Miguel Alvarado
Toluca, México; 9 de agosto de 2021.
“¡Ora, ahí van esas perras! ¡Vamos a madrearlas!”, gritaron los golpeadores cuando vieron a lo lejos, paradas debajo de uno de los puentes de Tollocan, a dos mujeres en la esquina de Tollocan, Isidro Fabela y Cinco de Mayo, en la zona de la terminal. Entonces, como se dice ahí, se les dejaron ir los aproximadamente 15 hombres y mujeres que eran.
El resultado fue atroz. Las tres personas golpeadas -incluido quien esto escribe- resultaron con lesiones de segundo grado. La policía municipal, los antimotines, se quedaron viendo unos minutos antes de decidirse a intervenir, y cuando lo hicieron ya fue demasiado tarde. El baño de sangre ya había sucedido, junto con el robo de un teléfono celular.
Ya identificados y denunciados, se harán las cosas de acuerdo a lo que dice la ley, teniendo en cuenta que esto es México y en las calles salvajes la ley y la justicia son otras. Pero que dos mujeres hayan sido golpeadas tan terriblemente sólo pudo suceder porque quienes lo hicieron fueron protegidos. No se entiende de otra manera. La participación e involucramiento de autoridades es innegable porque sólo así la violencia cuadra, sólo así se entiende que no haya manera de detenerla.
Lo que pasa en las calles aledañas a la terminal es algo mucho más complejo que la simple apropiación de espacios para la venta. Evidentemente, esa violencia tiene que ver con grupos más organizados, que necesitan espacios para realizar otras actividades. Sin embargo, los grupos de choque que se aparecen de tanto en tanto en la terminal no terminan de entender su condición de empleados, la misma que desempeñan quienes los lideran y que intentan hacer creer a la opinión pública otras cosas. No es así. Los golpeadores siguen siendo parte del estrato más desprotegido de México, como lo somos ya una gran mayoría, y esa condición no cambiará ni en lo inmediato ni en el futuro más o menos lejano.
Ahora autoridades federales han colocado su mira en la zona de la terminal, en la violencia inusitada y en quienes participan en ella. Eso incluye a funcionarios y autoridades responsables de la actividad comercial en ese rubro.
Quienes viven en esta ciudad, por otro lado, saben que de no detenerse, todo eso acabará como han terminado otros conflictos a los que se les dejó crecer. Terminará con muertos y con el tejido social resquebrajado de manera irremediable.
Pero la golpiza que se llevaron las mujeres también ha revelado una parte oscura de los medios de comunicación locales. Nadie les hizo caso, ni mujeres que se dicen feministas, ni reporteras feministas. La nula solidaridad con quienes no tienen voz en esta sociedad se hizo de nuevo un espacio en los medios de comunicación. La falta de empatía con las mujeres agredidas por supuesto también significa que se extiende a otros casos, ajenos a la violencia de la terminal, y que terminan en feminicidios, secuestros, desapariciones, que son reportados una vez que han sucedido, que ya no tiene remedio. ¿Eso también cuenta para explicar que la entidad es profundamente feminicida, profundamente indolente y que por otra parte está sumida en un miedo estructural, profundísimo y que los propios periodistas no pueden ni siquiera articular?
Las autoridades hacen lo suyo, lo que pueden, más bien lo que quieren, pero los medios de comunicación y sus reporteros no están a la altura del violento Estado de México en el que viven. ¿Cómo se pueden entonces reportear esos casos si también, porque es verdad, eso cuesta la vida y quizá otras cosas que pueden ser peores? La respuesta, desde el silencio de la prensa local, es clara: no se puede.
Por cierto, ¿alguien se acuerda de la Ley de Protección a Periodistas del Estado de México? ¿Sí? ¿La que está considerada la mejor del país y que hasta ahora no sirve para nada, y que no servirá para nada porque para empezar la justicia no existe?
Quienes formamos parte de esta casa editora hacemos votos para que la violencia disminuya, y que la justicia no sea esa dama ciega que en forma de estatua se encuentra a las afueras de la Fiscalía. Entendemos que todos los sectores sociales, incluso los más favorecidos, se encuentran desde hace mucho en un estado de indefensión ante la violencia sistémica y estructura que al final resulta ser lo que pasa en las calles de la terminal, en los casos de feminicidios, asesinatos, secuestros y otros delitos de alto impacto.
Nadie quiere una guerra. Nadie quiere salir herido. Nadie quiere perder la vida. Pero eso, por desgracia, es lo que sucede todos los días en las calles salvajes de Toluca, en las calles salvajes de las ciudades y comunidades del Estado de México y del resto del país.
