Redacción VcV

Toluca, México; 8 de abril de 2021.

La asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos denunció el incumplimiento de la Ley de Amnistía en mil 9 casos, que se han presentado ante autoridades del Estado de México, pero que han sido ignoradas. Esta asociación, que consiguió la implementación de esta ley en el Estado de México recientemente, acusa que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Fiscalía y algunos órganos autónomos constitucionales no han observado la aplicación del Control de Convencionalidad Difuso, el cual obliga a los jueces a aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y revisar los casos que pueden ser considerados para obtener los beneficios de dicha ley.

Presunción de Inocencia construyó una base de datos en las que se demuestran las violaciones a derechos humanos. Hay 308 casos que están contenidos en ese banco de datos, de los cuales 62 se encuentran relacionados con secuestros; con 35 violaciones, con 21 extorsiones, con 4 de violencia sexual, con 5 de delincuencia organizada, con 3 de portación de arma prohibida, con 2 de feminicidio, con uno de cohecho, con uno de despojo y uno de lesiones.

José Humbertus Pérez Espinoza, creador de la organización, señaló que esta base de datos demostrará la violación a derechos, el incumplimiento del sistema penal acusatorio y las pruebas de que se trata de un delito fabricado. “Entonces los diputados no van a poder decir que no van a revisar los caso. Porque la diferencia que tenemos con la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Especial de la Legislatura, es que ellos creen que una comisión es una plataforma, y ellos creen, el diputado Emilio Ulloa, que está tratando con retrasados mentales. Y yo no tengo amigos ni hermanos (que me ayuden) a llegar a ser diputado (y) las verdades se tienen que fijar políticamente porque estamos representando a uno de los sectores más vulnerados y olvidados, y violados en sus derechos humanos como son los falsos culpables, privados de la libertad en la cárcel por delitos que no han cometido”, dijo.


La lista de los 308 casos, elaborada por la asociación, no fue recibida por la Comisión de los diputados aunque está sustentada en una base de datos a la que llaman “Madre”, la cual contiene información pormenorizada de las violaciones a los derechos. Esto amplía al legislador su panorama para tomar decisiones.

“Si tenemos que terminar en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana para que sentencien no un caso, sino la falta de un sistema penal acusatorio, lo haremos. Esta es una gran lucha que no han querido resolver el presidente de la república ni los gobernadores, para hacer un análisis de si funciona o no el sistema penal. Lucharemos por establecer una comisión que revise caso por caso, a nivel nacional, porque los gobernadores han llevado a prisión a mucha gente, junto con la Federación en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Pérez.

La base de datos contiene violaciones como tortura, tratos inhumanos, extorsión y registra las fallas del sistema penal acusatorio. En 80 por ciento de los casos, las detenciones son arbitrarias e ilegales y se detectan pruebas completas e insuficientes para condenar. Además, no se garantiza el principio de presunción de inocencia y se condena sin la presencia en los juicios de víctimas o testigos. Se viola además el principio de igualdad de partes, porque no aceptan ni valoran las pruebas a favor del acusado. No se aplica el principio de la duda razonable a favor del imputado.

Hay pruebas que no se aceptan, como material videográfico en el que las personas son sacadas hasta desnudas de alguna casa, mientras que el reporte oficial señala que lo atraparon en otro lado y en otras condiciones. Incluso, dice Pérez, el C5 esconde las informaciones.

En todos los casos que presenta Presunción de Inocencia no existe una investigación preliminar porque la mayoría se trata de detenciones en flagrancia.

Presunción de Inocencia, aparte de la Amnistía, logró una acción colectiva de 369 personas que ya tienen beneficios. Ya salieron 12 personas, que esperan que se les promueva su salida. En 15 días saldrán otras 40 personas por beneficios. Un hombre enfermo de cáncer fue liberado por razones humanitarias del penal de Chiconautla. Jorge Alejandro González Martínez y Rubén Tapia fueron liberados de Neza-Bordo; Eduardo Rafael Ríos, Pedro Soria, José Rojas y Luis Galván, de Chiconautla; Emmanuel Navarro y Adrián Rivera de Otumba, así como Víctor Islas, de Cuautitlán.

Los penales de Tenango del Valle, Cuautitlán, Toluca, Otumba y Texcoco preparan también salidas de personas privadas de la libertad.

“Le estamos diciendo a las autoridades que nosotros estamos haciendo el trabajo que deberían hacer los abogados de oficio”, dijo Pérez, quien refirió que detectaron que internos, familiares y autoridades penitenciarias descubrieron la manera de hacer negocio con las listas de inscritos que buscan el beneficio de la amnistía, y que cobran hasta 20 mil pesos por “apartar lugares”.

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