Miguel Alvarado

Toluca, México; 7 de julio de 2021

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango es parte de un esquema de saqueo institucionalizado y de entrega de recursos públicos a amigos del ex presidente de México, Enrique Peña. En la construcción y operación de ese hospital se encuentran involucrados de manera directa empresarios como Juan Armando Hinojosa y políticos como Emilio Chuayffet y el propio Carlos Salinas de Gortari.

Apenas la semana pasada, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México daba a conocer que el 48 por ciento del presupuesto asignado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango en 2019 fue entregado a un solo proveedor debido a los contratos firmados con éste. Pero el OSF no dijo nada más. No dijo cómo es que operan esos esquemas en el Hospital Regional ni tampoco quiénes, además de la empresa, se han beneficiado con los contratos.

El hospital fue construido por su compadre entrañable, el empresario Armado Hinojosa Garduño, que ganó la licitación participando con la empresa Teya. El hospital fue construido mediante un contrato de Prestación de Servicios (PPS) e inicialmente contaba con 25 servicios subrogados con la empresa Gestión Integral de Hospitales Zumpango, SAPI de CV, de acuerdo a información contenida en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, realizada en 2018.

Fue precisamente la empresa Gestión Integral de Hospitales Zumpango, SAPI de CV, la proveedora que acaparó el 48 por ciento del presupuesto general del hospital de Zumpango, pues se llevó 510.7 millones de los mil 66 millones de pesos con los que contó ese año la institución. Además, constata el OSF, esa empresa firmó un contrato con duración de 25 años para proveer al hospital de equipo médico e informático.

El dueño de facto es el compadre de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, quien se benefició del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y de los fideicomisos F/00735 y el F/175992. Esto dos fideicomisos se desprenden además de otro fondo denominado Infraestructura Institucional (12), creado por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari.

La empresa Gestión Integral de Hospitales Zumpango es subsidiaria de Infraestructura Institucional (12), que a su vez fue absorbida por la multinacional Black Rock, que maneja activos superiores a los 6 billones de dólares y forma parte de una enorme red de construcción de obras públicas que afectan a todo el país. Gestión Integral fue creada con el objetivo de “construir y operar el Hospital de Alta Especialidad Regional Zumpango, después de que el gobierno de Peña Nieto le otorgara el contrato, por 7 mil millones de pesos”, señala la revista Proceso en un reportaje realizado el 5 de mayo de 2019 por el periodista Mathieu Tourliere, quien identificó que los accionista de Gestión Integral, desde sus actas constitutivas, son “Constructora Teya e IGSA Solutions –dos empresas de Hinojosa Cantú–, pero su consejo de administración era presidido por Pedro Chuayffet Chemor. Este personaje es hermano de Emilio Chuayffet Chemor, uno de los mentores políticos de Peña Nieto –del que fue además secretario de Educación Pública en el gobierno federal–. Como Peña Nieto, ­Chuayffet es integrante del grupo Atlacomulco y fue gobernador del Estado de México. Cuando la empresa I Cuadrada Zumpango compró la empresa a Hinojosa Cantú, su consejo de administración pareció una reunión de la élite priista con tintes mexiquenses: en la sesión del 14 de diciembre de 2011, por ejemplo, Gerard Rivero lo presidía, y tenía entre sus consejeros a Hinojosa Cantú, su hijo, y Chuayffet […].

De acuerdo a Miroslava Carrillo Martínez, auditora del OSFEM y a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso local, presidida por el diputado Tanech Sánchez Ángeles (Morena), en la tercera y última reunión de análisis del Informe de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2019 en el apartado estatal, se puntualizó que el OSFEM deja constancia de estos pagos, toda vez que el contrato con la empresa Gestión Integral se firmó en 2009 y no corresponde al periodo auditado. Además, se presupone un probable daño patrimonial al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) por 20 millones de pesos y de las deficiencias en la aplicación de normas contables.

La auditora indicó que al ISEM se le determinaron cinco acciones correspondientes de aclaración y que el 23 de abril el ente envió las respuestas de solventación, cuyo análisis aún está en proceso y la observación por 20 millones de pesos sigue subsistente.