Brenda Cano: diseño. Miguel Alvarado: texto e imagen

Ciudad de México; 2 de diciembre de 2022

Se trata de una sentencia histórica porque una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha obligado al ejército a abrir las puertas del Campo Militar Número Uno y de otras instalaciones para que sean inspeccionadas por una comisión especial que busca a dos personas, desaparecidas por los militares hace 15 años. Son guerrilleros pertenecientes al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Esta sentencia demuestra que es posible enfrentar al ejército mexicano desde la legalidad y obligarlo a abrirse, a explicar y a reparar los daños que ha causado a la población, ya sea por desaparición forzada, por asesinato, por encubrimiento, por omisión y por lo que le sea imputable.

Desde el primero de agosto de 2022 unos 50 militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se instalaron en un campamento de resistencia, a un costado del Zócalo central en la Ciudad de México. Están en el triángulo que forman los edificios de la SCJN, el Palacio Nacional y las oficinas de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Allí, en un espacio de unos 100 metros cuadrados han armado un plantón para que los ministros de la Suprema Corte no olviden que tienen todavía un proceso pendiente.

El FNLS es una organización que nació desde la pérdida de vidas y de libertades, así como del ataque a pueblos en Chiapas, al sur de México, ejecutado por paramilitares al servicio de poderes fácticos, de partidos políticos y de intereses de control territorial.

Los cerca de 50 metros cuadrados en los que están deben alcanzar para que coman, se aseen, se protejan del frío y de quienes los vigilan, y además deben estar alertas para mantener una constante vigilancia, día tras día. A momentos ponen una música a todo volumen que inunda un tramo de la calle de Pino Suárez, y en otros alguien toma un micrófono y explica las razones del plantón, que además ha padecido el asedio del ejército y de la Guardia Nacional, que los amenazaron la madrugada del 16 de septiembre de 2022 con detenerlos y levantarles por la fuerza el campamento, “porque se veían mal, porque cómo iban ellos a desfilar si estaban ahí, dando mala impresión”.

También capturaron a un espía, que portaban identificaciones de periodista y papeles que lo relacionaban con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y con el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este hombre llevaba fotografías de integrantes del FNLS que había tomado en diversas marchas y actividades, y que almacenaba en una cámara fotográfica.

A tres metros de las puertas de la SCJN cuelgan los rostros de tres personas: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, miembros del EPR detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007 y también de Fidencio Gómez Santíz, detenido y desaparecido el 5 de marzo de 2016 en Chiapas. Detrás de ellos, en una de las jardineras, se han clavado 49 cruces con los nombres de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Esas cruces gritan por todos.

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La Catedral se levanta todavía más misteriosa, cubierta con un andamiaje de aluminio por el que trepan albañiles para repararla y limpiarla. Las ruinas del Templo Mayor respiran por fin, después de años excavando y las ruinas del otro templo, el Palacio Nacional, se engalanan tristemente con tres plantones que exigen libertad para detenidos en el Estado de México, uno de ellos Irvin García, un activista y periodista de Toluca acusado por secuestro express y por el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido que por lo menos se revise su caso.

De pronto, la miseria que siempre ha atravesado este país cuelga de ese edificio, cuyos moradores describen otro México. A un lado, los brujos preparan sus yerbas y caracoles para limpiar a los gringos que pasean distraídos. Esto es lo que puede verse, porque cuadras más allá el poder omnisciente del cártel de la Unión Tepito sangra las calles de un centro portentoso que aun así no puede permanecer callado.

El FNLS está en la Plaza de la Mexicanidad y las esculturas de los aztecas encontrando al águila sobre el nopal no alcanzan a explicar en lo que se ha convertido el país.

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Abren las lonas que protegen el plantón y adentro pueden verse algunas mesas. Una pila de mochilas y cajas con libros y papeles ocupan la parte central del campamento del FNLS. Todos están haciendo algo. Algunos sirven café o comida en la cocina que han armado y otros apuntan pendientes y comentan. La mayoría ha salido y volverá más tarde. Al fondo, hasta el fondo, está el palacio de Gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum, que todas las mañanas se toma su café sentada en la oficina que ocupa y que ha enseñado hasta el hartazgo en sus redes sociales, mientras abajo y a la izquierda ni siquiera la miran los que duermen aquí. “No nos vamos a quitar porque esto es la vía pública y no les estamos pidiendo permiso”, le han dicho cuando les envía a policías y funcionarios.

Mientras, en la parte del frente, de cara a la SCJN, se ha organizado un espacio de venta de libros que narran la resistencia del Frente y al mismo tiempo denuncian la violencia que han tenido que combatir por años. Uno de ellos tiene este poema:

¿Dónde están?

Edmundo,

¿ya avisaste a la casa?

Gabriel,

¿qué tal salió la tarea?

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Las desapariciones de Reyes y de Cruz no sólo fueron obra del ejército. Se trató de un operativo en el que también participaron ministeriales y estatales de Oaxaca. “La detención-desaparición ocurrió, en el contexto de la efervescencia social generada por las protestas masivas encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que entre otras demandas, exigía la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz. El estado de las cosas que existía en la capital de Oaxaca, semejaba una insurrección popular que fue contenida por los gobiernos estatal y federal a través del uso la fuerza pública y el empleo de grupos paramilitares que recurrieron a la violencia y al asesinato de activistas y periodistas”, dice un texto del portal web Desinformémonos.

Los dos fueron detenidos en el centro de Oaxaca la noche del 24 de mayo de 2007 y llevados a la Procuraduría la madrugada del 25. Para entonces ya iban golpeados, tanto que el comandante de la Guardia, Jonás Gutiérrez Corro, se negaba a recibirlos. A pesar de todo, se ha podido documentar que Reyes y Cruz estuvieron unas horas en ese lugar, y ahí fue donde los desaparecieron.

Para capturarlos, se enviaron a 37 soldados y a dos oficiales, así como a agentes de seguridad pública e investigación. Poco después de que ellos desaparecieran, algunos oficiales que participaron en sui detención fueron asesinados o también fueron desaparecidos. Entre ellos estaban Jonás Gutiérrez Corro, Alejandro Barrita y Aristeo López Martínez.

El EPR ha reconocido que los dos desaparecidos militaban en sus filas, pero sus reclamos no fueron escuchados. Entonces, el grupo armado decidió realizar tres ataques a ductos de Pemex, el 5 y 10 de julio, y después el 10 de septiembre de 2007. Los familiares de Reyes y Cruz formaron una organización, a la que denominaron “Hasta encontrarlos”, y desde entonces se ha encargado de buscarlos y darle seguimiento al caso.

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Esto, como dicen los integrantes del FNLS, es un plantón popular instalado desde el primero de agosto de 2022 y no se quitará hasta que la SCJN termine un proceso que inició hace 15 años.

La exigencia del Frente es precisa: que las autoridades presenten con vida a los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca por militares en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde entonces se han cumplido 15 años sin que ningún gobierno haya dado alguna respuesta favorable. En 2014, durante la administración del presidente priista Enrique Peña, se ganó una resolución en el Noveno Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, la cual ordenaba a la SCJN que revisara el caso. Pero hasta el 10 de agosto de 2022, el Estado había negado el acceso a la verdad acerca del paradero de sus compañeros. Desde entonces el FNLS ha realizado una lucha política que no es otra cosa que una resistencia. En los estados de Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Chiapas y en la CDMX han hecho mítines, plantones, conferencias y foros en los que se hace pública la exigencia respecto de los desaparecidos.

¿Qué les pasó? ¿Quiénes dieron la orden de desaparecerlos? ¿Dónde están?

El Estado mexicano ha tratado de impedir de diferentes maneras que se obtengan esas respuestas y los militantes del Frente han sido hostigados, amenazados y despojados. En Chiapas, por ejemplo, grupos paramilitares actúan en contra de ellos atacándolos con armas. El FNLS los ha denunciado y entregado información acerca de quiénes son, pero con todo y eso el gobierno estatal protege a los agresores.

El caso de los Petules

Un grupo paramilitar denominado los Petules, financiados por el Estado, opera en Ocosingo, Chiapas. Están acusados de docenas de crímenes en contra de familias de las comunicades locales y persiguen el objetivo de desarticular a las organizaciones populares, las cuales representan a movimientos que exigen justicia, que unifican pueblos en resistencia, que defienden tierras y denuncian atropellos.

Los Petules saltaron a los reflectores nacionales en los últimos meses cuando arrebataron a una comunidad uno de los premios de la Lotería Nacional, que se entregaron cuando se realizó la rifa del avión presidencial, en 2020. Ese premio había sido ganado por un jardín de niños, ubicado en la comunidad de El Nacimiento, controlada por ese grupo armado. Un año después, 60 familias fueron desplazadas de esa y otras regiones como El Carrizal.

El grupo armado se apropió de las tarjetas y claves de retiro que tenían las familias que trataban de reconstruir y mejorar la escuela José María Morelos. Su boleto, el 4344899, estaba en el paquete de los siete planteles de este tipo que ganaron el sorteo 235, realizado el 15 de septiembre del 2020.

Los Petules fueron denunciados a las autoridades y ante el gobernador, Rutilio Escandón, un político asumido como de izquierda desde su partido, Morena, y cuya respuesta fue cerrar sus puertas y canales de comunicación. Las poblaciones agredidas fueron dejadas a merced de los paramilitares, que mantuvieron el asedio hasta abril de 2022. El FNLS ha denunciado que este tipo de premios en realidad financia a grupos represivos para la compra de armas y municiones, y que puedan operar contra poblaciones, desplazarlas y eliminarlas.

Las agresiones de paramilitares obedecen a distintas razones. El 11 de abril de 2022 los paramilitares dispararon contra el pueblo de Ocosingo durante media hora para intimidar a quienes habían denunciado un acto de negligencia médica en el Hospital Básico Comunitario de Ocosingo. La respuesta del gobierno fue una balacera. “El Estado activó a los Petules para agredir a nuestros compañeros del ejido El Carrizal”, dice el FNSL, que apunta además que “la agresión paramilitar no es un hecho aislado, forma parte de una política de gobierno de constante hostigamiento policiaco-militar y paramilitar en las regiones donde tenemos presencia y arraigo político como movimiento popular independiente. ¿Quién financia a este grupo paramilitar si no es el Estado? La cantidad de balas dirigida a nuestros compañeros con la finalidad de perpetrar un crimen representa miles de pesos que sólo es posible [tener] con el respaldo gubernamental”.

Hace diez años que los Petules fueron denunciados como paramilitares y en 2022 sus actividades se han incrementado al reprimir a comunidades como Río Florido y El Carrizal, aliadas del FNLS.


“Los Petules se sienten tan protegidos que no les importa evidenciarse en redes sociales, en fotos con sus armas de fuego, una evidencia que la FGE y FGR pasan por alto. Estos paramilitares viven en el mar de la descomposición, con todo el financiamiento que reciben se dedican a parasitar, al vicio, a la prostitución y a cometer actos criminales”, dice el FNSL.

Son varios los objetivos de mantener o enviar paramilitares a ciertas zonas. En Guerrero, por ejemplo, estos grupos, que no son otros que los propios cárteles del narcotráfico, trabajan para las mineras extranjeras, sobre todo canadienses, que buscan territorios para excavar en busca de minerales como el oro, la plata o el uranio. La presencia de estos grupos provoca que el ejército tome los pueblos y calles de las ciudades, con la excusa de proteger a los ciudadanos. En realidad, las operaciones del ejército y sus cuerpos asociados como la Guardia Nacional aparecen para proteger al paramilitarismo.

En Ocosingo los militares han instalado bases que rodean a ésa y a otras regiones. Un conflicto con grupos armados implica que el ejército pueda justificar su presencia. Pero se trata de un conflicto creado por las propias autoridades.

“Por cada actividad que hacemos hemos sido señalados, hostigados, criminalizados y han cometido crímenes en nuestra contra. Tenemos compañeros caídos en la región de Ocosingo, por ejemplo Héctor Santiz López y Humberto Morales Santiz, este último un niño de 12 años que fue ejecutado de manera extrajudicial por los paramilitares para intentar detener al FNSL. Otra ejecución contra nosotros fue la de Víctor Alfonso Pérez López”, señala el Frente.

El Comité Cerezo, una organización de derechos humanos, ha documentado el origen de los conflictos del FNLS con los Petules, que toman ese nombre del apodo de su fundador, Pedro López Rodríguez, que entrena y arma a indígenas. A él se le unió después Lorenzo Sántiz López, un comisariado ejidal de El Carrizal que desertó del propio Frente y juntos consiguieron que autoridades municipales los contrataran o patrocinaran como brazos armados.

La comunidad de El Carrizal nació después de una recuperación de tierras que en 1983 realizaron campesinos sin propiedades, de origen tzeltal. Entonces constituyeron la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS), la cual fue hostigada por la policía de Chiapas.

Los Petules fundaron un pueblo al que le llamaron El Nacimiento, en el cual las autoridades que los apoyan construyeron viviendas de interés social. Actualmente es el único de los asentamientos en la región que cuenta con todos los servicios. Desde el 2012 los Petules han mantenido un cerco contra la población de El Carrizal y el FNLS. Ese grupo armado interfiere en la vida de El Carrizal y en sus procesos políticos, electorales y económicos. Había lanzado contra Ramiro Santiz López, dirigente del FSLN, una serie de amenazas de muerte.

Fidencio Gómez Santiz

Es un indígena tzeltal de la región de Ocosingo, nacido en la comunidad de Las Perlas, en el municipio de Altamirano. En 2016 había ido a la CDMX a participar en un plantón. Fidencio no habla español pero esa condición no lo limitó para abrazar la exigencia de presentar con vida a los desaparecidos. El 5 de marzo de aquel año regresó a su tierra. Al otro día ya estaba en San Cristóbal las Casas, en Chiapas, de donde se trasladó al municipio de Altamirano. Ahí alcanzó a ver a su mujer antes de subir a un transporte para llegar a su comunidad. Era un último viaje de aproximadamente 30 minutos, pero Fidencio nunca llegó. De hecho, apenas 8 minutos después de que abordara el camión, ya no contestó el teléfono.

En ese momento nadie preocupó. Su mujer creyó que estaba bien y que había llegado a la comunidad, y en el pueblo pensaron que aún estaba en camino. Siete días tardaron en reaccionar. La esposa había ido a visitar a unos familiares y por eso no pudo comprobar la ausencia de Fidencio. Al fin, una semana más tarde, desde la CDMX confirmaron la ausencia y también iniciaron la búsqueda, una ruta que los enfrentó con las puertas cerradas de todas las dependencias, como las de la Fiscalía de Tuxtla Gutiérrez y la criminalización que las autoridades realizaron contra la propia familia.

Uno de los mayores absurdos con los que batallaron durante este proceso fue la exigencia de la Fiscalía para que el propio desaparecido acudiera a firmar los papeles de la denuncia, para ratificarla y darle cauce legal.

Han pasado seis años desde la desaparición de Fidencio y la Fiscalía ahora dice que ha extraviado la carpeta de investigación.

“¿Qué nos da a entender? Bueno que para la Fiscalía de Chiapas no es prioridad buscar a los desaparecidos cuando se trata de luchadores sociales, de organizaciones populares independientes que no militamos en ningún partido político. Ese es el castigo que nos da el Estado mexicano por no inscribirnos en su padrón”- apuntan integrantes del FNLS.

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El gobierno federal de Enrique Peña se caracterizó por desplegar una política que impulsaba el terrorismo de Estado y que trituró a las organizaciones populares que se le oponían. En 2018 el gobierno cambió. Entró un presidente asumido como de izquierda y del que las organizaciones populares esperaban mucho. Era de Morena, un nuevo partido, y para muchos se trataba de la esperanza de México, pero para algunas organizaciones no era así. La razón: que Andrés Manuel López Obrador también es hechura del sistema que había protegido a los presidentes panistas y priistas represores.

“Nosotros, antes del 2018 advertimos que AMLO no era el bueno, porque ese tipo de políticos, aunque sean muy progresistas, se convierten en administradores ya que no ostentan el poder político ni económico que se requiere para cambiar a un país como éste. El destino de México está decidido por los grandes empresarios, por la burguesía nacional y extranjera, que han invertido millones de dólares en este país y saquean sus recursos”, apuntan los integrantes del Frente.

Y tienen razón. A las mineras canadienses que devastan Guerrero nadie las puede detener. Empresas como Teckominco o Equinoxx están protegidas por el actual Tratado de Libre Comercio para América del Norte que fue ratificado por el gobierno obradorista, y que obliga al gobierno mexicano a garantizar el trabajo de la industria extractiva, a protegerla con las fuerzas armadas so pena de la imposición de multas multimillonarias.

Las empresas saben lo que vale la entraña minera mexicana. Un comunicado en 2005 de la mina de Los Filos en Guerrero, firmado por Maribel Castilleja, gerente técnica, señala que ahí se esperan extraer 60 millones de toneladas de oro. Propiedad en ese entonces de la superminera Gold Corp, Los Filos es uno de los ejemplos más acabados de despojo y violencia que se ejerce contra los recursos y habitantes del país.

La advertencia del FNLS no fueron escuchadas y se les tachó de opositores al cambio. Sin embargo, el propio AMLO les dio la razón cuando quebrantó una de sus principales promesas de campaña, regresar a los militares a sus cuarteles. Hoy, el ejército se hace cargo de más de 260 acciones que pertenecían a la esfera civil; se plantea la construcción de unas 350 bases para la Guardia Nacional y se hace cargo de megaobras como las del aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. Esos militares son los mismos que desaparecen y cometen los crímenes que denuncia el Frente.

En Chiapas, desde la entrada de Morena al poder, se desató contra el FNLS una represión inusual, directa. El 17 de julio de 2019 fue detenido el militante Javier González en la comunidad de Las Rosas, acusado de robo a mano armada. Él vivía en la comunidad Dos de Noviembre, la cual había tomado tierras para que trabajaran 10 familias y pudieran subsistir. González fue desaparecido y torturado durante 26 horas.


“La represión nos obligó a movilizarnos y a exigir la presentación con vida de González. Buscamos en cárceles y otros lugares de la región, hasta que lo hallamos en una prisión clandestina. Estaba golpeado y había sido trasladado a cinco lugares diferentes. Al familiar que iba por él le dijeron que esperara, pero lo engañaron porque a González lo sacaron por una puerta trasera y se lo llevaron al Cereso 5 de San Cristóbal”, narran los militantes.

Ahí el director del penal no lo quiso aceptar porque no había una orden para detenerlo y menos una sentencia para encarcelarlo. Iba tan golpeado que podía morir allí mismo. Entonces, en el Cereso 5, los policías elaboraron una carpeta básica para que fuera encerrado, violando los procesos elementales. Javier González fue presentado el 19 de julio.

 El FNLS se movilizó y realizó bloqueos carreteros para presionar por la libertad de González. En medio de todo eso, cuatro agentes vestidos de civiles pretendieron dispararles. Sin embargo, pudieron ser desarmados y se les retuvo en la comunidad.

El gobierno chiapaneco del morenista Rutilio Escandón quiso hacer pasar eso como un secuestro, pero no era así. los policías fueron alimentados y cuidados, como ellos mismos lo informaron. El gobernador inició una campaña en contra del Frente para hacerlo ver como un ente criminal. Usó a medios de comunicación y a los propios familiares de los policías detenidos.

“Rutilio Escandón, Ismael Brito Mazariegos, Jorge Luis Llaven Abarca encabezan la represión en Chiapas. Desde que inició la actual administración morenista en la entidad las violaciones a los derechos humanos, represión, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales se cometen de manera sistemática y diversos organismos independientes de derechos humanos han documentado y publicado datos referentes a las víctimas de la violencia institucional”, apunta el Frente, que señala las violaciones cometidas en el caso de González:

La primera, en el informe del policía Edgar Roel Hernández López sobre la detención de Javier, se omite la cadena de custodia del supuesto producto del delito y del objeto material, entre ellas una supuesta arma de fuego. En la CI no obra actuación relativa al cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que ordena en su Artículo 241.

La segunda violación radica en que la parte acusadora es inexistente. El juez de Control del Juzgado y Tribunales de Enjuiciamiento del distrito judicial de Comitán, informó el 4 de septiembre de 2019 que la supuesta víctima, Estela Hernández Méndez, no fue localizada en el domicilio que señaló, se preguntó con el presidente de la colonia y vecinos, y todos dijeron no conocerla.

La tercera es que la tortura aplicada a Javier ha sido certificada por seis dictámenes médicos diferentes integradas en la CI, sin embargo, la FGE se niega a iniciar una investigación en ese sentido.

Los policías retenidos por el Frente fueron liberados tras una conferencia de prensa en la que los agentes dijeron públicamente que no habían sido maltratados. El Estado ha articulado el discurso de que el FNLS secuestra y ésa es la bandera que esgrime cuando se le cuestiona acerca de los desaparecidos.

El gobierno de Chiapas pudo armar una incursión contra el Frente apoyado por más de 500 militares en el momento en que la Guardia Nacional estaba recién formada, un cuerpo armado al que el presidente Obrador describía como “el pueblo uniformado” que se dedicaría a velar por la seguridad de los habitantes. Fue la Guardia Nacional la que entró a El Nacimiento. La comunidad presentó resistencia y consiguió bloquear accesos y carreteras, después quemaron carros. La Guardia Nacional también entró a otras comunidades para intentar detener a militantes del Frente.

“La Guardia Nacional no es pueblo uniformado como lo presenta AMLO. Podrá ser pueblo porque no va a estar el hijo del dueño de Televisa, ni los hijos o nietos de Carlos Slim. No habrá ningún hijo de ningún burgués. A la Guardia Nacional la van a integrar hijos de campesinos y obreros obligados a cumplir órdenes, incluso a asesinar. Y si desertan los van a atrapar y castigar porque así es la práctica del Estado mexicano. Entonces no es el pueblo mexicano. Es pueblo, claro, pero no es el que te va a cuidar. El Estado se define como un instrumento de opresión de una clase sobre otra. En México salvaguarda los intereses de la burguesía y aquel que se oponga es aplastado por su propio hermano de clase”, precisan los militantes.

La respuesta del gobierno de Chiapas fue otra detención, esta vez la de Armando Hernández Sánchez, y en el intento de liberarlos, fueron detenidos otros dos, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, una pareja con dos hijos pequeños que el Frente tuvo que adoptar y mantuvo en tanto ellos estuvieron en la cárcel. Todos estos casos consumieron dos años, y aunque al final fueron liberados, a los implicados nadie les regresará el tiempo perdido. Junto con el psicológico, porque hubo torturas, ése es el daño que queda.

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El FNLS plantea un objetivo central, el cual es la lucha por el socialismo. Así, en torno a esa idea y su intento por aplicarla es que los casos de agresión por parte del Estado se van estructurando. A los militantes los detienen porque están en contra y eso, en opinión del gobierno, los convierte en criminales.

En Michoacán también hubo un detenido, el profesor indígena Leobardo Reyes Mesa, junto con otras dos personas, una de ellas Noemí Acaya Ríos. Además, el 3 de mayo de 2022 fue detenido Higinio Bustos Navarro en Terreríos, municipio de Chicontepec, Veracruz por el cargo del homicidio de un militar, de acuerdo a la carpeta PGR/SIEDO/UEITA/025/2008 que data del 2008, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa. Según el FNLS, ese legajo fue armado por órdenes de Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

La aprehensión, sin embargo, fue ejecutada en el gobierno de López Obrador. Higinio fue detenido ilegalmente, aunque de ese crimen no hay testigos, excepto el padre del militar, quien ha cambiado su versión hasta cuatro veces. Además, quienes declararon no mencionaron nunca el nombre de Higinio. Primero, el 15 de diciembre de 2010, la PGR exhibió una orden de aprehensión ligada a la averiguación previa /SIEDO/UEITA/025/2008, que sin embargo fue denegada. En 2011 una nueva orden de captura fue emitida, aunque fue ejecutada hasta 2021. El 6 de mayo la jueza Cira Sara Villafuerte Martínez le dictaba a Higinio formal prisión.

“Las detenciones son consignas del Estado, que a todos nuestros detenidos trata de vincularlos al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y lo hace porque somos los únicos que abrazamos la exigencia política de la presentación con vida de dos revolucionarios. Además, el Estado intenta ocultar que hay una organización que lucha por la vía de las armas para la transformación de nuestro país y que le ha declarado la guerra como oposición a su política neoliberal. Tratan de derrocar al gobierno e instaurar un sistema más justo”, dicen los militantes.

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Desapariciones forzadas en México se cuentan por miles, “aunque diga López Obrador que son cien o 150 mil, porque desde hace tres años contabilizamos 350 mil desde investigaciones de periodistas independientes como el italiano Federico Mastrogiovanni, quien señala que por cada desaparecido hay otros diez que no se denuncian”, reflexionan los militantes del FNLS.

Los casos de Edmundo Reyes Amata y de Gabriel Cruz Sánchez no son cualquier cosa, son dos revolucionarios que por su ideología y práctica política hoy el Estadio mexicano los ha intentado borrar o vincularlos a la delincuencia para que la sociedad no se solidarice.

Pero la SCJN ha resuelto que en el caso de estas dos personas se puede probar la desaparición forzada y además que en ella participó el ejército. Así, la importancia política es muy grande. Fue hasta 2022 que la Corte volvió a sesionar. Entonces el Proyecto de Sentencia fue resuelto por la ministra presidenta de la SCJN de la Primera Sala, Ana Margarita Ríos. Sin embargo, ese proyecto no especificaba cómo se debía cumplir el fallo, así que se fue aplazando el resultado final. Los casos de Reyes y Cruz no podían ser abandonados por el FNLS a pesar de que ya los resolutivos se iban dirimiendo. Y por eso están en plantón indefinido desde el primero de agosto de 2022.

“Se tuvieron que trasladar compañeros de Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Michoacán para esto. Hicimos una conferencia de prensa por la mañana y empezamos a instalar. Aquí esta plaza estaba vallada, así que cortamos los alambrones y nos hicimos espacio. Las autoridades nos reclamaron y quisieron negociar. Nosotros les dijimos que no veníamos a pedirles permiso porque esta es una manifestación política en un espacio público”, recuerdan los militantes.


La instalación de las bocinas, el baño, la cocina y el reparto de volantes comenzaron a organizarse y en dos días estuvieron listas las comisiones necesarias. Además, había que abordar la seguridad propia. Realizaron foros y conferencias para contar las historias de los desaparecidos.

“A cada persona que nos ha visitado le han tomado fotos”, precisan los militantes, quienes refieren además que el gobierno de la CDMX envió a 2 mil policías para tratar de desalojarlos, el 9 de agosto de 2022, un día antes de que la SCJN diera el veredicto relacionado con sus desaparecidos. En la madrugada de ese día, los integrantes del Frente fueron amenazados con ser detenidos si no levantaban el plantón.

Finalmente, a las dos de la mañana la SCJN falló a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Esa sentencia “confirma la responsabilidad del ejército mexicano en la desaparición forzada de los revolucionarios” y su búsqueda debe realizarse en campos y cuarteles militares. Pero además implica que los altos mandos militares deben ser llamados a comparecer y ser castigados por esos crímenes.

Además, la FGR debe publicar en su página los avances de la investigación y la Sedena también deberá publicar un extracto del fallo como una forma de asumir su responsabilidad. “Necesariamente en la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa el Ejecutivo federal de ese entonces tuvo que conocer y aprobar el cometido de este deleznable crimen. No cabe duda que la orden del cometido de las desapariciones forzadas en contra de Edmundo y Gabriel y de los normalistas de Ayotzinapa vino desde el Ejecutivo federal”, apunta el Frente.

Ahora falta que ese fallo se cumpla.

Entrar a los campos militares

Para buscar a los revolucionarios en las zonas castrenses, principalmente en el Campo Militar Número 1, tenía que conformarse una comisión interinstitucional formada por personal de la Fiscalía, de la Segob, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Sedena. El día que ese recorrido se haga, habrá observadores internacionales y familiares de los desaparecidos.

“No iremos de paseo, vamos a una búsqueda y la Sedena debe facilitar todo lo que se le requiera. Hablamos de una responsabilidad militar en cadena de mando. Ellos no se mandan solos, así que se tiene que investigar a los oficiales, hasta que se llegue al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de ese tiempo, que es Felipe Calderón Hinojosa. No vamos a permitir que se acuse solamente a soldados rasos”, dice el Frente, que reconoce que se trata de un fallo inusual en México, por lo que los abogados desconocen las dinámicas que deben seguirse. Sin embargo, la SCJN ha anticipado que el primer paso es engrosar ese veredicto, lo cual quiere decir que deben recogerse las firmas de todos los ministros para que esa decisión tenga validez y pueda ser turnado al Noveno Tribunal Colegiado.

Pero el engrose de esa decisión no cuenta con un periodo determinado de tiempo. Puede realizarse en un día o en cuatro años. Así que si se tarda, sólo queda denunciar.

Las primeras citas

La conformación de la comisión para buscar en los campos militares no ha sido sencilla. La primera de las reuniones en busca de un acuerdo se realizó en la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero no llegó la Sedena. Los representantes de la Secretaría de Gobernación llegaron una hora y 20 minutos tarde. Los de la Fiscalía quisieron que así se integrara una minuta y que los ausentes fueran colocados después. Pero el FNLS no aceptó.

“Los de la Segob ni el saludo te dan. ¿Esa es la buena voluntad del gobierno para la conformación de una comisión tan importante? No estamos de acuerdo y en esa minuta se estipuló que la Sedena no llegó, desacatando un mandato de la SCJN. Tampoco pusimos los nombres de los de la Segob porque no llegaron a tiempo y no por quince minutos”, recuerdan los militantes que consiguieron una nueva cita para el 3 de noviembre.

Ese día sí llegaron todos, pero desplegaron otra táctica. “Nos metieron en un cuartito de 16 metros cuadrados. Todos los del gobierno tuvieron sillas y un lugar en la mesa, junto con algunos familiares y abogados. Pero a los demás nos amontonaron atrás. Así que protestamos porque ese trato no es digno. O nos dan el espacio adecuado o esto no se hace”, exigieron los del FNLS.

La Fiscalía los amenazó, lo mismo que los otros representantes, pero el FSLN se mantuvo firme. “Esto que hacen es revictimización, porque entre quienes no reciben trato digno hay familiares de los desaparecidos. Y lo conseguimos. Cambiamos el espacio y la reunión comenzó. Duró unas tres horas y por fin la Comisión tomó forma, pero faltan muchas cosas. Queremos apuntar que desde el principio nos han querido intimidar”.

El FNLS esperaba que el secretario general de Gobernación, Adán Augusto López, estuviera presente, pero no se presentó ni un minuto. Tampoco fue el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Sólo fueron funcionarios sin capacidad de decidir ni de resolver.

Ya conformada la Comisión Especial de Búsqueda, se vendrán las mesas de trabajo, en las cuales se presentará el proyecto integral de búsqueda, que deberá compaginarse con la propuesta del FNLS.

“Por eso nuestro plantón tiene vigencias, porque no nos han dado las respuestas ni como familiares ni como organización. En el camino muchos de nuestros compañeros se quedaron, pero seguimos aquí por las víctimas”, apunta el FNLS, que denuncia que el gobierno mexicano ha intentado ligar a militantes del FNLS con el EPR.

El plantón se ha fortalecido con la presencia de simpatizantes y de quienes se interesan en la historia de las desapariciones forzadas, así como la del Frente, que ha conseguido articular una relación política y social lo suficientemente fuerte para resistir. El plantón en el centro de la capital mexicana exige fortaleza, y ninguno de los que está ahí ha tenido la idea de levantarlo.

“Nos hemos hecho respetar, y el gobierno de Claudia Sheinbaum nos respeta, pero no porque ella sea buena persona o le interese nuestro caso”, reflexionan los militantes, que se irán hasta que haya una solución.  

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