Redacción VcV

Toluca, México, 28 de septiembre de 2021.

Más de 30 mil internos de 21 penales en el Estado de México terminaron su cuadro de vacunación contra el coronavirus, 19 meses después de que se declarara en México la presencia de la infección.

La penitenciaria fue una de las poblaciones más afectadas y menos atendidas. Murieron presos, médicos adscritos y personal administrativo, y el número de contagios fue ocultado y minimizado por el gobierno del Estado de México. La muerte de Guadalupe Buendía, una lideresa de Chimalhuacán presa después de un enfrentamiento, en el año 2000, que dejó nueve muertos y más de 50 heridos en aquel municipio. En mayo de 2020, La Loba, como también se le llamaba, murió en el penal de Santiaguito debido al covid y a complicaciones de otras enfermedades.

Su muerte al menos alertó a organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que la pandemia había penetrado los protocolos de contención y se había enquistado en esa población. Pronto, se supo que médicos, custodios y administrativos habían muerto contagiados.

En mayo de 2020 había 20 presos muertos reconocidos por el sistema penitenciario mexiquense. Para diciembre de ese año había también 28 muertos en el sector de administración y 104 casos probables de infección. Desde entonces, apenas hay información aunque alertas emitidas por organizaciones de derechos humanos señalan que esta pandemia ha diezmado a esa comunidad.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que para junio del año pasado se habían registrado tres riñas o motines en el Estado de México y otras dos entidades derivados de los protocolos de salud que aislaron a los reos.

Ahora, en seguimiento a la campaña de inmunización implementada por el Gobierno de México, se  destinaron 31 mil 161 vacunas AstraZeneca de origen estadounidense, en los 21 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) mexiquenses.

Los presos acudieron de forma ordenada a la primera dosis de esta vacuna administrada vía intramuscular, y cuya segunda aplicación debe estar separada por un intervalo de entre 8 y 12 semanas; enseguida esperaron el tiempo referido por las autoridades para constatar que no existiera algún síntoma inusual.

La jornada de vacunación estuvo a cargo de enfermeros del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a la vez, elementos de la Guardia Nacional, custodios y personal administrativo de los penales vigilaron el proceso.

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