Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 12 de abril de 2021. Más de 100 servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal dependientes de la Secretaría de Educación del Estado de México, con funciones de Subdirección, Dirección y Supervisión, de Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico dependientes de la Dirección General de Educación Media Superior, serán removidos de sus cargos que actualmente desempeñan en los planteles del nivel Medio Superior antes mencionado, mismo que han cumplido por años si el gobierno mexiquense persiste en no otorgarles su nombramiento por tiempo indeterminado (basificación) que por ley les corresponde.

Todos ellos cuentan con nombramiento de directivos y de supervisión como resultado de las convocatorias 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, para la promoción a categorías con funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Media Superior convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno Mexiquense a través de la Dirección General de Educación Media Superior y de las actuales Direcciones tanto de Bachillerato Tecnológico como de Bachillerato General. Promovidos bajo los lineamientos establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente, derogada el 15 de mayo de 2019.

Los docentes con funciones Directivas y de Supervisión, que por razones evidentes han decidido mantenerse en el anonimato, han enviado escritos al gobernador Alfredo del Mazo Maza e incluso al presidente López Obrador, así como a las diferentes autoridades educativas involucradas, pues de su trabajo, en su mayoría, depende la manutención de los miembros de su familia, más aún en el contexto pandémico que sucede.

“Cabe mencionar que la rotación de estos puestos Directivos y de Supervisión, trae como consecuencia la inestabilidad en la operatividad de un plantel, lo que a su vez acarrea problemáticas en la implementación de estrategias institucionales, que tiene un impacto irreversible principalmente en los indicadores académicos (como la deserción, el aprovechamiento y el rendimiento escolar) de los educandos. Tiene el mismo impacto negativo, el seguimiento de la gestión de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. Así como continuar con los proyectos de mejora continua en desarrollo los cuales tiene el objetivo incrementar la calidad del servicio educativo a través de la generación de ambientes favorables para el aprendizaje, la promoción de la sana convivencia, la equidad y la inclusión” se puede leer en las solicitudes entregadas.

Expresan también que atentan contra el principio de estabilidad en el empleo, al que refiere el Jurista Mario de la Cueva que dice: “La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación”.

En los textos citados, los firmantes expresan su inconformidad ante la desigualdad con la posible no renovación de sus contratos en apego a los artículos 6o. y 37 de la Carta Magna, siendo el último de ellos que expresa lo siguiente:

 El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes:

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;

II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y

III. En los demás casos previstos por esta Ley. 

Aunado a ello, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en su artículo 43 señala que “en la educación básica, la promoción a una plaza con funciones de dirección o de supervisión dará lugar a un nombramiento definitivo…” y el artículo 60 expresa que “en la educación media superior, la promoción a un puesto con funciones de dirección o supervisión dará lugar a un nombramiento por tiempo fijo por un periodo mínimo de cuatro años, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados determinarán la duración de los nombramientos conforme a las disposiciones aplicables.”

Sin embargo, la misma Ley en mención, en su artículo 107, establece que “Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable,” Y en el Décimo Transitorio que a  la letra dice: “Al personal docente en servicio de educación básica y media superior que a la entrada en vigor de esta Ley ostente una plaza sin titular derivados de los procesos de ingreso previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que era sujeto a la evaluación del desempeño, además cuente con una antigüedad de seis meses y un día de servicio en ella, sin nota desfavorable en su expediente, y cumpla con el perfil correspondiente, se le expedirá el nombramiento definitivo en dicha plaza.” Por lo que consideran que existen las condiciones legales para que se les extienda el nombramiento por tiempo indeterminado que marca la ley, y que en las leyes anteriores lo confirma y reitera.

Cosa contraria, señalan, ha sucedido con orientadores, secretarios escolares, pedagogos “A”, auxiliares de supervisión y Asesores Técnicos Pedagógicos del mismo subsistema, a quienes ya se les otorgó su nombramiento definitivo en un evento público encabezado por el Gobernador Del Mazo, organizado por las autoridades educativas del subsistema educativo estatal, el pasado 24 de marzo del año corriente.

Este tipo de acciones, expresan, van contrarias a lo que el actual gobierno federal busca con la cuarta transformación, y que, con el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, el Lic. Esteban Moctezuma Barragán, que promovió durante su gestión por medio de las Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior, emitidas por la Subsecretaría de Educación Media Superior SEP, de la Nueva Escuela Mexicana, que en su texto cita “Recuperar los esquemas de estímulos al desempeño, promoción y recategorización docente que incentiven y motiven la superación profesional, así como que mejoren las condiciones laborales de los docentes.” Publicadas por el Profr. Juan Pablo Arroyo Ortiz.

Así mismo, dicen sentirse discriminados con desigualdad con relación a sus compañeros servidores públicos que fueron beneficiados, además de ir contra las leyes laborales, tanto federales como locales, atentando contra sus derechos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, Art. 02 que menciona que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…” , y el Art. 07 que reafirma que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley…”.

Su petición, dicen, es la seguridad laboral y permanente en su función Directiva y de Supervisión, como lo han hecho con sus propios compañeros servidores públicos el pasado 24 de marzo.

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