nubes pasa una avioneta dando vueltas y disparando químicos para dispersarlas. Acaban de quemar el cerro de la Soledad, le metieron lumbre”, señala uno de los afectados por prácticas que inhiben los bosques. En el caso de Ixtlahuaca, muy cerca se encuentra el complejo industrial Pastejé, propiedad de la familia Peralta, una de las más ricas de México, pues posee la marca UISA, que elabora focos y productos relacionados con lo eléctrico. Pero ahí ha instalado en los campos de cultivo una gigantesca red de paneles solares que necesitan de un cielo limpio de nubes. Por eso, el uso de la avioneta. Las autoridades municipales no quieren o no pueden hacer nada al respecto y se declaran “incapaces” de combatir incendios en zonas boscosas. Así, las zonas forestales y los campos en los que antes se sembraba maíz, haba, calabaza, trigo y avena están condenados a desaparecer.

Esa pobreza y abandono de los gobiernos de los tres niveles de gobierno están reforzadas por la presencia de empresas mineras de origen canadiense y de la Delincuencia Organizada Trasnacional (DOT), representada sobre todo por los cárteles de la Familia Michoacana y el Jalisco Nueva Generación, que primero mantuvieron una narcoguerra por las plazas de la Tierra Caliente -que incluye a las áreas limítrofes de Michoacán y Guerrero- aunque después pactaron para compartir sin diezmarse, lo cual consiguieron parcialmente.

“No hemos encontrado ninguna respuesta a nuestras problemáticas en los pasados gobiernos ni en el actual gobierno. Hay mucha indiferencia a pesar de la grave situación de falta de agua que enfrenta la Ciudad de México, Toluca y las áreas conurbadas. Ahora esa situación está afectando a los municipios productores de agua. Lo que actualmente se vive no tiene paralelo, no hay antecedentes de temperaturas tan elevadas como las de ahora en el Estado de México. Lo mismo se está enfrentando en el renglón del agua. Se han secado cauces, manantiales, los pozos de Luvianos y de la Sierra de Nanchititla. Por eso, debemos volver al origen de nuestro planteamiento como organización, que es la creación del Estado de Tierra Caliente que significa un nuevo reordenamiento de la Federación. Ese Estado garantizaría la producción de agua”, dice González Hernández, a quien se le conoce como El Satán, y que participó en un episodio violento conocido como El Tejupilcazo, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1990, derivado de una protesta contra resultados electorales que derivó en un enfrentamiento con saldo de tres muertos y 69 heridos.

Los integrantes de la Unión no confirmaron versiones acerca de que grupos armados están tomado en el sur los pozos de agua, pero dijeron que “esos se están apoderados de todo, incluyendo el gobierno”.

Iraís Peralta Obregón, secretaria técnica de la Unión, denunció que diputados de la actual Legislatura conocen las problemáticas del sur, pero desde hace un año le cerraron las puertas. “En los códigos penales federal y estatal se incorporan castigos para quienes incurran en delitos al medio ambiente, pero a mí me consta que el Comisariado Ejidal no impulsa la denuncia porque no quiere problemas con los vecinos. Lo mismo hace el delegado municipal y el presidente municipal pierde adeptos si lo hace”. Las autoridades han dejado que se queme la Tierra Caliente y la han llevado por un proceso extractivista que saquea minerales preciosos y el agua, impide la siembra adecuada y expulsa a los habitantes debido a condiciones de miseria que no se resolverán. La presencia de soldados y cárteles de la droga indica que se realiza un despojo silencioso de tierras y recursos, que la administración de Delfina Gómez, sumada a las anteriores, ha sido incapaz de voltear a ver.