Miguel Alvarado/ Ramsés Mercado

Toluca, México; 7 de abril de 2021. Hace un año los peces de la laguna de Salazar, en el municipio de Lerma, comenzaron a morir. Los peces aparecieron muertos, volando, como dicen los habitantes del pequeño pueblo enfrente de la laguna, al que se la tragaron las 350 hectáreas del parque de La Marquesa, sus cuatrimotos y sus restoranes, sus turistas y sus bosques cada vez menos arbolados que apenas pueden ser atendidos por los cerca de 2 mil ejidatarios que están a cargo y que en un tiempo hicieron en el lago labores de limpieza.

Ahí, en Salazar había un antigua estación de trenes, usada desde los tiempos de los emperadores Maximiliano y Carlota, a mediados del siglo XIX que también desapareció porque ahora los trenes son de carga y no hay motivo para que se detengan. El lago, que hace 40 años era una maravilla transparente hoy recibe descargas de aguas negras y gran parte de la basura de quienes pasean alrededor.

Así pues, hace un año los peces aparecieron volando, flotando en esa agua verde y negra cuyas islas están formadas por la basura y los desechos de plástico que no pueden degradarse.

-Yo tengo doce años y apenas empezamos a ver los pescados muertos, volando- dice una de las pobladoras que todos los días se asoma al lago para ver a los animales muertos. Atrás quedaron para ellos los días de acociles, charales blancos, carpas doradas, barrigonas, de Israel, lobinas y truchas que les servían de alimento cotidiano- dice Vicenta Guerrero mirando nada más hacia las aguas, como si quisiera volverse atrás.

Y describen así a los peces: tienen granos y aunque no saben por qué han mutado o enfermado de esta manera, no es difícil inferir las causas.

-Es por las aguas negras que metieron, porque antes no estaba así el agua, se veía toda transparente, limpia- dice Guerrero, quien señala que nadie les hace caso.

Recuerda que dentro del programa Prospera se contemplaba la limpieza de la laguna, pero el actual gobierno federal abandonó todo. Los peces muertos se han acumulado en una de las orillas adonde las corrientes los han llevado y son entre 50 y 100 los cuerpos que se pudren ahí. Vicenta dice que eran más pero que alguien los retiró, hace un mes, pero los peces siguen muriendo debido a la alta contaminación.

Paradójicamente, fueron la Fundación Coca-Cola (FCC) y Coca-Cola FEMSA, las que limpiaron las aguas hasta el 8 de octubre de 2018 y en esa jornada retiraron 5 toneladas y media de basura: vidrio, madera y plástico, por mencionar algunos. Pero la realidad es que a Salazar la están matando las aguas negras que ahora descargan ahí y que esto no es nuevo. En 2018, justamente, se había reportado ya la muerte de patos y de otros animales.

-Uno de los temas fundamentales fue la situación de las aguas negras. Hay personas de la zona que son de Acazulco y muy pocas son de Lerma. Los de Acazulco conectan el drenaje a un canal que está en la parte sur de la laguna, cuya área se afecta ya- dice quien se identifica como Alex Williams en redes sociales, y quien ha denunciado la contaminación del lago.
En pocas palabras, las aguas negras que llegan a la laguna provienen de Acazulco.

El “factor invisible” de los fraccionadores

Pero Salazar no enfrenta nada más el problema de la contaminación. Porque en ese lugar el agua no es la riqueza principal, sino las tierras y ahí sucede lo mismo que en territorios que tienen algo de valor para extraer. En Salazar lo que hay es un enorme espacio atravesador por la carretera federal México-Toluca, y que forma parte del proyecto transexenal México 2030, un plan impulsado desde el gobierno del presidente Felipe Calderón y que se disfraza de una agenda dedicada al cuidado del medio ambiente, por lo menos eso dice en público. En realidad, lo es, pero a costa del despojo de propiedades a los pueblos originarios. En el caso de Salazar, forma parte de un corredor que será industrializado y fraccionado para construir casas de alta plusvalía, y que contempla zonas boscosas de Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela, y otras comunidades de Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc y Xonacatlán, entre otros. Sus áreas naturales se encuentran bajo asedio de fraccionadores, minas de arena, talamontes, soldados y delincuencia organizada.

Y eso es lo que pasa en Salazar, cuya superficie es de 218 hectáreas, aproximadamente. El depósito reciente de aguas negras no es casualidad. Es parte de un plan de despojo y desplazamiento.

En 2017 se inició un proceso jurídico para detener a compradores de tierras que intentaban hacerse de propiedades ahí. El 17 de agosto de ese año la sentencia en el juicio agrario 446/2005, evitaba que el pueblo de San Mateo Atarasquillo se posesionara de las tierras de Salazar y las vendiera a particulares, dueños de fraccionamientos, a los que les interesaban en especial 57 hectáreas. “Esas tierras fueron vendidas en 2014 por comuneros del poblado limítrofe de San Mateo Atarasquillo, que registró irregularmente 210 mil hectáreas que pertenecen a Salazar”, dice una nota de la reportera Silvia Chávez, en mayo de 2019.

La comunidad organizada de Salazar denunció, en torno a este tema, que “mediante encarcelamientos, allanamientos, despojo, estado de sitio, hostigamiento, daño psicológico y moral, amenazas, criminalización, difamación y ruptura del tejido comunitario, empresarios, políticos y artistas entre otros, intentan apropiarse de nuestras tierras. Señalamos y denunciamos a Mario Alberto de León Venegas, representante de los particulares, quien el 30 de septiembre del 2016, llegó con otras personas, a invadir la parcela de nuestro compañero hoy preso Miguel Ángel Vilchis García. Así mismo, lo acompañaban tres policías municipales y estatales vestidos de civil y armados, quienes dispararon en contra de los habitantes de nuestra comunidad. Producto de lo anterior, interpusimos una denuncia penal por los delitos de disparo de arma de fuego y ataque peligroso; y daño en bienes. El número de la carpeta de investigación NUC: LER/TOL/054/068621/16/09 y NIC: TOL/LER/00/MPI/076/00826/16/09, que a la fecha el Ministerio Público a cargo del Agente de la FGJEM I Emmanuel Cerezo Murillo, no ha realizado mayor actuación denotando con ello omisión en la integración de la averiguación”.

El 31 de agosto de 2017 un operativo policiaco cayó encima de Salazar y mil 500 militares y policías allanaron las casas y dispararon dentro de ellas; “saquearon, destruyeron mobiliario; y sacaron desnudas y descalzas a nuestras compañeras: Beatriz Pérez Flores, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio; y en las mismas condiciones, sacaron de sus domicilios a Miguel Ángel Vilchis García, Cutberto Vilchis García (representante comunal), Fermín Esquivel Rojas, Francisco Miguel Ceballos Vargas y Miguel Ángel Vilchis Zarza. […] Se les vinculó injustamente a proceso con medida cautelar excesiva de prisión bajo el número de carpeta 1146/2017”.

Dos años estuvieron presos, hasta que fueron liberados por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y aunque se garantizó la libertad de ellos y el respeto a las tierras, Salazar no ha podido salir del interés de quienes buscan quedarse con los terrenos.

Fotografía: Ramsés Mercado.

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