Miguel Ángel Alvarado
No se puede hablar de desaparecidos sin recordar Ayotzinapa, y no se puede hablar de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos sin dejar de lado a los cientos de miles que, literalmente, se han desvanecido en México, por lo menos en los últimos 12 años. La desaparición de todos ellos no se puede desligar de otro tipo de violencias: tortura y, la más extrema de todas, el homicidio. Y aunque desaparición, tortura y homicidio se toman como eventos separados, y tengan sus propias estadísticas, cuando las hay, no se puede ni se debe olvidar la correlación que cada una de este tipo de violencias arrastra consigo.
Los foros para la Pacificación y la Reconciliación Nacional que trataron de hacerse por todo el país, en el último tercio de 2018 y que al final, incompletos, fueron cancelados, mostraron a quienes gobernarán lo único que podían mostrar: que el Estado de México es una fosa. Que Jalisco es una fosa. Que Chihuahua es una fosa. Que Guerrero es una fosa. Que Veracruz es una fosa. Que Tamaulipas es una fosa. Que Sonora es una fosa. Que Chiapas es una fosa. Que Oaxaca es una fosa. Que Puebla es una fosa. Que Michoacán es una fosa. Que México entero es una fosa. Que uno mismo es una fosa, donde dios está enterrando.
No. Ni los lamentos o las protestas arrojan una idea precisa del genocidio que -un juego de palabras grotesco- se vive en México. Vivir en un Estado genocida es no vivir, no poder hacerlo. Una parte de los habitantes de este país parecen no darse cuenta del significado de la palabra genocidio y se atreven a criminalizar desde las condiciones de miseria y la ignorancia de la mayoría de la población.
El desamparo.
Como el del joven Víctor Emanuel, de 16 años. Ejecutado.
Ni Peña ni Calderón escucharon a nadie y aventaron a la basura las peticiones de auxilio de los mexicanos. “Nos están matando”, le dicen ahora a Andrés Manuel López Obrador cuando intenta acercarse y la realidad lo golpea desde las fosas indescriptibles. Hace poco un tráiler de la Fiscalía de Jalisco deambuló sin rumbo con 157 cadáveres en su caja para después ser abandonado como un ejecutado sin rostro. Esa fosa móvil es la imagen descarnada de este país y de las víctimas vivas que deambulan muertas pues su tragedia es una extensión de sí misma que alcanza todo umbral, incluso ese foro que apenas explora una masacre que ha sucedido por décadas. Después se supo que esto pasaba en 9 ciudades del país, que deambulaban esos tráileres de la muerte por caminos escogidos al azar mientras los cuerpos se pudrían o algo les pasaba y que eran prácticas normales, cotidianas, de quienes hasta hoy gobiernan en México.
Entonces Víctor Emanuel. Entonces uno mismo, que pasa inadvertido por cada una de esas puertas, precipitado a la bocamina de la muerte.
Hace falta memoria, que se recuerde para siempre cómo, en dónde vivimos.
Y que algunos hacen su camino sobre una llaga siempre abierta.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) tiene su propia Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Es un nombre largo, largísimo, que la FGJ ni siquiera ha podido escribir bien, pues en la portada de su portal web escribe “Persecusión” cuando se refiere a la instancia que busca personas y a la que se le llama, en corto, Fiscalía de Personas Desaparecidas. Según su propia descripción, “es el área que se encarga de investigar, buscar, localizar y reintegrar a su núcleo familiar a las personas que hayan sido reportadas como desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas en el territorio mexiquense”. Fue creada en 2014 y es dirigida por Juan Joel Pacheco Vilchis. Sus resultados no están disponibles, pero su esfuerzo se puede palpar todos los días y a todas horas en redes sociales, pues es la encargada de publicar las Alerta Ámber que informan sobre las desapariciones reportadas y que involucran sobre todo a mujeres jóvenes. Es casi una ley que las imágenes de los desaparecidos reaparezcan días después informando que están localizados, sí, pero muertos.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas tiene 11 módulos llamados Odisea en toda la entidad para “atender a las familias que por desgracia están pasando por la terrible experiencia de tener un ser querido extraviado o ausente. De igual manera, los módulos ODISEA tareas encaminadas a localizar a familiares de personas extraviadas que por su misma situación no conocen su identidad o no es posible saberla, como es el caso de niños abandonados, personas hospitalizadas en calidad de identidad desconocida o personas de la tercera edad con amnesia y demencia senil”, dice su página web. Para una entidad de más de 15 millones de habitantes, 11 módulos resultan, a todas luces, insuficientes. Más cuando el Estado de México es el segundo lugar nacional en personas desaparecidas, por debajo de Tamaulipas, una entidad en la que se vive una especie de genocidio, pues hasta el 30 de abril de 2018 tenía registrados 5 mil 990 desaparecidos. El Estado de México, aun en segundo lugar, no alcanza las cifras de Tamaulipas, aunque también es cierto que se denuncia menos. El territorio mexiquense tiene, hasta el 30 de abril del año pasado, 3 mil 890 denuncias por desaparición, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

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El Estado de México también cuenta con una Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, cuya titular es María Sol Salgado Ambros y que está vinculada de manera directa a la Comisión Nacional de Búsqueda. Es una de las primeras cinco comisiones estatales, con las cuales debería contar cada uno de los estados de México, pero eso no es aún posible.
La Comisión Nacional de Búsqueda es, por ahora, una instancia inoperante porque la administración de Enrique Peña no la fondeó. Su presupuesto, que no rebasó nunca los 400 millones de pesos, apenas alcanzó para pagar el sueldo de los 70 empleados que llegaron a conformarla. Hoy, la Comisión está en proceso de reestructura y tiene una nueva titular, Karla Quintana Osuna, quien asumirá el imposible reto de hallar a 40 mil desaparecidos e identificar al menos 26 mil cadáveres de los que por lo menos se sabe dónde están.
La Comisión de Búsqueda mexiquense tiene un presupuesto de 50 millones de pesos y 50 empleados, pero no puede precisar cuántas personas ha encontrado. “No podría decirle un número exacto de localización, lo que sí es que desde el día uno de mi comisión, nos hemos sumado a la Fiscalía para que las acciones ya no se hicieran sólo por parte de ellos, sino mediante acciones paralelas”, dijo su titular al reportero José Ríos, de El Heraldo de Toluca en una entrevista.
La Fiscalía de Desaparecidos del Edomex ofrece 300 mil pesos de recompensa para quien proporcione información acerca de 12 personas, cuyas fotos y datos se encuentran en la dirección web http://www.fiscaliadesaparecidosedomex.org.mx/abandonados.html. Una de ellas es Elizabeth Cruz García, de 18 años, extraviada el 30 de diciembre de 2010. También integra su descripción física y una foto en blanco y negro.
Pero si el Estado de México es el segundo lugar nacional en personas desaparecidas, su capital, Toluca, ocupa el primer lugar a nivel municipal con 346 casos, por encima de Ecatepec, con 336; de Neza, con 316; de Chimalhuacán, con 170; y de Valle de Chalco Solidaridad, que tiene reportadas 145 desapariciones. Estas cifras fueron recopiladas por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación hasta el 30 de abril de 2018.
María Sol Salgado es optimista en la tarea que le toca y cree que involucrar a familiares en las tareas de búsqueda podría ser útil, como lo refieren algunas experiencias anteriores. Sin embargo, experiencias de otras comisiones de búsqueda en países como Perú arrojan cifras muy menores porque, como México, debieron arrancar los programas prácticamente desde cero. Víctor Quinteros, del ministerio de Justicia de aquel país, refirió que buscaban 13 mil 764 desaparecidos que se registraron entre 1980 y 2000. Para tal operación los peruanos invirtieron un millón 150 mil dólares para crear la Dirección de Búsqueda, en 2017. Para junio del año siguiente, sólo se había podido identificar 14 cuerpos provenientes además de un lote de 5 mil 700 cuerpos, de los que ya se sabía dónde estaban enterrados o dónde se habían depositados.
México no es Perú, aunque se le parece mucho, por lo menos desde esta perspectiva.

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