Redacción VcV

Toluca, México; 21 de abril de 2021

Silvia Salazar Monroy está presa y su esposo, Jacinto Guadarrama Martínez denuncia que su encarcelamiento es injusto. Lo dice mientras en la Plaza de los Mártires, en Toluca, y sobre la calle de Lerdo sus amigos y familiares ruegan -porque sus gritos todavía son ruegos- por que alguien en palacio de Gobierno los escuche. Pero no lo harán porque Alfredo del Mazo Maza no atiende este tipo de cosas diciendo que existen los canales correspondientes, y que él es el gobernador y nada más. Así que los niños y las mujeres que despliegan sus pancartas, que han subido un camión al zócalo y que ya no saben para dónde gritar porque nadie les hace caso, deberán aprender nuevamente que la justicia en México no es igual para todos y que las cárceles están llenas de personas inocentes que no han podido pagar el precio que cuesta su salida.


Silvia Salazar Monroy trabajaba como custodia en el penal de Cuautitlán, en el valle de México. Pero una evasión de reos le toca en su turno. Hubo explosiones que dañaron al centro penitenciario y ahora ella está acusada por esa fuga y por daños a bienes inmuebles.

-Pero fueron violentados sus derechos en muchas formas, así como su debido proceso. Ella, por ejemplo, no podía haber sido juzgada por una juez que pertenece al mismo Tribunal Superior de Justicia, porque esta instancia es la que la acusa. No pueden ser juez y parte. Además, ella fue torturada física y psicológicamente- denuncia su esposo, quien refiere que nunca le dijeron por qué delito la detenían y entonces le fabrican los delitos de resistencia y cohecho para que el ministerio público tuviera tiempo de armar una carpeta de investigación.

Ella está recluida en el penal de Almoloya de Juárez desde hace dos años y 9 meses y el 18 de septiembre de 2020 fue condenada a 32 años de prisión “ en agravio de la Administración Pública y del Poder Judicial del Estado de México”.

La evasión del penal de Cuautitlán ocurrió el 15 de julio de 2018 y la Fiscalía estatal sostiene que ella habría permitió entrar a seis reos a la Sala 5, un área de seguridad de los Juzgados de Control y Juicio Oral de Cuautitlán. Y allí, estas personas colocaron un aparato que explotó después, lo que permitió que escaparan tres de ellos.

Pero hay algunas cosas: ninguna mujer debía ser colocada en ese punto de servicio. Silvia Salazar Monroy era nueva en ese penal y apenas había cumplido mes y medio de servicio ahí. Su esposo, Jacinto Guadarrama narra que la amagaron internos para que abriera esa puerta y después de que el artefacto explotara, pudieran escapar.

Silvia Salazar, según la Fiscalía, era la única que podía permitir el acceso a esa área. La condena por 32 años se sumaba además a una multa de 68 mil 510 pesos y además otra por 3 millones 238 mil 275 pesos para que el Estado repare sus daños.

-Es una injusticia porque a ella no se le demostró nada en el juicio. El ministerio público no pudo demostrar alguna culpabilidad porque no la hay- señala el esposo.

Uno de los fugados fue capturado casi de inmediato y hace poco uno más fue capturado.

La juez señala que las pruebas presentadas son circunstanciales, porque el hecho coincidió con que ese día a la custodia Silvia -quien tenía 8 años de experiencia, trabajando en la Quinta del Bosque, un reformatorio para menores- le tocaba cubrir ese punto de servicio.

En la sede del poder Judicial, un edificio cuyo interior es tan duro como la roca, nadie los atendió.

A Silvia le aplicaron la pena máxima para estos delitos.

Deja un comentario