Miguel Alvarado

Toluca, México; 21 de junio de 2021.

La ejecución, asesinato o feminicidio de quien sea será siempre la prueba de que la sociedad se ha torcido sin remedio, y que por más que se intente será difícil o imposible incluso recomponer el rumbo. La semana pasada fue asesinado el comunicador Felipe Enrique García, quien se desempeñaba habitualmente en áreas de comunicación social, aunque tenía experiencia en reporteo para medios locales. Como vínculo entre áreas oficiales y periodistas, el colmillo le sobraba.

Pero lo anterior no significó nada cuando, a bordo de su auto, que usaba también para trabajarlo como taxi en la plataforma DiDi, fue ultimado de un tiro, en lo que la policía dice que podría tratarse de un robo.

García no trabajaba temas de narcotráfico y no era un periodista incómodo para nadie o por lo menos eso se veía públicamente, porque eso es lo que se desprende del trabajo que puede hallarse de él en internet y redes sociales. La verdad es que García no se metía en problemas porque su línea de trabajo era, sobre todo, la relación pública.

Su asesinato, sin embargo, vuelve a poner en el centro del análisis las condiciones en las que los periodistas trabajan en el Estado de México y Toluca. A García lo mataron porque quien lo hizo pudo realizarlo gracias a la impunidad que existe en este país. Hasta hoy, casi una semana después, no se ha capturado a nadie y ninguna hipótesis, salvo la del robo, se ha esbozado en torno a su ejecución o la policía no la ha dado a conocer. El móvil del crimen, pues, permanece en el misterio, ese misterio que aquí en México se llama, ya sabemos, impunidad.


Que García manejara un taxi significaba que el salario que devengaba para sostener a su familia era insuficiente. Su último trabajo había sido como jefe de prensa de la campaña de la aspirante priista a la alcaldía de San Mateo Atenco, la cual ganó al final de cuentas. Pero García, terminado el encargo, tuvo que trabajar en el servicio de transporte de la plataforma mencionada.

Otro punto a destacar es que García, por desgracia para él y para todos los reporteros y periodistas del Estado de México, demostró con su asesinato, con su artera muerte, que la Ley de Protección a Periodistas del Estado de México, aprobada en abril pasado, funciona lo que tiene que funcionar en un país, en una entidad como esta. Es decir, la Ley, como cualquiera otra que tenga que ver con la seguridad pública o personal de los ciudadanos, no funciona a pesar de la alharaca con la que fue recibida por la comunidad local. Se dirá que esa ley apenas se está integrando y que su aplicación total comenzará en octubre, eso si es que la Cámara de Diputado local se ilumina; que la Coordinación Ejecutiva también está en construcción, que los mecanismos y medidas de protección y los fondos para su debida operación se están estructurando. Eso, que se lo digan a los periodistas como Felipe Enrique García García, a quienes ni esa ni otras leyes han podido proteger, a quienes sus asesinos no les preguntaron a qué se dedicaban. Esa nueva ley, cuyo título completo es “Ley para la Protección de Periodistas, Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México”, también pretende o contempla la creación de una Fiscalía Especializada en el tema.

La reportera Violeta Huerta escribió al respecto que la famosa ley contempla, entre otras cosas lo siguiente: “En el delito de lesiones contra una persona en ejercicio de la actividad periodística o persona defensora de derechos humanos, se aplicarán de uno a tres años de prisión y de 100 a 200 días multa. En caso de homicidio a periodistas o defensores, las sanciones irán de 15 a 25 años de prisión. Se consideran delitos contra las personas defensoras de derechos humanos o periodistas cualquier conducta tendiente a impedir, interferir, limitar o que atente en contra de la actividad periodística y vulnere la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación”.

Si a García no lo mataron cuando reporteaba o porque sus temas periodísticos no lo ponían en riesgo, si lo mataron cuando trabajaba como taxista, ¿esa ley lo protege entonces? Quizá, porque de acuerdo a la misma información, esa ley “surgió de propuestas para reconocer la actividad periodística de interés público y durante dos años hubo reuniones, planteamientos, por lo cual recupera propuestas, ha sido construida a través de intercambios con periodistas, recoge múltiples posturas y está encaminada a la protección”. Así, en esos foros se debió tocar ese tema: la desprotección económica del reportero, que debe trabajar en otras cosas para no dejar de percibir ingresos, lo cual tiene muchísimas consecuencias, entre ellas el abandono del ejercicio reporteril por resultar estéril económicamente.

En todo caso, y por si hiciera falta, en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados los legisladores se pusieron de pie, guardaron silencio un minuto y dijeron que «el fallecimiento de Enrique García es muy sensible para todos». Eso. Y entonces dieron lectura al Orden del Día, en el que el tema de García, por supuesto, no apareció.

Los amigos del periodista ejecutado no pueden hacer mucho, salvo presionar para que el asesinato se esclarezca lo más pronto posible y velar por que la familia no quede desamparada. Los periodistas jugaron este domingo un partido de futbol, el cual dedicaron a García. Ahí expresaron el cariño que le tienen y la preocupación por la violencia extrema en Toluca.

No es común, pero no es el único caso en Toluca de un periodista asesinado, ejecutado o muerto en circunstancias poco claras y la verdad es que por ahora, con ley o sin ella, no hay nada que proteja a quienes trabajan en medios de comunicación, lo cual incluye a diseñadores, programadores, guardias, choferes, administrativos y hasta dueños de las empresas. Ya que se habla de estos últimos, nadie del “gremio de los empresarios” de la comunicación se ha pronunciado públicamente y si lo hizo su palabra pasó desapercibida. Ese, el de los empresarios, es un tema que debe revisarse a profundidad porque por años ha incidido de manera determinante en la calidad de vida a la que un trabajador de medios puede acceder. Las historias son de terror pero nadie las cuenta y por eso mismo pasan invisibles ante casos como este.

Los amigos de García exigirán que su asesinato se aclare. Los periodistas tendrían que buscar la manera de investigar qué fue lo que sucedió la noche de su muerte, dentro de su carro, en un camino solitario de Metepec y ver que eso no se repita nunca más. Con nadie.

Partido de fut

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