Miguel Alvarado: texto

Información: Ramsés Mercado.

Diseño: Brenda Cano.

Almoloya de Juárez; 26 de noviembre de 2021.

Nadie sabe lo que se siente cuando se abren las puertas de una cárcel y uno pisa la calle, el primer milímetro cuadrado que se configura en lo inentendible que representa recuperar la libertad. Nadie sabe lo que se siente si no es uno el que da ese paso, si no es uno quien se asoma por primera vez después de días, meses o años y se asienta, como si fuera el reino perdido, en ese primer milímetro que se ha construido pacientemente desde la celda y lo imaginado, desde la angustia de los nadies, de los ningunos, desde su tesón y su trabajo diario para liberar a los que se encuentran injustamente presos en las cárceles del Estado de México.

Eso le pasó a Silvia Salazar Monroy ayer, cerca de las 10 de la noche, cuando los policías la fueron sacando del penal de Almoloya de Juárez, la fueron sacando como a empujones porque los custodios representan una de las cadenas del aparato corrupto y represivo del Estado que castiga a quienes no pueden defenderse. Así, la fueron empujando primero del patio y después por los pasillos de las celdas. La llevaron a las oficinas, le leyeron el acuerdo de la increíble ley de Amnistía, que ya conocía y que no terminaba de asimilar. Luego o antes le dijeron que recogiera sus cosas y la volvieron a empujar hacia la entrada o la salida, que no es lo mismo porque todo depende de qué lado la mire uno. Para Silvia Salazar esa mole de acero sigue siendo ambas, o la mitad de las dos al mismo tiempo y para siempre, hasta que su proceso legal se resuelva. Porque la libertad para ella significa sí, que abandona la cárcel, pero que sigue sujeta a las investigaciones, las cuales se llevarán a cabo con ella en libertad.

Entonces la primera puerta se abre y ella avanza custodiada por los gendarmes. Avanza los 25 metros hacia el portón de fierro y acero que no impide nada, que no detiene nada, que no sirve para nada excepto para demostrar lo salvaje que es el Estado mexicano y que aquí en Almoloya demuestra que puede más el dinero que los abrazos e incluso que cualquier tipo de bala.

En los ojos de Silvia se le ve todo lo que le pasa por dentro. Lleva por dentro el grito que no ha podido dar, las palabras que no ha expresado en estos tres últimos años que ha pasado encerrada en el penal estatal de Almoloya de Juárez, a media hora de la capital del Estado de México. No llora, no todavía.

Silvia Salazar no sabe lo que pasa, excepto que se va de ahí y que afuera hay unas 300 personas esperándola para abrazarla, entre ellas su familia.

Entonces camina esos 25 metros y por fin se encara con el portón imposible de acero, que va abriéndose para dejarla pasar. Silvia Salazar Monroy adelanta un pie y con ese mismo impulso pisa el milímetro de ese latido rojo y húmedo que se llama libertad.

II

Su esposo es Jacinto Guadarrama Martínez y ha recorrido las calles de Toluca y todas las oficinas que pudo para rescatarla de la cárcel. En abril le rogaba al gobernador priista, Alfredo del Mazo, para que intercediera por ella, pero lo único que recibió fue una bofetada silenciosa, un mar de palabras que nunca pudieron decirle algo.

En abril, tomó sus pancartas y la foto de Silvia para pararse frente al palacete de Del Mazo, sobre la calle de Lerdo, en el centro de Toluca, una ciudad profundamente conservadora, profundamente feminicida. Ahí, parado a la mitad de esa calle inmensa, contó la historia de Silvia, quien trabajaba como custodia en el penal de Cuautitlán, en el valle de México. Pero una evasión de reos fue desarrollándose en su turno. Hubo explosiones que dañaron al centro penitenciario y a ella la acusaron de estar coludida en esa fuga y por daños a bienes inmuebles.

-Pero fueron violentados sus derechos en muchas formas, así como su debido proceso. Ella, por ejemplo, no podía haber sido juzgada por una juez que pertenece al mismo Tribunal Superior de Justicia, porque esta instancia es la que la acusa. No pueden ser juez y parte. Además, ella fue torturada física y psicológicamente- denunciaba su esposo, quien aclaró que nunca le dijeron cuál era el delito por el que la detenían y entonces le fabricaron unos cuantos: resistencia y cohecho para que el ministerio público tuviera tiempo de armar una carpeta de investigación.


Ella estaba recluida desde hace tres años y 4 meses y el 18 de septiembre de 2020 fue condenada a 32 años de prisión “en agravio de la Administración Pública y del Poder Judicial del Estado de México”.

La evasión del penal de Cuautitlán ocurrió el 15 de julio de 2018 y la Fiscalía estatal sostiene que ella habría permitido entrar a seis reos a la Sala 5, un área de seguridad de los Juzgados de Control y Juicio Oral de Cuautitlán. Y allí, estas personas colocaron un aparato que explotó después, lo que permitió que escaparan tres de ellos.

Pero hay algunas cosas: ninguna mujer debía ser colocada en ese punto de servicio. Silvia Salazar Monroy era nueva en ese penal y apenas había cumplido mes y medio de servicio. Su esposo narra que la amagaron internos para que abriera esa puerta y después de que el artefacto explotara, pudieran escapar.

Silvia Salazar, según la Fiscalía, era la única que podía permitir el acceso a esa área. La condena por 32 años se sumaba además a una multa de 68 mil 510 pesos y además a otra por 3 millones 238 mil 275 pesos para que el Estado repare sus daños.

-Es una injusticia porque a ella no se le demostró nada en el juicio. El ministerio público no pudo demostrar alguna culpabilidad porque no la hay- señalaba el esposo.

Uno de los fugados fue capturado casi de inmediato y hace poco uno más fue capturado.

La juez señalaba que las pruebas presentadas son circunstanciales, porque el hecho coincidió con que ese día a la custodia Silvia -quien tenía 8 años de experiencia trabajando en la Quinta del Bosque, un reformatorio para menores- le tocaba cubrir ese punto de servicio.

Ahora libre, lo primero que Silvia hace es aventarse a los brazos de su familia, que la reciben con los ojos enceguecidos, que apenas distinguen la sudadera azul que lleva ella.

III

Lleva sus cosas en una maleta de plástico. Es transparente porque así lo marcan las reglas de las prisiones estatales. Por eso, puede verse desde lejos, una bolsa de plástico y un bulto que parece ropa, pero quién sabe. A ella se le ha quebrado la voz incluso antes de pronunciar cualquier palabra, incluso antes que logre quitarse el cubrebocas con el que la obligan a salir. En sus ojos puede verse el corazón que ya se le sale. La custodian dos policías, un hombre y una mujer. Entonces, el policía se descubre el rostro y se le queda viendo. Por un momento, el oficial parece no llevar uniforme ni cargar su radio Matra de comunicación interna. Por un momento, él mismo parece liberado de las cadenas invisibles que parecen someterlo. Por un momento, el oficial parece feliz de que Silvia se vaya y su gesto resalta en la verdosa abominación que son lo muros de esa cárcel.

Además de todo, ella representa el primer caso de éxito del colectivo Haz valer mi libertad, que todos los jueves desde este año llega a las calles de Toluca para mostrar los casos de 24 presos injustamente. Han realizado ya todo, desde sacarse sangre, sepultar la entrada del Poder Judicial con velas hasta una huelga de hambre de tres semanas que el gobierno del Edoméx no peló ni volteó a mirar más de dos minutos, a pesar de que la instalaron frente a la oficina de Del Mazo.

Uno sabe que en la suma los miedos a veces ya no crecen, pero es en los abrazos afuera del penal que Silvia y su familia lo han entendido. Ella levanta el brazo derecho y se engancha a la chamarra de su familia. Y mientras eso pasa, quienes les han ayudado los rodean y lloran, porque saben que tarde o temprano les tocará estar en ese lugar.

IV

Ahí, al fondo de la carpa estaba la familia de Silvia. Se habían hecho populares entre los medios de comunicación en Toluca, pero lo eran tanto como los demás, que estaban en huelga de hambre, un plantón que se alimentaba de agua y miel que duraría 18 días, organizada y cuidada por el colectivo Haz valer mi libertad y por el Zeferino Ladrillero, un conglomerado de derechos humanos cofundado por Antonio Lara Duque.

Ahí, esas tres semanas, todo se volvió necesario, más que indispensable, más que eso porque hasta el papel para escribir representaba una situación elemental de vida.

– ¿Qué necesitas para ahorita, que podamos conseguir?


– A ver, a ver… -dijo el hermano de Gilberto Gómez Flores, preso de manera injusta, acusado de un delito sexual que sucedió en un lugar y una fecha en la que él no se encontraba porque había ido de vacaciones con su familia.

A ver, a ver, dice Christian, su hermano, que en ese agosto de 2021 estaba haciendo huelga de hambre junto a otros familiares. Así que se queda viendo ahí donde se acopian los productos. Mira el agua y los papeles higiénicos, también las cajas que contienen las cosas que sostienen al campamento.

-Por ahora falta miel.

Y eso es lo que fuimos a buscarles.

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