Miguel Alvarado
Toluca, México; 24 de agosto de 2020. Ya es una tragedia la muerte de por coronavirus de casi 61 mil personas. En dos semanas, si la constante se mantiene, se alcanzará la cifra de 70 mil muertos y aunque una buena parte del país se encuentra en semáforo naranja, el color debería ser el de la bandera de los piratas. Naranja o rojo, de cualquier manera las actividades comerciales en todas las ciudades del países se realizan de manera normal y, volcados a las calles, los mexicanos se siguen contagiando.
En un país como este, de plano ya en la ruina, es imposible no trabajar un solo día sin tener afectaciones para la inmensa mayoría, cuya preocupación inmediata es encontrar la manera de pagar la comida diaria. Lo demás puede esperar: deudas y pagos pueden esperar, aunque no las multas y cargos a quienes no han podido recuperarse. Esos, los que no tienen para pasar los días, al final de la pandemia conformarán otra clase de pobres, más miserables y más enquistados en condiciones de miseria que deberán abrirse paso, o mejor dicho, resistir en la realidad del México más violento de la historia, más empobrecido y con menos esperanza de salir adelante.
Sin empleos, sin posibilidad de ellos, el país está igual que hace seis años, cuando el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, 46 normalistas eran levantados y desaparecidos -hoy se perfila que a todos los ejecutaron, de las formas más crueles- por el ejército, las policías federal, estatal y municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula con conocimiento del gobierno federal y guerrerense.
A casi un mes de cumplirse seis años con apenas algunas respuestas, de la tragedia de Ayotzinapa puede confirmarse que se trató de un crimen de Estado en el que participaron civiles fuera de la ley pero también infiltrados en la normal, cuya responsabilidad no ha sido investigada en ninguna forma. Ayotzinapa, una normal rural que prepara profesores para enseñar en el campo, está la región más empobrecida de México, la más abusada, la más violada pero también la más rica y por eso mismo la más saqueada.
Ayotzinapa es una de las 17 normales rurales que han logrado permanecer abiertas pese a amenazas directas de desaparecerlas y promesas incumplidas -que es lo mismo que amenazar- de ayuda.
Padres de familia y algunos maestros han denunciado que en Tenería puede suceder una tragedia de magnitudes similares a los sucesos de Iguala si no las autoridades de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México no se detienen un momento y observan lo que pasa ahí, en el interior de esa escuela. Las denuncias, que además ya se han hecho oficiales hace tiempo, aunque ninguna ha sido atendida, exigen una investigación oficial porque los relatos de los padres de los alumnos relatan la realidad terrorífica de la escuela: venta de drogas en su interior, robo de equipos de trabajo -hasta un tractor falta en el inventario de la escuela-, saqueo de computadoras, desvío de recursos millonarios y el control del campus, así como protección y asilo a delincuentes, que duermen en las instalaciones mezclados con los alumnos.
El plantel ha sido controlado, dice la denuncia, por un grupo de profesores que por años ha medrado del presupuesto de la escuela, el mejor de todas las normales del país. Ellos deciden quiénes trabajan ahí, qué actividades harán los estudiantes, ponen calificaciones a conveniencia y avalan la durísima semana de pruebas que se parece más a una semana de tortura que a un examen de aptitudes físicas e intelectuales. Tenería, según la denuncia de los padres, incuba una tragedia que podría superar a la de Ayotzinapa, y lanzan un mensaje público de ayuda, el cual dará mayores detalles en los siguientes días.
Por ahora, como sucedió en Guerrero Ayotzinapa antes del 26 de septiembre de 2014, a nadie le interesa lo que ahora pasa en Tenería.