Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 20 de mayo de 2022.

Vulnerable el periodista -el de honesta vocación que es oído y voz de los silenciados- que ejerce en un país donde se atenta contra su profesión. Aquel cuyo único escudo es, en el mejor de los casos, una grabadora o un pedazo de papel y pluma. Vulnerable el reportero de a pie, que recorre las zonas agrestes de la ciudad con su lupa de justicia. Vulnerable el periodista que se autocensura para sobrevivir o es censurado, muchas veces, desde las oficinas de su Redacción. Vulnerable el periodista que esconde la pluma con la que escribe y borra las cintas cuando se lo ordenan. Vulnerable periodista el que vive atado de manos con los cordones lastimosos del Estado.

Vulnerable periodista el que paga con sus propios recursos las lonas y carteles con leyendas de su autodefensa y no obstante sale con la frente en alto a protestar. Vulnerable él o ella que se sabe desprotegido. Que entiende y asume a ultranza que debe gritar muchas veces a solas y en silencio, alejado de los dueños de medios de comunicación. Vulnerable el que tira la piedra y luego debe esconder la mano.

Incongruente, también, aquel que comete los mismos actos que denuncia. Cobarde el patrón que no protege a sus trabajadores. Cobarde el abusivo, el explotador, el avaro; ese que cree que “gajes del oficio” es el axioma -que no lo es- que justifica cualquier tipo de violencia ejercida en contra de su gente.

Y es que sí: la verdad es un arma dolorosa; es incómoda para los hampones.

Cobardes policías que abusan de su entrenamiento disipador. Que portan armas como símbolo de autoritarismo. Que se saben vulnerados y pagan su condición vulnerando a otros. Cobarde la iglesia católica. Cobardes los diputados del Estado de México. Cobarde gobernador Del Mazo y cobardes los tantos presidentes municipales. Cobardes los que aún sabiendo que hacen mal, no hace nada por enmendar.

Fotografía: Abraham Sierra, cortesía.

Fotografía: Abraham Sierra, cortesía.

Vulnerados los sin nombre. Cobardes los que tienen uno y abusan de sus facultades.

“Nos tocó vivir una época donde el Estado perseguía periodistas y censuraba cualquier voz crítica o disidente. Hoy tenemos libertad de expresión y de prensa; se combate la impunidad en los casos de agresión a periodistas”, dijo el 3 de mayo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa la “jefa” del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Se olvida la mujer que su presidente y “jefe”, Andrés Manuel López Obrador, acusa de “traidores” o “neoliberales” a las voces críticas de su gobierno. Lo mismo sucede, persigan o no causas legítimas, con personajes como Carlos Loret de Mola, Jorge Ramos y Carmen Aristegui o los periódicos Reforma o Revista Proceso, entre otros, a quienes públicamente ha exhibido por razones distintas y también cuestionables. Esto, claro, sin considerar la omisión de acciones para quienes en sus conferencias mañaneras han denunciado -o lo hicieron antes de ser asesinados- acoso y amenazas en su contra por el ejercicio de su quehacer informativo.

La sociedad civil también respondió y constantemente lo sigue haciendo. Porque al final un enfermo se queja de lo que le duele.

Por eso las manifestaciones, protestas, paros, bloqueos y, aunque no menos importante, el voto de castigo.

No es sólo la supuesta fractura del reportero Abraham Sierra o que minutos más tarde se corroborara el diagnóstico resultando en ruptura de tendón cruzado y desgarre en los meniscos de su pierna izquierda; tampoco los golpes que recibieron Ximena García, las claudias Rodríguez y González o nuestro compañero Ramsés Mercado, tampoco las protestas silenciadas de las chicas trans de Toluca, es la incapacidad del Estado de trabajar en beneficio de sus gobernados. Es no replicar el mensaje de odio que durante campaña prometen combatir. Es no dejar desamparado a nadie. Es aceptar las demandas de un pueblo sometido colérico y silenciado.

Es una lucha incesante por la igualdad política, estructural, educativa, religiosa, civil, penal y humana. Es buscar justicia y equidad. Es reconocimiento e igualdad.

La reportera Ximena García, de La Silla Rota, defendiéndose de policías estatales.
Fotografía: Abraham Sierra, cortesía.

Son veinte años de ignorar las peticiones de aquellos que se aman entre iguales. Es negarles, cobardemente, un derecho civil. Es ningunearlos o borrarlos. Y sin también veinte años de segregarlos y subclasificarlos como parte de una comunidad delimitada, o no considerarlos parte de la mayoría aplastante que tiene derechos y libertades.

Es el resultado de tener un gobernador abiertamente homofóbico y legisladores subordinados a los caprichos del Ejecutivo. Diputados con sueldos millonarios y resultados paupérrimos

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